Más de 240 parlamentarios de 12 países de Latinoamérica manifestaron su apoyo pleno a la investigación de la Corte Penal Internacional sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.
El grupo de legisladores considera que la represión y persecución sistemática contra los venezolanos continúa de forma alarmante.
Esta situación, señaló, ha quedado evidenciada con las detenciones arbitrarias y la persecución contra miembros y directivos de partidos políticos, sindicalistas, abogados, periodistas, defensores y activistas de derechos humanos o personas que se manifiestan pacíficamente en contra del gobierno chavista.
«Apoyamos plenamente las Investigaciones que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lleva a cabo actualmente, en virtud del Estatuto de Roma, sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano para exigir la responsabilidad a sus autores», expresaron los parlamentarios de Argentina, Bolivia, Chile, Cota Rica, Colombia, Guatemala, México, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay en un comunicado.
243 PARLAMENTARIOS DE LATINOAMÉRICA respaldamos e impulsamos las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen del gobierno venezolano, para exigir la responsabilidad de sus autores 🇻🇪 pic.twitter.com/k24qFat17T
— DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) March 27, 2024
El régimen no pudo parar la investigación
La Corte Penal Internacional negó el primero de marzo la apelación del gobierno de Nicolás Maduro que pretendía impedir la investigación, por lo que se reanudó el proceso.
«La decisión de la Sala de Apelaciones que dictaré es: adoptado por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada», declaró Marc Perrin De Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI.
Los jueces recordaron que el fiscal Karim Khan no está en la obligación de notificar al Estado venezolano de todos los actos que pretende investigar, especialmente aquellos que cubren un gran número de presuntos actos criminales.
De Brichambaut dijo asimismo que la Sala de Apelaciones no encontró que en las actuaciones relativas a presuntos actos de torturas o tratos crueles e inhumanos, vinculados al arresto o a la detención, no se demuestra que se haya llevado a cabo alguna investigación por parte de las autoridades competentes.
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