Con la excepción del movimiento Soy Venezuela, no hubo divergencias sustanciales en los otros partidos de oposición respecto a la negociación de República Dominicana. Específicamente de Henri Falcón solo recuerdo el reiterado reclamo de no haber sido tomado en cuenta y de que el G4 se arrogara el derecho de actuar ignorando a los integrantes minoritarios de la MUD. Recordemos también que una vez que los representantes de la oposición se retiraron de las conversaciones, precisamente por la negativa del gobierno a ceder a sus propuestas, coincidentes por cierto con el documento por los cancilleres acompañantes de ambas partes, fue dirigida una carta al presidente Maduro firmada por los distintos partidos, entre ellos Avanzada Progresista, en el cual se puntualizan las condiciones electorales mínimas exigidas, que resumidamente consistían en la elaboración de un cronograma electoral con margen suficiente para garantizar, construir y difundir adecuadamente las ofertas electorales; permitir la constitución de una misión de observación internacional que verificara todo el proceso; la designación de un CNE equilibrado que garantizara transparencia e imparcialidad; acceso equilibrado a los medios y suspensión de la inhabilitación de partidos políticos y líderes, además de asuntos operativos diversos. Muchos de los cuales en la práctica han sido letra muerta.
La respuesta esperable a la evidencia de la irrevocable decisión gubernamental de impedir esas condiciones que los obligaban a medirse competitivamente era la negativa a participar. El tradicional ventajismo con que había actuado siempre el CNE fue llevado al absurdo en las elecciones de la asamblea nacional constituyente y se multiplicaron con renovada violencia las trampas tradicionales en las elecciones de gobernadores y alcaldes. No se puede dejar de recalcar el impune desconocimiento de los resultados electorales del estado Bolívar y el fraude denunciado por Smartmatic.
Para rebatir el axioma de la conveniencia de participar en cualquier proceso electoral no importa su naturaleza, traigo a colación por ilustrativa la argumentación de Benigno Alarcón, quien en artículo reciente en la revista Politika UCAB sostiene que los procesos electorales sirven tanto para democratizar como para autocratizar mediante la legitimación a los regímenes autoritarios. En aquellos casos en los que un régimen autoritario controla a su capricho las condiciones y el sistema electoral, suele suceder que para reducir la incertidumbre sobre los resultados mucha gente termina votando, mas no eligiendo, con lo cual legitiman el régimen. Esas son precisamente las características de las actuales elecciones presidenciales en Venezuela, por lo que no se trata, como se quiere hacer creer, de que votar por Falcón es la opción correcta para salir de Maduro. Creería más bien que al decidir lanzar su candidatura con las condiciones electorales impuestas Falcón prioriza su posicionamiento en el liderazgo opositor, legitimando de paso un proceso abiertamente fraudulento sin posibilidades de éxito. Lamentablemente, la confusión se ve favorecida por el inexplicable silencio de los otros partidos.
En momentos tan difíciles para la oposición, cuando es imperativa la búsqueda de puntos de acuerdo para salir de esta profunda crisis que nos aqueja, nos sorprende la reciente y sórdida noticia de que un grupo de parlamentarios de UNT, encabezados por Timoteo Zambrano, se separan de su partido y de la MUD para incorporarse al movimiento ProCiudadanos de Leocenis García, un extraño personaje proveniente de un oscuro periodismo que se las ha visto varias veces con la justicia y la cárcel. Sobre intenciones y características de esta jugada recomiendo la lectura del artículo de la destacada periodista Sebastiana Barráez publicado el viernes pasado en el semanario Quinto Día.
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