En las esquinas de un sector de Bogotá, escuadrones de militares retirados armados y vestidos de camuflado vigilan cada movimiento. Financiados por comerciantes cansados de la inseguridad, estos escuadrones reviven el fantasma de los antiguos paramilitares que sembraron terror en Colombia.
Los centinelas, con gorras de calaveras y botas al estilo militar, se niegan a identificarse ante las cámaras. Dicen que trabajan con el Gaula, un cuerpo de la fuerza pública contra el secuestro y la extorsión.
«Estamos nosotros montando seguridad, aquí hay gente armada pero con la ley. No somos ilegales, somos militares pensionados y el comercio nos está pagando», afirma uno de ellos.
Pero funcionarios del Gaula negaron cualquier vínculo entre la institución y este grupo de seguridad que la AFP observó desde enero en el sector 7 de Agosto de la capital colombiana.
«Los civiles no tienen ningún tipo de responsabilidad» en la lucha contra la extorsión, aseguró el coronel Cristian Caballero, comandante del Gaula Militar en Bogotá. Sus hombres «siempre» operan «plenamente identificados», agregó. En la misma línea respondió el coronel Carlos Tellez, jefe del Gaula de la Policía.
Como en Perú, Ecuador y México, la extorsión azota a Colombia.
«Bogotá está insegura»
Bogotá, urbe de 8 millones de habitantes, vive en el inicio de 2024 una ola de inseguridad marcada por robos masivos en comercios, actos de sicarios y tiroteos.
«No es un tema de percepción. Bogotá está insegura», dijo recientemente el alcalde, Carlos Fernando Galán, ante la ausencia de estadísticas oficiales de delitos para 2024.
Durante el conflicto armado que dejó más de nueve millones de víctimas en seis décadas, en varias regiones de Colombia se crearon asociaciones de autodefensas para combatir las guerrillas.
Esos grupos se convirtieron en sangrientos escuadrones de ultraderecha que cometieron 1.166 masacres entre 1980 y 2012, a veces aliados con policías y militares, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, estatal. La mayoría se desmovilizaron en 2006.
Salario para «neutralizar» sospechosos
En la primera semana del año un vendedor del 7 de Agosto, famoso por sus talleres de mecánica, fue tiroteado al negarse a pagar una extorsión. Según sus colegas, fue víctima de los Satanás, un grupo de delincuentes al mando de un criminal venezolano con el mismo alias.
Los Satanás forman parte de un mapa criminal identificado por investigadores en Bogotá.
La Defensoría del Pueblo alertó el 27 de febrero que la ciudad es epicentro de una disputa entre el Tren de Aragua -organización nacida en Venezuela que crece sin freno por el continente- y el Clan del Golfo, el principal cartel del narcotráfico en Colombia.
Ante el temor que impera, un vendedor de repuestos para automóviles del 7 de Agosto ahora lleva una pistola, pues los criminales «vienen, llaman a la gente de los locales, les exigen plata y si no (les pagan)» dicen «que los matan», explica bajo condición de anonimato.
En el sector grandes carteles se levantan con el lema «¡Yo no pago, yo denuncio!».
Los testimonios recabados por la AFP dan cuenta del miedo que llevó a los comerciantes a financiar un nuevo grupo de autodefensa contra este delito. «Nosotros les pagamos», afirmó uno de ellos, que no quiso ser identificado.
Por un salario mensual de 1.000 dólares
Un militar retirado que trabajó para la controvertida compañía estadounidense Blackwater, señalada de contratar mercenarios, fue invitado a formar parte del grupo de autodefensa en el 7 de Agosto, pero no aceptó.
Sin revelar su nombre, cuenta a la AFP los términos de la oferta laboral que recibió: por un salario mensual de unos 1.000 dólares debía «neutralizar» a cualquier sospechoso «e inmediatamente presentarlo a las autoridades para que ellos queden con el positivo [mérito] y nosotros seguir al margen para que eso no se vuelva un escándalo mediático».
Uno de los exmilitares que sí aceptó sumarse al grupo de autodefensa ratifica: «Si hay algo anormal llamamos (a la fuerza pública) y los motorizados» de la policía llegan «y los individualizan».
Consultada por la AFP, la Policía Metropolitana de Bogotá no respondió a estas denuncias.
«Derecho a defenderse»
El presidente Gustavo Petro es blanco de críticas por dialogar con la guerrilla del ELN y grupos disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 y por la falta de acción de la fuerza pública ante el deterioro de la seguridad.
Para Isaac Morales, experto de la Fundación Paz y Reconciliación, la cooperación con civiles es una «respuesta desesperada» de la policía. Es un «riesgo grande» que podría «abrir una caja de Pandora» en la capital de un país que a finales de los 1990 conoció la peor cara del paramilitarismo.
Algunos concejales del partido derechista Centro Democrático promueven la flexibilización de la portación de armas en Bogotá, argumentando que los ciudadanos tienen «derecho a defenderse».
Y el comandante de la policía local, José Gualdrón, anunció que centenares de taxistas, motociclistas y empresas privadas de seguridad formarán parte de una «red de apoyo» a la fuerza pública llamada «frentes de seguridad».
La sensación de desprotección se extiende por el país y según la encuestadora Invamer es una de las principales preocupaciones de los colombianos.
Inquieto ante el poder de grupos armados en los campos, el principal líder ganadero, José Félix Lafaurie, propuso el 4 de marzo crear «frentes de seguridad», grupos de vecinos organizados para colaborar con la fuerza pública.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que el gobierno no respalda ningún proyecto que tenga forma de autodefensa o «que vincule a los particulares en una organización de reacción».
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