Andrés Velásquez, presidente del partido La Causa R, denunció este sábado el allanamiento de seis viviendas pertenecientes a dirigentes de la tolda política en Maturín. Así lo denunció a través de su cuenta de X (@AndresVelasqz).
Entre las viviendas allanadas está la del secretario general, Pablo Morillo. ‘»El acoso, persecución, censura, judicialización y todo tipo de arbitrariedades, son parte de la agenda fraudulenta de Maduro», expresó Velásquez.
Captura de pantalla
Esta arremetida de las fuerzas de seguridad se suma al arresto de Whillfer Piña y Renzo Flores, miembros de La Causa R (@LaCausaRVe).
Tamara Suju, abogada defensora de Derechos Humanos, denunció que «continúa la represión de Maduro» a través de su cuenta de X.
Sigue vigente la persecución
En los últimos años, Venezuela ha experimentado un recrudecimiento de la persecución a la disidencia política. El gobierno de Nicolás Maduro ha implementado una serie de estrategias para silenciar cualquier voz crítica.
Estas acciones incluyen las detenciones arbitrarias. Activistas, periodistas, líderes políticos y ciudadanos comunes son arrestados. También encarcelados sin el debido proceso legal. Muchos de ellos son torturados o sometidos a tratos crueles e inhumanos.
Las fuerzas de seguridad del Estado han utilizado la violencia y la intimidación para disolver protestas pacíficas y acallar las voces críticas. Los disidentes son constantemente vigilados, amenazados y hostigados.
Por su parte, el gobierno ha impuesto una serie de medidas para controlar la información y limitar la libertad de expresión. Se han cerrado medios de comunicación independientes, se ha bloqueado el acceso a internet y se ha restringido el derecho a la protesta.
Consecuencias
La persecución a la disidencia ha tenido un impacto devastador en la sociedad venezolana. Ha generado un clima de miedo y autocensura, ha limitado el espacio para la participación política y ha contribuido al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.
Organizaciones internacionales como la ONU y la CIDH han condenado la persecución a la disidencia en Venezuela y han exigido al gobierno que ponga fin a estas prácticas.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de presionar al gobierno de Maduro para que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos.
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