La Presidencia de la Corte Penal Internacional (CPI) ratificó este miércoles a las juezas Reine Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera en la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
De acuerdo con información publicada en la página web de la CPI, los casos que adelanta la CPI sobre Venezuela -Venezuela I y Venezuela II- serán asignados a la Sala de Cuestiones Preliminares I, que estará integrada por las magistradas.
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Además, se nombró a Iulia Motoc, en reemplazo del juez saliente Péter Kovács, para formar parte del grupo de juezas.
¿Quién es Reine Alapini-Gansou?
Nació en Benin, país de habla francesa del oeste de África. Fue admitida en el Colegio de Abogados de Benin en 1986. También es miembro del Colegio de Abogados Penal Internacional.
Antes de unirse a la CPI en 2018, pasó 12 años en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), y como Relatora Especial sobre defensores en África (2005- 2009 y 2012 -2017).
Ha sido miembro de varias comisiones de investigación de las Naciones Unidas sobre violaciones de derechos humanos y presidió el grupo de trabajo conjunto sobre procedimientos especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Africana de derechos humanos y de los pueblos. En 2011 fue nombrada jueza de la Corte Permanente de Arbitraje.
Autora o coautora de varias publicaciones, ha sido profesora en la Universidad de Abomey – Calavi, en Benin. Tiene un título de posgrado conjunto (DEA) de las Universidades de Maastricht (Países Bajos), Lomé (Togo) y Bután, así como un título universitario en Derecho común de la Universidad de Lyon 3 (Francia). También obtuvo una Maestría en Derecho Empresarial y Carrera Judicial de la Universidad Nacional de Benin.
¿Quién es Socorro Flores Liera?
Nació en México. Estudió derecho en la Universidad Iberoamericana y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en derecho internacional público.
Antes de unirse a la CPI, la Juez Socorro Flores Liera tuvo una distinguida carrera en el Servicio Exterior de México, ocupando varios puestos de alto nivel, el más reciente (2017-2021) como Representante Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales. Organizaciones con sede en Ginebra. Entre otras funciones, se desempeñó como Vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos para el año 2020.
Como miembro de la delegación mexicana, el juez Flores Liera estuvo estrechamente involucrado en el proceso que condujo a la creación de la Corte Penal Internacional desde 1995, en particular incluyendo las negociaciones que llevaron al Estatuto de Roma y a la adopción de los Elementos de los Crímenes y las Reglas. de Procedimiento y Prueba. Posteriormente se desempeñó como la primera Jefa de la Oficina de Enlace de la Corte ante las Naciones Unidas en Nueva York, coordinando los contactos entre las dos organizaciones.
La jueza Flores Liera se desempeñó como abogada defensora de México en el proceso iniciado ante la Corte Internacional de Justicia en el caso «Avena» (México vs. Estados Unidos). Ha participado en la negociación de varios instrumentos internacionales en el campo del derecho internacional público y se desempeñó como Presidenta del Comité de Redacción de la 33ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
¿Quién es Iulia Motoc?
Nació en Rumania. tiene un LLB por la Universidad de Bucarest (1989), una maestría (1991) y un doctorado en Derecho Internacional por la Universidad Paul Cezanne, Aix-Marseille III (1996).
Antes de incorporarse a la CPI, la jueza Iulia Motoc fue jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, 2013-2023) y profesora de Derecho Internacional. El juez Motoc se desempeñó como Relator Especial de la ONU para la República Democrática del Congo y reportó crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El juez Motoc es miembro del Institut de Droit International.
Como juez del Tribunal Constitucional de Rumania y juez del TEDH, el juez Motoc se ocupó de casos graves y complejos que incluían corrupción y violencia sexual, genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, en casos como Drelingas contra Lituania y casos interestatales como el Ucrania y Países Bajos contra Rusia o Chiragov y otros contra Armenia y Sargsyan contra Azerbaiyán.
El juez Motoc tiene amplia experiencia en diversos sistemas legales. Fue miembro y vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU que examina el derecho a la vida, las desapariciones forzadas y otras violaciones masivas de los derechos humanos que también son competencia de la Corte Penal Internacional. Fue miembro y presidenta de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU. Co-redactó el Informe de la ONU sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y las Directrices de la ONU sobre la pobreza extrema.
Investigación sobre Venezuela
A precipicio de marzo, la Corte Penal Internacional negó la apelación del gobierno de Nicolás Maduro que pretendía impedir la investigación por los crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron en Venezuela.
«La decisión de la Sala de Apelaciones que dictaré es: adoptado por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada», declaró Marc Perrin De Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI.
Los jueces recordaron que el fiscal Karim Khan no está en la obligación de notificar al Estado venezolano de todos los actos que pretende investigar, especialmente aquellos que cubren un gran número de presuntos actos criminales.
Afirmaron que la decisión de la CPI es «de enorme trascendencia» para las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos en el país.
En su escrito de apelación, Venezuela enfocó seis motivos para fundamentar su solicitud, en la que aseguró que el país nunca han ocurrido crímenes de lesa humanidad, sino «un puñado de incidentes» que supuestamente las autoridades venezolanas ya están investigando, por lo que considera que no es necesaria la intervención de la justicia internacional.
La Corte Penal Internacional, sin embargo, ha detectado que los procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance y ha destacado que hay períodos de inactividad inexplicables en la presunta «búsqueda de justicia».
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