Amelia Pérez Parra, una de las candidatas a ser la próxima fiscal general de Colombia, presentó este martes su «renuncia con carácter irrevocable», horas antes de que la Corte Suprema de Justicia se reúna nuevamente para votar entre las tres -ahora dos- mujeres ternadas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para el puesto.
En una carta dirigida al presidente de la Corte, Gerson Chaverra, Pérez presentó la renuncia, en la que afirma que la decisión que tienen que tomar los magistrados para nombrar un sustituto en el cargo de Francisco Barbosa, cuyo mandato terminó hace un mes, está «interferida» por «factores extraños a una tranquila y pacífica elección», que se han visto «atravesados por episodios perturbadores».
Pérez, una fiscal con gran trayectoria y que tuvo que huir del país por verse amenazada por casos de paramilitarismo o de masacres que investigaba, asegura en la carta que se han vertido opiniones en su contra y por ello renuncia por «dignidad».
En las últimas semanas, en un par de votaciones en las que fue la candidata con más votos -pero no los 16 necesarios para ser elegida como nueva fiscal- empezaron a destacarse las opiniones vertidas por su esposo, que defiende a Petro, en redes sociales con el fin de ser desacreditada para el puesto.
Su renuncia le deja la carrera libre a Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo Garzón, las otras dos candidatas propuestas por Petro en la primera lista que solo incluye a mujeres para el puesto de fiscal general del país.
La nueva votación
La pasada semana, tras un cuarto día de votaciones de los 23 magistrados de la Corte Suprema sin lograr los 16 votos necesarios, Chaverra convocó una «reunión extraordinaria» para hacer hoy un nuevo intento.
En la última votación ya despuntó Buitrago, tras las desacreditaciones a Pérez, y podría ser la que hoy, con esta renuncia, logre los votos necesarios.
Buitrago, de 60 años, es abogada y doctora especializada en justicia penal, con larga trayectoria en la Fiscalía, donde llevó casos como el de la toma y la retoma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19 en 1985, un caso judicial que estuvo años empantanado y con acusaciones de encubrimientos de los desaparecidos que las Fuerzas Militares hicieron durante la retoma.
Así, Buitrago investigó a los generales Jesús Armando Arias Cabrales, ahora en prisión, e Iván Ramírez, y al coronel Alfonso Plazas, y por ello sufrió presiones y señalamientos por parte de los militares.
Por esos años de liderar procesos difíciles, que incluyeron también el llevar al banquillo a Jorge Noguera, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), acusado de perseguir opositores y de crímenes políticos, por sus vínculos con paramilitares, en un momento en que la justicia recibía muchos presiones fue apodada la «fiscal de hierro».
En 2014 fue nombrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una de las fiscales que haría parte del grupo de expertos que investigó la desaparición forzada de 43 estudiantes en la Normal Rural de Ayotzinapa, en México, y también formó parte en 2022, nombrada por la ONU, de la investigación de violaciones de derechos humanos en Guatamela, comisión que presidió el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez.
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