La ONG Espacio Público documentó 15 casos y 41 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela en el mes de febrero, en el que periodistas y medios de comunicación fueron las principales víctimas de actos de intimidación y censura.
«En todo el mes contabilizamos 33 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, entre ellas al menos 17 periodistas y/o reporteros que ejercían su derecho a comunicar y mantener informada a la población», aseguró la organización no gubernamental.
Registraron también entre las víctimas a 6 medios de comunicación, 4 particulares y organizaciones de la sociedad civil o miembros de las mismas.
De los 19 victimarios, solo uno no estuvo directamente relacionado con el Estado o con el partido de gobierno; además, 8 instituciones públicas violentaron el derecho a la libertad de expresión, junto con 6 cuerpos de seguridad, 4 funcionarios del Estado y un grupo simpatizante del oficialismo, según la ONG.
Detención y desaparición de Rocío San Miguel
Espacio Público hizo referencia a la detención de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, el pasado 9 de febrero, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, junto a su hija.
«No se supo de su paradero sino de manera irregular más de 72 horas después de su detención, constituyendo así otro acto de desaparición forzada», aseguró la ONG.
El fiscal general Tarek William Saab informó sobre la detención de San Miguel dos días después en su cuenta de X por su presunta vinculación con el caso “brazalete blanco”, otra “conspiración” bajo investigación por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El equipo legal de San Miguel confirmó que hasta el 12 de febrero aún se desconocía la ubicación y estado de salud de la activista, así como de cinco de sus familiares, entre ellos su hija Miranda Díaz.
En la noche de ese día, San Miguel fue presentada junto con sus familiares ante el Tribunal Segundo contra Terrorismo, según un comunicado en X del Ministerio Público del día 13.
La Fiscalía solicitó medida de privación preventiva de libertad en contra de Rocío San Miguel por presuntos delitos de “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”, dice el comunicado. Al ciudadano Alejandro González de Canales (expareja de San Miguel) se le acusó de “revelación de secretos políticos y militares”, entre otros cargos.
A las otras cuatro personas familiares de San Miguel: Miranda Díaz San Miguel (hija), Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel Quigosos (hermano) y a Víctor Díaz Paruta, (padre de Miranda), les solicitaron medidas cautelares de presentación periódica ante tribunales.
Cierres y presión a medios
La organización no gubernamental señaló que funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el 2 de febrero el cierre de la emisora Onda 100.9 FM que operaba en Valencia, capital del estado Carabobo, convirtiéndose en el tercer cierre en menos de dos años que involucra a emisoras del Circuito Unión Radio en la entidad.
De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), esta emisora ya había recibido visitas previas de inspección por parte de la Conatel en 2023.
Las emisoras Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM y Clásicos 93.9 FM, todas de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas del estado Zulia, fueron cerradas el 23 de febrero por órdenes de una comisión de la Conatel que visitaba el estado, tras hacer “una revisión administrativa técnica”.
La emisora Ecos del Páramo 100.3 FM de Tuñame, municipio Urdaneta del estado Trujillo (oeste), cesó sus operaciones el 27 de febrero por órdenes del gobernador oficialista, Omar Márquez.
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