El informe de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 subraya la importancia crítica de contar con sistemas de justicia independientes y eficaces para luchar contra la corrupción. Donde estos sistemas se debilitan o son cooptados por intereses políticos y económicos suelen generarse crisis estructurales.
El análisis comparativo muestra que algunas democracias ocupan posiciones altas como Islandia (72), los Países Bajos (79), Suecia (82) y el Reino Unido (71), al igual que algunos Estados autoritarios como Irán (24), Rusia (26), Tayikistán (20) y Venezuela (13)— inician este año en niveles mínimos históricos, según la referencia de los casos documentados en el informe.
Tanto en democracias frágiles como Guatemala, donde tres gobiernos consecutivos han estado implicados en prácticas corruptas, como en regímenes como Rusia y Venezuela, la imparcialidad en la justicia tiene como corolario el incremento de la corrupción.
Actualmente, la situación en Venezuela es emblemática. Ocupa el antepenúltimo puesto en el índice global, con una puntuación de solo 13 sobre 100. La justicia venezolana se percibe como concentradora de poder y de riqueza en manos de pequeñas élites. Los contrapesos institucionales son frágiles y la rendición de cuentas no es suficientemente transparente. Como enfatiza Daniel Eriksson, director ejecutivo de Transparencia Internacional, la corrupción agrava la injusticia social, impactando principalmente a los más vulnerables.
Además de la conexión evidente entre el debilitamiento de los sistemas de justicia y la propagación de la corrupción, el informe resalta la necesidad de un enfoque global para abordar este problema. Se subraya la importancia de la independencia, transparencia y recursos adecuados de los órganos judiciales y las instituciones encargadas de aplicar la ley como pilares fundamentales para contener la corrupción. Ejemplos como la guerra de Rusia contra Ucrania ofrecen lecciones valiosas, ya que, a pesar de los desafíos inmensos, Ucrania logró mejorar su posición en el IPC durante 11 años consecutivos al implementar reformas judiciales significativas. Esto destaca la relevancia de medidas proactivas y reformas institucionales para contrarrestar la corrupción, incluso en situaciones de conflicto.
El informe también destaca casos específicos que muestran cómo la corrupción socava la capacidad institucional de los países para combatirla. El declive experimentado por Guatemala, atribuido a tres gobiernos consecutivos involucrados en prácticas corruptas, ilustra cómo la corrupción puede debilitar las instituciones judiciales y dejar al Estado sin la capacidad necesaria para abordar este problema. La implicación del Ministerio Público y el Poder Judicial en prácticas corruptas demuestra la urgente necesidad de proteger estas instituciones claves de la influencia política indebida, subrayando la importancia de salvaguardar la integridad de los sistemas de justicia para combatir eficazmente la corrupción.
El IPC 2023 confirma la grave crisis institucional que padecen muchos países para combatir este flagelo. El promedio global se mantiene estancado por 12 años y los avances son mínimos. La clave parece estar en la independencia y fortaleza de los sistemas judiciales.
Donde hay debilidad en la justicia, prospera la impunidad. Así lo demuestra la situación en naciones tan disímiles como Venezuela, Guatemala o Nigeria. La interferencia política, el incumplimiento del debido proceso y los estímulos económicos campean como características normalizadas en el sistema socio-político. En consecuencia, no es casualidad entonces que estos países ocupen los últimos lugares del ranking.
Revertir esta situación requiere restablecer la separación de poderes, empoderar instancias de control independientes y transparentes, garantizar elecciones transparentes y sincerar la administración de justicia. La tarea es monumental, pero sin ella Venezuela seguirá sumida en el atraso, la pobreza y la frustración de millones de ciudadanos.
@lidismendez369 visionvenezuela
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