La Corte Penal Internacional negó este viernes la apelación del gobierno de Nicolás Maduro que pretendía impedir la investigación por los crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron en Venezuela.
«La decisión de la Sala de Apelaciones que dictaré es: adoptado por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada», declaró Marc Perrin De Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI.
Los jueces recordaron que el fiscal Karim Khan no está en la obligación de notificar al Estado venezolano de todos los actos que pretende investigar, especialmente aquellos que cubren un gran número de presuntos actos criminales.
Captura de pantalla / Corte Penal Internacional
«Jueces de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional confirman por unanimidad sentencia del 27 de junio 2023 que autorizó al Fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación. La investigación por crímenes de lesa humanidad sigue», informó la organización no gubernamental Provea.
«Aplaudimos esta decisión contra crímenes cometidos por la dictadura de Maduro y reconocemos su relevancia ante una nueva ola de persecución hacia personas defensoras de derechos humanos en Venezuela y el cierre del espacio cívico», manifestaron la Federación Internacional por los Derechos Humanos y Provea.
Afirmaron que la decisión de la CPI es «de enorme trascendencia» para las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos en el país.
En su escrito de apelación, Venezuela enfocó seis motivos para fundamentar su solicitud, en la que aseguró que el país nunca han ocurrido crímenes de lesa humanidad, sino «un puñado de incidentes» que supuestamente las autoridades venezolanas ya están investigando, por lo que considera que no es necesaria la intervención de la justicia internacional.
La Corte Penal Internacional, sin embargo, ha detectado que los procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance y ha destacado que hay períodos de inactividad inexplicables en la presunta «búsqueda de justicia».
Marc Perrin De Brichambaut dijo asimismo que la Sala de Apelaciones no encontró que en las actuaciones relativas a presuntos actos de torturas o tratos crueles e inhumanos, vinculados al arresto o a la detención, no se demuestra que se haya llevado a cabo alguna investigación por parte de las autoridades competentes.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional notificó el 16 de diciembre de 2021 a todos los Estados partes su decisión de iniciar una investigación en la situación de Venezuela.
El 16 de abril de 2022, la Fiscalía recibió de Venezuela una solicitud a efectos de que se inhibiera su investigación con base en que Venezuela está supuestamente investigando a sus ciudadanos en relación con los presuntos actos punibles.
El 4 de diciembre de 2022, la Fiscalía presentó una solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares en la que pedía autorización para reanudar su investigación sobre Venezuela.
El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares dictó decisión impugnada por la que autorizaba al fiscal a reanudar la investigación en la situación de Venezuela.
El 3 de abril de 2023, Venezuela presentó su notificación de apelación y el 14 de agosto del mismo año interpuso su apelación contra la decisión impugnada. En el transcurso de este proceso la Sala de Apelaciones recibió presentaciones escritas del fiscal de la CPI y de la oficina del defensor público para las víctimas, así como observaciones de víctimas y del panel de expertos internacionales independientes de la Organización de los Estados Americanos.
El 7 y el 8 de noviembre de 2023, la Sala de Apelaciones celebró una audiencia en la que representantes de Venezuela, la Fiscalía y el defensor público de las víctimas efectuaron presentaciones orales con respecto a determinadas cuestiones identificadas por la Sala de Apelaciones.
En la Corte de Apelaciones estuvo presente una delegación del régimen socialista, encabezada por Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
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