El chavismo siempre ha tenido la capacidad de imponerle al país y a la oposición democrática su narrativa y caracterización de su régimen. En la construcción de esta situación ha tenido influencia su condición de ocupante del poder como su vocación dictatorial-totalitaria; pero también ha influido la diversidad del sector democrático, su subestimación de la importancia de la confrontación en ese terreno y cierta flojera intelectual.
Al respecto de lo anterior podríamos citar varios casos, pero interesa a la altura de los tiempos que corren privilegiar dos: caracterizar como “hegemonía comunicacional” la situación existente en el sistema de comunicación pública en el país; y continuar hablando de que existen varias oposiciones al régimen.
Asumir la narrativa chavista no es un acto baladí ni ausente de costos políticos en un mundo en el cual lo comunicacional es un aspecto fundamental. Aunado con lo anterior debe agregarse que el oficialismo, de manera reiterada, trata de crear una realidad paralela para disimular, maquillar su condición y el fracaso de su gestión de gobierno.
En Venezuela no existe una situación de hegemonía comunicacional de parte de quienes gobiernan si nos atenemos al significado original del concepto de origen gramsciano. Lo que existe es un monopolio comunicacional del Estado consecuencia de una política ilegal y agresiva en contra de la libertad de pensamiento, expresión, información, de propiedad de los medios independientes y privados que incluye el uso de diversos expedientes y fórmulas para apropiarse de los mismos, cuyo resultado es una situación de dominación y manipulación sectaria del sistema de comunicación pública.
La elección primaria del 22 de octubre operó como un asignador virtuoso de liderazgo y representatividad, dentro de las fuerzas democráticas, del mayoritario deseo nacional de cambio y demostró cuáles actores políticos están por el cambio político y son oposición real y no meros instrumentos del régimen para sus propósitos continuistas, expresada en esta ocasión en contribuir a impedir el ejercicio del derecho ciudadano a elegir libremente a sus mandatarios y en su silencio cómplice ante la reiterada violación de los derechos humanos.
Por lo tanto, puede concluirse que no es verdad la afirmación de que existen varias oposiciones y de que seguir hablando en ese sentido o de “oposición ad-hoc” le sirve a la narrativa del régimen para generar confusión tanto dentro del país (aunque aquí la voz de la calle y las encuestas serias reflejan que cada vez menos venezolanos se tragan ese cuento) y hacia la comunidad internacional, donde todavía hay cierto grado de confusión al respecto.
Es necesaria la elaboración de una narrativa compartida de la oposición democrática convocada en torno al objetivo de desplazar del poder a quienes hoy lo detentan para comunicar con firmeza quiénes son y cuál es su posicionamiento con relación a la situación nacional.
También lo es trabajar en función de congregar a su alrededor a todos los sectores políticos, sociales y ciudadanos en una gran agrupación unitaria (GANA) que logre convertir el sentimiento y el deseo nacional de cambio en una fuerza activa y organizada con capacidad de sortear las dificultades presentes en la lucha contra la dictadura mediante el aprovechamiento de las venideras elecciones presidenciales en aras de iniciar el proceso de cambio político.
Una digresión final, algunos nos preguntamos: ¿Qué intereses defienden los rectores del Consejo Nacional Electoral Aimée Nogal y Juan Carlos Delpino?
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