El Partido Comunista de Venezuela repudió este lunes las detenciones, que considera «arbitrarias», ejecutadas en las últimas semanas por organismos de seguridad del Estado contra ciudadanos que «ejercen actividades políticas públicas en oposición al actual Gobierno».
Según el PCV, dichas detenciones, entre las que destacó como una de las «más graves» la de la activista Rocío San Miguel, conllevan «graves vulneraciones a las garantías constitucionales, al no haber «permitido comunicación inmediata con su abogado y sin que, por varios días, existiera información cierta de su sitio de reclusión ni de su estado de salud».
La formación política subrayó que estas actuaciones contravienen lo establecido «expresamente en la expresamente en la Constitución de la República, en su artículo 44, numeral 2°».
Explicó que, más allá de las «profundas diferencias ideológicas y políticas del Partido Comunista con la ciudadana mencionada», para los comunistas venezolanos es «repudiable» toda privación de libertad «que vulnere las garantías constitucionales y legales que regulan el Estado de Derecho».
El PCV recordó que estás prácticas, que han sido «históricamente enfrentadas» por la formación, «se vienen aplicando contra dirigentes sindicales y trabajadores en general, por ejercer luchas laborales o denunciar hechos de corrupción».
Además, la formación comunista rechazó la decisión del gobierno de Nicolás Maduro, anunciada el pasado jueves, de suspender el funcionamiento en Venezuela de la oficina técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de expulsar del país a 13 de sus miembros.
A juicio del Partido Comunista, los argumentos esgrimidos para justificar la suspensión son «manipuladores» y carecen de «lógica jurídica y política».
Esa instancia de la ONU -señaló- da cuenta de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por los Estados y, «por tanto, no le corresponde opinar o actuar ante supuestas o reales denuncias de conspiración contra el Gobierno, las que sirven para justificar detenciones y amenazas contra todo aquel que cuestiona las políticas oficiales».
El PCV insistió en que, «con el cierre de la mencionada oficina», el Gobierno «pretende actuar con total impunidad en su persistente vulneración de los derechos fundamentales del pueblo trabajador en general y de todo aquel que le cuestione su conducta contraria a los preceptos constitucionales».
En este sentido, el partido alertó de que, «en medio de la actual agresiva escalada represiva y antidemocrática», se «utilizan» todas las instituciones del Estado «como instrumentos al servicio de la perpetuación en el poder de la actual élite gubernamental neoliberal y corrupta».
Ante esta situación, la formación instó al fiscal general, Tarek William Saab, a hacer cumplir las garantías constitucionales y a no validar y amparar las continuas violaciones al Estado de Derecho.
Los comunistas denunciaron que, con «el terror estatal», la cúpula del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pretende imponer un proceso electoral con reducida participación popular y sin opciones de alternabilidad en el poder.
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