Defiende Venezuela, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, expresó preocupación por el cese de las operaciones de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Caracas y advirtió sobre las posibles consecuencias de esta acción gubernamental.
El abogado Darrin Gibbs, miembro del equipo jurídico de Defiende Venezuela y profesor de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que esto dificultaría el seguimiento directo sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Una decisión con consecuencias
La organización dijo en un comunicado que este escenario plantea desafíos adicionales para la sociedad civil venezolana y destacó la importancia de mantener la vigilancia y la movilización para salvaguardar los principios fundamentales.
El abogado Ezequiel Monsalve, coordinador de litigio internacional de Defiende Venezuela, explicó que el cese de la oficina de la ONU en el país generaría cinco consecuencias:
Ausencia de asistencia técnica en derechos humanos para el Estado
Señaló que la cesación de operaciones de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU implica la falta de asistencia técnica especializada al Estado venezolano en materia de derechos humanos.
Esta ausencia puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, indicó.
Limitación en la protección de los derechos humanos de los venezolanos
La decisión también sugiere una potencial limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.
Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones de los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población, de acuerdo con el abogado.
Abandono de la agenda de conexión de la sociedad civil con los mecanismos de protección
Monsalve afirmó que también impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
La ausencia de esta conexión, indicó, podría debilitar la capacidad de la sociedad civil para abogar por sus derechos y participar activamente en la promoción de cambios significativos y repercute en la incidencia de los mecanismos hacia el Estado para la implementación de mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos.
Limitaciones en el acceso de los relatores de la ONU
Dijo asimismo que la decisión puede resultar en limitaciones significativas para el acceso de los relatores de la ONU al país. Esto dificultaría la evaluación objetiva de la situación de derechos humanos en Venezuela y afectaría la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones fundamentadas.
Limitación en el acceso a información objetiva y veraz para informes de recomendación
La falta de presencia de la oficina podría provocar limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones, advirtió el experto.
Agregó que este déficit de información confiable podría afectar la calidad de los análisis sobre la situación de derechos humanos en el país, lo cual obstaculizaría los esfuerzos para abordar las problemáticas existentes.
Defiende Venezuela afirmó en el comunicado: «Es crucial subrayar la importancia de restablecer canales de diálogo y cooperación para abordar los desafíos en materia de derechos humanos, garantizando así la protección integral de los ciudadanos y el respeto a los principios fundamentales».
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