Michael Healy fue el dirigente empresarial encarcelado el 21 de octubre de 2021, en medio de varias detenciones previas a las elecciones generales del 7 de noviembre de ese año, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo, y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales opositores en prisión o en el exilio. Ese era el ambiente.
Healy fue detenido por la Policía nicaragüense para ser investigado por presuntos delitos de lavado de dinero, propiedades y bienes que perjudican al Estado y a la sociedad nicaragüense, y por cometer actos que atentan contra la libertad, la soberanía, la autodeterminación. En mayo de 2022, el dirigente empresarial fue condenado a 13 años de prisión por el juez Ángel Jeancarlos Fernández González, titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal de Managua, por el delito de atentado contra la integridad nacional, solicitado por la Fiscalía.
Tras diversas presiones ejercidas desde ámbitos internacionales, Healy fue excarcelado y deportado a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, junto con otros 221 presos nicaragüenses. El remate por parte del régimen de Managua fue despiadado: todos fueron posteriormente privados de su nacionalidad y propiedades tras ser condenados por delitos considerados traición a la patria. Por si no fuera suficiente, el ya dictador Ortega calificó a los opositores encarcelados, juzgados y condenados de «traidores de la patria», «criminales» e «hijos de imperialistas yanquis», entre otras lindezas. Healy había sido elegido presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en septiembre de 2020 por un período de tres años, en sustitución del empresario José Adán Aguerri, quien también fue detenido, condenado, liberado, expulsado de Nicaragua y desnacionalizado por traición cuando fue arrestado.
Antes de asumir sus funciones en la patronal, Healy se consideró públicamente «una víctima más de la confiscación que este gobierno no ha dejado producir y crear empleos» y también dijo que «Nicaragua necesita personas que lideren un paso para lograr el cambio que nuestro país necesita». Podía haber sido esa persona. Sin embargo, al ostentar, simultáneamente al pasaporte nicaragüense, uno estadounidense, no podía con arreglo a la ley en vigor, presentar su candidatura a la presidencia de la República.
Healy pertenecía a una familia que se vio obligada a exiliarse una primera vez al triunfar la Revolución sandinista en 1979, volviendo a Nicaragua a raíz de la instauración de la democracia en 1990. A Healy le fue encomendada entonces la gestión de una de las fincas familiares. Todas ellas fueron confiscadas en 2018.
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