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Capriles: «Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de cambio de los venezolanos»

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El dirigente opositor Henrique Capriles reaccionó este viernes a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó su inhabilitación por 15 años para ejercer funciones públicas.

«Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de cambio de los venezolanos. El sueño de tener un país donde la Constitución y las leyes sean iguales y respetadas por todos. Donde el gobierno se ocupe de darle bienestar y calidad de vida a la gente. Donde llegar a viejo sea un premio y no un castigo. Una Venezuela para todos, democrática, donde tengan todos los venezolanos oportunidades, prosperidad, donde nadie se vaya y los que se fueron puedan regresar porque su país es tierra de bienestar», escribió Capriles en X.

El opositor expresó que hoy más que nunca, nada ni nadie puede sacar a los venezolanos de la ruta electoral y del ejercicio del derecho al voto.

«Hoy más que nunca, que nada ni nadie nos saque de la ruta electoral. Del ejercicio del derecho al voto. Que los venezolanos tengamos una alternativa que compita y pueda cambiar al peor gobierno de la historia. Siempre estaré del lado de los más vulnerables y de las soluciones. 2024 tiene que ser el año del pueblo venezolano. Este país siempre valdrá la pena», añadió.

El Tribunal Supremo de Justicia ratificó este viernes que el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles continúa inhabilitado por 15 años para ocupar cargos públicos, lo que le impide competir en elecciones.

Mediante una sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ, el Supremo explicó que la solicitud de revisión presentada por el exgobernador «no cumple con los requerimientos establecidos» en el acuerdo firmado entre el gobierno y la oposición para el estudio de estos casos.

El tribunal declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar introducida por la defensa de Capriles contra la sanción que le impuso la Contraloría General de la República y ratificó como firme la decisión en la que se le consideró responsable por «irregularidades administrativas» ocurridas durante su período como gobernador de Miranda.

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