El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) publicaron respectivos mensajes en sus redes sociales en los que rechazaron la orden de captura que emitió el lunes el Ministerio Público contra Sebastiana Barráez, acusada de estar vinculada a supuestos planes conspirativos.
En su cuenta de Twitter, el CNP consideró que la orden de detención es una repetición del librero “desde las altas esferas del poder para criminalizar el ejercicio periodístico”.
Mientras que el SNTP rechazó la criminalización de Barráez “y el sometimiento a la persecución judicial como medida para generar censura y atentar contra su libertad e integridad”.
“Barráez es una reconocida periodista que ha investigado las fuentes militar y frontera”, subrayó el sindicato en Twitter.
Tarek William Saab, fiscal general de la República, anunció también una orden de captura contra la defensora de derechos humanos Tamara Suju, así como Wender Villalobos, Norbey Marin y los militares retirados Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina.
Los delitos por los cuales se les está investigando son traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación.
Saab dijo que el pasado 16 de enero fue detenido en una zona rural cerca de la frontera en Táchira el exmilitar Angelo Heredia, quien tenía dos órdenes de aprehensión, una por la jurisdicción militar y otra por la jurisdicción civil.
Cuando las autoridades vaciaron el contenido de su teléfono celular descubrieron que estaba participando en un presunto plan para atacar la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano situado en Táchira, con el objetivo de hacerse con el parque de armas de este cuerpo castrense y luego atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal.
Las órdenes de captura ocurren en un momento en que el chavismo ha retomado sus ataques a las ONG por medio de un proyecto de ley que, desde la Asamblea Nacional 2020, podría conllevar a multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de sus donaciones.
El diputado y primer vicepresidente del partido gobernante PSUV, Diosdado Cabello, adelantó que la ley será muy severa y acusó a la mayoría de las ONG de conspirar.
Este lunes, un total de 236 organizaciones advirtieron que el proyecto de ley, cuya discusión fue retomada este mes por el Parlamento, representa una amenaza que socavaría la celebración de elecciones justas, seguras y libres, entre ellas las presidenciales de este año.
En un comunicado, aseguraron que el proyecto de ley plantea la supresión del espacio cívico y del derecho de asociación, un hecho que impacta profundamente en las condiciones para el próximo proceso electoral en el país, en referencia a las presidenciales, previstas para el segundo semestre, aún sin fecha definida.
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