Un tribunal peruano analiza este jueves, en una audiencia virtual, una petición del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) para que se anule la acusación fiscal que solicita que se le impongan 34 años de cárcel por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El Poder Judicial informó que la audiencia de tutela de derechos comenzará a las 15.30 horas (20.30 GMT) y ha sido solicitada por Castillo por considerar que se vulneró su derecho a ser informado de la imputación de los hechos que originaron el proceso que se le sigue por presunta rebelión.
Como parte de ese pedido de garantías, el exmandatario también plantea que se resuelva su solicitud de sobreseimiento (archivo) de la causa.
El caso será analizado por el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien previamente realizará una sesión virtual para evaluar otro pedido de Castillo sobre el control de plazo de la investigación preparatoria, establecido hasta el 11 de abril de 2024.
La Fiscalía de Perú solicitó el pasado viernes 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
Además, pidió 25 años de prisión, por el delito de rebelión, contra la entonces primera ministra, Betssy Chávez, quien se encuentra desde junio de 2022 en prisión preventiva por 18 meses.
También, una pena de 25 años de cárcel para los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, quienes ocupaban las carteras del Interior y Comercio Exterior, respectivamente, así como para tres altos oficiales de la Policía Nacional (PNP).
Finalmente, señaló que el ex primer ministro Aníbal Torres, quien por entonces era asesor del gobernante, debe recibir 15 años de cárcel por el delito de rebelión.
Castillo cumple una orden de prisión preventiva por 18 meses por los sucesos del fallido golpe de Estado, así como otros 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
El 7 de diciembre de 2022, el entonces gobernante anunció en un mensaje televisado el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que iba gobernar por decreto.
Sin embargo, poco después fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta, que lo entregó a la Policía Nacional.
Tras su destitución, el Congreso tomó juramento como jefa de Estado a Dina Boluarte, quien asumió el cargo por sucesión constitucional ya que era la vicepresidenta de Castillo.
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