Unos 1.500 colombianos presos en Ecuador serán repatriados, anunció el jueves el presidente Daniel Noboa, quien con apoyo de los militares busca tomar el control de penitenciarias bajo el poder de los grupos narcos que siembran terror en el país.
Colombia rechaza esa medida unilateral y sostiene que, en los hechos, esos repatriados quedarían en libertad.
Una veintena de organizaciones usan las prisiones como oficinas criminales desde donde gestionan el tráfico de droga y dirigen una de las peores arremetidas contra el Estado que a lo largo de cuatro días deja 16 muertos y 178 guardias y empleados penitenciarios retenidos por reclusos.
Según Noboa, la decisión responde al hacinamiento en las cárceles que tienen un exceso de unas 3.000 personas, aunque la medida cayó mal al gobierno de Colombia.
«Por eso estamos sacando a 1.500 colombianos y también necesitamos construir cárceles de máxima y de súper máxima seguridad», sostuvo el presidente de 36 años en entrevista con radio FM Mundo.
En un comunicado, Colombia rechazó la repatriación masiva y aseguró que se debe estudiar caso por caso y «contar con el consentimiento de la persona privada de libertad».
Pero Noboa, en el poder desde noviembre, asegura que la ley lo respalda.
«Debemos dejarlos en la frontera y sí hay acuerdos internacionales que lo soportan, y debemos de tomar una decisión urgente», sostuvo el mandatario de 36 años.
Con Bogotá «ya hemos estado en conversaciones por varias semanas, nos ampara nuestra ley y también acuerdos internacionales», insistió.
Para el gobierno izquierdista de Colombia, Noboa planea una «expulsión», lo que «constituiría una decisión unilateral del Estado ecuatoriano que dejaría sin efectos las decisiones judiciales de sus órganos de justicia en Colombia». Es decir, los presos quedarían en libertad del otro lado de la frontera.
Ecuador cuenta con 36 cárceles con capacidad para casi 30.200 personas.
Un censo penitenciario de 2022 estableció que había 31.300 presos, de los cuales 3.200 eran extranjeros.
Bandas criminales vinculadas a carteles de Colombia y México convirtieron las prisiones en campos de batalla, donde se enfrentan por el botín de la droga en choques que dejan más de 460 reclusos muertos desde 2021.
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