Sin contar con las de verano ni de las de Navidad de 2023, Pedro Sánchez ha disfrutado desde 2020 de al menos 88 días de vacaciones, con pequeñas excepciones de actos oficiales, en hasta 13 periodos distintos en palacios y quintas del Estado, en compañías que La Moncloa se niega a aclarar y con un coste para el contribuyente que tampoco quiere revelar, tal y como figura en la documentación oficial de la propia Presidencia a la que accedió El Debate.
El documento, que recoge todas las expediciones lúdicas de Sánchez hasta la primavera del año pasado, demuestra su querencia por tres destinos casi fijos en su agenda, todos ellos caracterizados por ubicarse en parajes excepcionales en los que luce especialmente el Patrimonio del Estado acumulado durante décadas. Y también su negativa a que se conozcan detalles clave sobre el uso de esos recursos públicos, como el coste de sus estancias y los invitados, ajenos a su actividad política, que pudo tener también con todos los gastos pagados.
A Pedro Sánchez le gusta veranear en el lujoso Palacio de La Mareta de Lanzarote, escaparse a Las Marismillas y celebrar las navidades en la finca toledana de Quintos de Mora.
Esos son los únicos detalles que Moncloa ha querido revelar acerca del uso que da el presidente del gobierno a las propiedades del Estado, pues se resiste a informar de con quién va y cuánto les cuesta a los españoles sus lujosas vacaciones cargadas al erario.
Esa es la principal conclusión que se puede obtener del documento oficial de la Secretaría General de Presidencia del gobierno, fechado el pasado 4 de diciembre y que obra en exclusiva en poder de este periódico. Ahora El Debate, a través de un documento oficial en el que, tras siete meses de espera, enumera la relación de las diferentes estancias de Sánchez, desde 2020, en unos inmuebles del Estado costeados por un dinero público que Moncloa sin embargo dice no poder cuantificar porque ello «comprometería el normal funcionamiento de los servicios».
Porque conocer así la finalidad de cada gasto y si el mismo es imputable total o parcialmente a las generosas estancias del presidente es un lujo para una Moncloa que no se caracteriza precisamente por su contención del gasto.
En concreto, Sánchez dividió las vacaciones de agosto de 2020, en plena pandemia, en sus dos destinos favoritos, La Mareta, el palacio que regaló del Rey Husein de Jordania a Don Juan Carlos I, y Las Marismillas en Doñana.
Ya en 2021, realizó dos escapadas de fin de semana a la toledana finca de Quintos de Mora en la localidad de Los Yébenes, para volver a disfrutar del grueso de sus vacaciones en Lanzarote, un destino que ha elegido de forma reiterada desde que llegó a la Presidencia del gobierno.
Estancias de Sánchez en inmuebles de titularidad pública diferentes a Moncloa desde enero de 2020
Además, ese mismo año celebró las navidades fuera de Moncloa. La Nochebuena la pasó en Quintos de Mora, algo que repetiría al año siguiente, mientras que recibió al Año Nuevo disfrutando de Doñana en Las Marismillas, donde el gobierno llegó a gastar 335.000 euros procedentes de los Fondos Europeos en adecuarlo a sus necesidades.
Sin embargo, al margen del listado facilitado, en el que aparecen también algunas estancias de carácter oficial como el encuentro con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la finca Quintos de Mora en mayo de 2022, o la Cumbre hispano-portuguesa celebrada en Lanzarote en marzo de este año, pocos datos más se conocen acerca de sus acompañantes.
Las compañías, asunto «privado»
De hecho, desde Moncloa se han negado a facilitar cualquier tipo de información sobre «ciudadanos privados» que hayan compartido estancia con el presidente del gobierno, pues a su juicio se trata de una «información de carácter privado» pese a que las residencias son públicas y como tales se financian a cuenta del dinero estatal.
Para justificarse, argumentan que «durante las estancias a las que se refiere esta solicitud el jefe del Ejecutivo traslada su «domicilio familiar», y la actividad que se desarrolla en el ámbito familiar corresponde a la esfera personal, no pública, por lo que este órgano no gestiona información alguna más allá de la que pudiera requerirse por motivos exclusivamente de seguridad».
Del mismo modo, la Presidencia del Gobierno tampoco ha explicado el coste que suponen para las arcas públicas las vacaciones presidenciales, bajo la excusa de que «determinar con exactitud el gasto imputable a cada una de las estancias anteriormente relacionadas requeriría de una acción previa de reelaboración, ya que sería necesario revisar toda la información económica de los periodos de tiempo directamente afectados, y de fechas inmediatamente anteriores y posteriores, en diferentes bases de datos, así como realizar consultas y peticiones de ampliación de la información registrada en diferentes departamentos, que comprometería el normal funcionamiento de los servicios».
Fragmento de la Resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno- Foto: Paula Andrade
De hecho, abundan en ello, dando a entender que supondría un trabajo extra, informar a los ciudadanos sobre tal coste, ya que «sería necesario revisar toda la documentación económica de contrataciones e indemnizaciones por razón de servicios, así como todas y cada una de las facturas abonadas en los periodos afectados y, en su caso, solicitar información adicional o aclaratoria a los departamentos afectados, así como a los distintos proveedores, para determinar la finalidad de cada gasto y así su imputación total o parcial a la estancia del presidente del gobierno«, lo que permite hacerse una idea de hasta qué punto se movilizan recursos para Sánchez.
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