Treinta hombres armados llegaron a la casa parroquial a bordo de camionetas Toyota, modelo Samurai, y algunas motos. Cada uno llevaba en sus guerreras, más abajo de sus hombros, una bandera en la que se leía la inscripción ELN, siglas de la agrupación guerrillera Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Primero, preguntaron por las armas. “En la casa de Dios no hay armas”, les dijo el cura, a quien luego sentaron y rodearon.
Entonces, como un Moisés de la guerrilla que revela las Tablas de la Ley, uno de ellos abrió una carpeta que contenía una hoja de papel con diez mandamientos escritos: “Te vamos a leer la cartilla para que vivas en paz y para que la iglesia permanezca aquí”.
El sacerdote, cuyo nombre no debe ser publicado por razones de seguridad, es la autoridad eclesiástica de ese poblado del estado Táchira, cercano a la frontera con Colombia. Fue a él a quien el ELN advirtió que, si “pecaba” e incumplía las normas establecidas por la guerrilla, desaparecería. Y no precisamente en el cielo.
La presente cobertura comprobó que otras autoridades de la Iglesia católica en la zona también han sido intimidadas por el ELN a través de la imposición de normas. Sin embargo, no son los únicos objetivos de la campaña de amenazas.
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Luego de más de 30 entrevistas con profesores, antiguas autoridades políticas, organizaciones locales, estudiantes y vecinos, todos habitantes de los municipios Delicias, Junín, Las Mesas, Seboruco, Ureña y San Antonio del estado Táchira, en los Andes venezolanos, así como del municipio Páez en Apure, en la región de Los Llanos, Armando.info verificó que se trata de zonas gobernadas en la práctica por el ELN, que se ha instalado allí desde hace más de una década y que, a partir del control armado, psicológico y físico, mantiene un régimen estricto sobre las comunidades, a las que dice mantener “en orden y protegidos”. Esto ocurre en un contexto de ausencia parcial del Estado y, en algunos casos, hasta con la complicidad de las autoridades oficiales sobre el terreno.
Por Claudia Smolansky
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