El ilotismo del siglo XXI en las sociedades indígenas latinoamericanas

I La anomia entre identidad y crisis: Venezuela como centro de vulneración de derechos humanos en América Latina

¿Cómo podemos enfrentar los desequilibrios políticos, económicos y ambientales sin profundizar las crisis migratorias y de exclusiones sociales y culturales? ¿Por qué en pleno siglo XXI se siguen violando los derechos humanos de las comunidades ancestrales y en destrucción del hábitat que les ha pertenecido históricamente? ¿Cuándo se podrán articular las políticas de producción agrícola, industrial y minera en atención con las áreas: educativas, asistenciales, culturales y geográficas?  ¿Cuándo habrá instrumentos jurídicos refrendados y vinculantes – efectivos y no efectistas – por las instituciones que integren los aspectos multi-étnicos y de diversidad cultural, para que éstos tengan similares proporciones de valoración humana en toda América Latina? ¿Por qué las orientaciones y distribuciones presupuestarias de las naciones que integran el continente latinoamericano carecen de uniformidad de criterios para tan vitales asignaciones?

En Venezuela, tenemos que las denuncias sobre el llamado “arco minero” ha destruido una parte importante del estado Bolívar, allí en pleno parque nacional “Canaima”, y espacio ancestral de grupos indígenas como los yanomamis, quienes han sido prácticamente desterrados de sus espacios históricos por los llamados garimpeiros (mineros ilegales provenientes de Brasil), así como grupos ilegales quienes serían protegidos incluso por fuerzas del Estado. Tal situación, no sólo demuestra la vulnerabilidad sobre la cual actúan semejantes grupos anárquicos, no sólo contra los indígenas, sino que arrasan contra el hábitat sin mínima norma de protección ambiental en su flora y fauna, lo que conlleva a la contaminación de inmensos territorios con mercurio, entre ellos manantiales y ríos. O sea, que el llamado pulmón vegetal del planeta está seriamente afectado tanto en su composición natural como humana; mientras que los colectivos criminales mantienen el control de áreas que deberían estar en protección del gobierno de turno a través de sus organizaciones ecológicas y, por supuesto, protección civil y militar; mientras el gobierno intenta disfrazar tales situaciones con un reclamo perdido sobre el Esequibo ante Guyana.

Una situación de esta magnitud, además complementa un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU – 2023) en que casi 7,2 millones de venezolanos han emigrado de la nación suramericana, entre varios aspectos por el agravamiento de la crisis económica, así como la vulneración de derechos humanos, también señalada por parte de la Corte Penal Internacional; es decir, que semejante cantidad poblacional abandonó su nación, precisamente por las condiciones de exclusión, fundamentalmente de órdenes político, económico y social; lo cual coloca a Venezuela, en una nación con amplios esquemas de deterioro en sus espacios de vida, tanto para los sectores urbanos, rurales e indígenas; y además obliga a replantear los actuales esquemas de gobierno como una de las mayores adversidades.

Pero no sólo es Venezuela, quien con su enorme emigración confronta problemas en los órdenes humanos y ambientales. Otras naciones como Colombia, Ecuador y Bolivia en el llamado eje de las naciones bolivarianas están severamente afectadas en sus condiciones de vida; especialmente los grupos originarios de estos países. Es decir, pareciera que América Latina sigue anclada con una clase política que tiene un pensamiento fósil que está centrado en que las soluciones de sus problemas sólo están en el eje de las grandes ciudades, y que los fenómenos como la pobreza, el (neo)analfabetismo, el empleo, la malnutrición, la deficiencia de los servicios públicos, serán resueltos mientras el tema de la educación y la producción industrial – ahora muy dependiente del desarrollo y nivel tecnológico -, desvinculados de temas como la conservación ambiental, y las idiosincrasias e identidades regionales de sus distintas comunidades, entre ellas, las indígenas, no son importantes en la elaboración de políticas públicas, y por ende, desde ese anclaje solo se ha fomentado la anomia y la destrucción de las sociedades desde las periferias – que deberían consolidarse en sus nomenclaturas geográficas, históricas, sociales y culturales – que aunadas con una avasallante tecnología en donde también han proliferado nuevos esquemas societarios, pues, de manera indisoluble los problemas al no ser resueltos desde las conciencias de los pueblos, desde las formas más esenciales del pensar, todo irá avanzando en una complejidad de mayores dificultades y adversidades sociales, y sobre todo con la praxis del extractivismo, como fuente generadora de recursos, mientras se destruye el hábitat de los indígenas

Lo cierto es que en el medio del aumento de los problemas sociales, nuestras comunidades indígenas multiplican sus problemas, sin obviar, los crecientes problemas con el conflicto territorial por el Esequibo entre Venezuela y Guyana, y sobre lo cual, el autor también ha venido planteando diversos esquemas para abordar una situación en donde los grupos kariña, yanomami, pemones, yekuanas, piaroas de grupos ancestrales venezolanos, y lokonos, caribes, makushi y similares son los más afectados en la zona guyanesa.  .

II Integrar la valoración de los problemas desde una planificación humana

Los países de América Latina no pueden seguir estableciendo sus planificaciones desde connotaciones estrictamente técnicas y pragmáticas. Vivas (2017) en la regeneración del pensar ha señalado que deben incorporarse en el pensar político, económico y social, lo que ha denominado el A-B-C-D-E de ese pensar.

Verbigracia, ¿Cómo podemos integrar la identidad, si no existe lo axiológico en el contexto de cada pueblo, de cada comunidad, y más aún que, esta valoración, aunque pudiera generalizarse desde ámbitos como lo jurídico, es también objeto de diferenciaciones de vida, sobre todo entre sociedades urbanas e indígenas? ¿Acaso, podríamos hablar de conservación ambiental y derechos humanos si lo biológico es excluido en las distintas políticas públicas, o sólo se habla de tal variable para el plano asistencial o de salud, y menos cuando ni siquiera se atiende a tal conceptualización en lo geográfico y sus relaciones con las formas de vida? ¿Se conformaría entronizar una sociedad diferente si la complejidad no es analizada en todas sus perspectivas posibles, máxime cuando ignoramos que somos un continente lleno de riquezas no sólo naturales, sino también históricas, pero que, al ser ignoradas, generan un enorme choque de contradicciones en el resurgimiento de nuestras identidades, que, por lo general, están relacionadas con hechos similares que posteriormente dieron origen a nuestras civilizaciones? ¿Adónde pretende un Estado sugerir desarrollo y bienestar social, cuando lo desconocido, ni siquiera se evalúa en la educación como un contexto permanente de aprendizaje, y menos en el resto de la institucionalidad y como espacio que consolide la formación humana, o sea, se planifica erróneamente como si todo se conociera para los espacios de políticas públicas y distribución presupuestaria? ¿Y los sentimientos? ¿Es posible que alguien se atreva a dimensionar el nivel de las crisis y los problemas en sus distintas facetas, cuando lo emocional, desde la alegría hasta la tristeza, pareciera que no son parte de nuestras entidades y grupos sociales? Eso es la regeneración del pensar. Y es sin duda, el mayor reto que acompaña la conformación de un continente distinto que cuando elabore sus estructuras políticas, administrativas y jurídicas con el propósito de generar una praxis distinta que contribuya a disminuir nuestros problemas, y no en lo que estamos presenciando, la multiplicación de éstos, y lógicamente, un aumento de todas esas complejidades que serían el eje central de un continente que debería brindar a sus grupos humanos y naturaleza, un sentido amplio y armónico de eudaimonia en todas sus naciones.

III Acabar con el ilotismo del siglo XXI en América Latina

Lo que está generando América Latina en la mayoría de sus naciones es un ilotismo porque no es posible concebir grupos indígenas desde la Patagonia argentina y chilena, el cómo los territorios mapuches siguen siendo vulnerados en sus más básicas concepciones humanas y sus derechos, pero que se extienden al resto de las comunidades indígenas de América Latina, que son en muchos casos desconocidos hasta en sus nombres por las propias sociedades urbanas de cada país, e incluso por las instituciones que conforman sus “Estados”.

Por ello, desde el A-B-C-D-E del pensar se pretende establecer una estructura distinta de planificación que no excluya ningún sector de cada sociedad que integra desde la más sencilla y básica de las comunidades, pero que, en muchos casos, la sumatoria de éstas conforma grandes grupos heterogéneos en todas sus condiciones de vida. Una planificación que oriente a los Estados en aquellos aspectos que originan exclusión porque solamente delimitan lo técnico como eje primordial en lo que consideran es el “bien” por cada uno de sus componentes humanos, desvinculando los aspectos esenciales de cada grupo social, incluyendo lo natural e histórico de cada hábitat.

En síntesis, se habla de “derechos humanos”, se firman convenios, y hasta se crean institutos burocráticos en el plano de cada gobierno – nacional, regional o local – sin que éstos conozcan que antes de defender tales sentidos de grupos de vida, estamos en presencia de la subyugación de millones de seres, porque las instituciones no se precian de conocer lo axiológico, lo biológico, lo complejo, lo desconocido y lo emocional de todos nuestros componentes societarios.

@vivassantanaj_