Mi participación en la política y, específicamente, como alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) está destinada principalmente a desterrar la corrupción (empezando por Odebrecht, OAS, y sus cómplices), combatir la desnutrición, la anemia, la falta de agua, la inseguridad ciudadana, la falta de educación de calidad y acceso a la salud, la falta de infraestructura, entre otros, que aquejan a nuestros hermanos más vulnerables de Lima Metropolitana.
Justamente, por desterrar la corrupción de la MML y reducir la enorme cantidad de empleados fantasmas o excedentes, eliminar consultorías innecesarias y todo pago relacionado con “publicidad” institucional, contamos, a la fecha, con grado de inversión AA y acceso al mercado de capitales, a largo plazo, por la suma de PEN 4.000 millones, que serán destinados a cubrir parte de la infraestructura necesaria para la MML.
Realmente me sorprende muchísimo seguir leyendo a periodistas y analistas que consideran a Odebrecht y a sus cómplices como “inversionistas”. Y, peor aún, persisten en tratar de incluir a la corrupta organización criminal Odebrecht y a sus cómplices dentro de un marco de “protección de inversiones”.
En el caso específico de Odebrecht debemos profundizar en varios aspectos. El primero es que la corrupta alcaldesa Villarán y sus dos gerentes municipales (ya sentenciados por corruptos) han reconocido públicamente haber recibido coimas para entregar las casetas de peaje de Emape a Odebrecht y pactar un incremento irracional del precio de los peajes. Un segundo aspecto a tener en cuenta es que los peajes obtenidos corruptamente afectan a varios millones de limeños que viven en zonas vulnerables y que están obligados, prácticamente, a pagar peaje por salir y entrar a sus casas. Un tercer hecho a considerar es que la MML está impedida, por su propio marco jurídico, de mantener vínculos contractuales, directos o indirectos, con empresas sentenciadas por corrupción, local e internacionalmente, que es precisamente la situación jurídica de la organización criminal Odebrecht.
Las empresas constructoras nacionales e internacionales honestas decidieron no participar como inversionistas, ni competir en concursos para realizar obras públicas en nuestro país debido a la nefasta presencia de Odebrecht y otras empresas brasileñas y peruanas corruptas, justamente porque consideraron que el poder de corrupción de este ilegal “club de la construcción” no garantizaba el derecho de competir limpia y transparentemente.
En el Perú existen muchas concesiones de vías de transporte completamente legales y válidas, que no se originaron en un acto jurídico corrupto y nulo. Los casos de corrupción de la alcaldesa Villarán y las organizaciones Odebrecht y OAS son únicos en la historia de la humanidad e, inclusive, de las diversas mitologías. Es la primera vez que una autoridad reconoce públicamente haber sido sobornada para favorecer a entes corruptos y permitir la violación de derechos fundamentales de poblaciones vulnerables.
Me extraña también que algunos periodistas y analistas no consideren en su evaluación económica financiera tres temas importantes. El primero es que, a inicios del 2023, era imposible emitir un bono en moneda nacional, con 20 años de plazo, debido al despilfarro de los ingresos de la MML. El segundo es que la emisión ya colocada, por PEN 1.200 millones, tiene cláusula de prepago. El tercer tema no considerado en su evaluación es el monto del costo de oportunidad social, al cuantificar las horas hombre perdidas debido a la falta de infraestructura vial en la MML.
La construcción de más de 60 puentes (“fly-overs”) en avenidas metropolitanas para crear Vías Rápidas en toda la MML, evitando semáforos e interferencias para el transporte público y privado, economizará millones de horas hombre que actualmente se están perdiendo, en desmedro de la economía y calidad de vida de millones de limeños. La ciudad de Lima vivirá una verdadera revolución que la situará al nivel de las grandes metrópolis del mundo.
Basta ya de periodismo que desinforma y apaña la corrupción. Reitero que la presencia de organizaciones corruptas hace mucho daño a nuestro país, pues, finalmente, los actos de corrupción hacen sufrir y vivir una situación de abuso y miseria a nuestros hermanos más vulnerables y desprotegidos. Los peruanos de bien exigimos que las organizaciones criminales, tipo Odebrecht u OAS, sean expulsadas y no operen más en nuestro Perú.
Rafael López Aliaga es alcalde de Lima
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú
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