En un país quebrado y sin condiciones, Maduro promete 500.000 viviendas

Existen proyectos de viviendas inconclusos en todo el territorio nacional, cientos de empresas que esperan el pago de obras ejecutadas y otras más invadidas. El pequeño y el mediano constructor se convirtieron en víctimas de la irresponsabilidad del Estado. Los grandes constructores abandonaron el país ante la paralización desde hace años de la industria de la construcción. Basta con ver en todos los estados del país la paralización de cientos de proyectos privados de construcción de viviendas. No existen políticas de financiamiento hipotecario en el sistema bancario nacional y mucho menos planes de subsidio o intereses preferenciales para la adquisición, reparación o remodelación de viviendas.

Vimos con asombro cómo el Sr. Maduro el día 7 de diciembre anunciaba en un programa de televisión la aprobación de recursos para la construcción de 500.000 viviendas para el año 2024 y alardeó en cámara, con su famoso “Aprobado”, todos los recursos necesarios para el proyecto. Esta estrafalaria e incumplible, última oferta electoral anticipada del Ejecutivo, denota la política sin fundamento, efectista y espasmódica en esta materia, que se le sigue aplicando al pueblo empobrecido de Venezuela.

Si fuera un reto de un gobierno serio, organizado y responsable, dicho anuncio u ofrecimiento de la ejecución de 500.000 unidades habitacionales en un año, deberían ejecutarse entre 365 días que tiene el año, el equivalente a 1.639,68 viviendas con todos sus servicios por día o 41.090,40 mensuales.

Para esta ambiciosa, pero fantasiosa oferta, se requieren entre 13.000 y 15.000 hectáreas de terreno, que debe contar con las condiciones óptimas y la permisología correspondiente, que dependen de la voracidad de las alcaldías e instituciones gubernamentales burócratas, inoperantes e ineficientes. Esta cifra que aquí enunciamos, de esta vasta extensión de terreno, la calculamos con base en un proyecto con todos los servicios. Compuesto de viviendas de un promedio de 200 metros cuadrados de terreno o parcela y 70 metros cuadrados de construcción, de 3 habitaciones y 2 baños. Un proyecto que sea de 1.000 viviendas requiere de 30 hectáreas de terreno, lo que indica que para 100.000 viviendas se requieren 3.000 hectáreas y para alcanzar la cifra de 500.000 multiplicaríamos 3.000 hectáreas por 5 para llegar a 500.000, que finalmente arroja la cantidad de 15.000 hectáreas.

El rango del área necesaria varía de acuerdo con las características del proyecto, que además debe tener previsto la factibilidad de servicios de electricidad, agua, cloacas y vialidad, así como también deben contar con áreas verdes, de recreación y para la construcción de infraestructuras educativas y deportivas.

Ahora bien, la inflación galopante influye directamente en los costos de construcción. Cómo está calculado en esos recursos aprobados el ajuste en los precios en los lapsos de ejecución. Las plantas de cemento están en manos de la indolencia, las mafias y los controles de administraciones todas cuestionables. Todas muestran un franco deterioro en su infraestructura y funcionan intermitentemente, siendo un elemento fundamental para la construcción, no garantizan el suministro para cumplir con esta promesa gubernamental. Recordando que las plantas de cemento en el país están en manos del Estado indolente e inoficioso, ponemos este ejemplo: la empresa de cemento andino que está ubicada en los Valles de Monay, en el estado Trujillo, que surtía a los estados Mérida, Trujillo, Barinas y parte del Táchira, tiene una planta vieja y una nueva que construyeron los chinos y ninguna funciona a cabalidad. El cemento a veces toca traerlo de Puerto Cumarebo, estado Falcón o de la plantad de San Juan de los Morros en el estado Guárico. imagínense el costo del flete se incrementa en cuatro veces su valor.

La industria siderúrgica donde se produce la cabilla, también en manos del estado, vive una realidad que se hace pública todos los años de la improductividad, conflictos laborales y manejo doloso de todos quienes asumen la conducción de esas empresas. Solo mafias manejan los cupos y suministros de las cabillas y tuberías que se requieren, lo que incide en los precios de venta y transporte.

La mano de obra para estos menesteres ahora escasea en el país, que mantiene una política salarial esclavizante y entre esos casi 8 millones de venezolanos que han migrado están maestros, albañiles, metalúrgicos, electricistas, plomeros, carpinteros, operadores de maquinaria, ingenieros, arquitectos, técnicos de construcción civil, entre otros, que hoy sirven al desarrollo de otros países por la paralización de la construcción en el país. Tampoco existe hoy en día el potencial de un recurso humano calificado suficiente para atender esta demanda.

El país está colapsado en cuanto a los servicios públicos. La capacidad instalada pero precaria no tiene, por ejemplo, la posibilidad de incorporar 500.000 viviendas al sistema eléctrico nacional, o a la red de acueductos que hoy están colapsados por el deterioro de los años, falta de mantenimiento e inversión para su funcionamiento, mucho menos se conoce de la construcción de nuevas instalaciones que amplíen el suministro, todo lo contrario, todos los años aumentan los racionamientos y se evidencian los colapsos de las redes de suministro en todo el país.

Si el empresariado venezolano está quebrado, paralizado, migró y desconfía de la eficiencia revolucionaria en los suministros, pagos puntuales, etc…  Si los chinos, iraníes cubanos, bielorrusos, turcos y otros han demostrado que todos los convenios que el Estado ha celebrado con ellos se han convertido en un fiasco, quiénes van a ejecutar tan ambicioso proyecto y en un año electoral, que tiene cantada la salida del poder del ofertante.

¿Acaso la unión cívico, militar, policial será la que asuma la tarea de intentar cumplir este efímero sueño revolucionario? Hablar de la autoconstrucción y de la posible actuación de más de 22.000 comunas es una irresponsabilidad. Sustentar la ejecución de un proyecto de esta naturaleza en manos de empresas del Estado es la promesa populista más inverosímil de la era chavista, que dice haber construido hasta la fecha 4.800.000 viviendas y que para el término de 2024, con 500.000 más prometidas, llegarán a 5.400.000 mínimo. Esto dicho por el Sr. Maduro y publicado en todas las redes sociales y medios de comunicación, dejando en duda cuáles serán las otras 100.000 que faltan en las cifras anunciadas pues la suma de lo supuestamente ejecutado y lo prometido llega a 5.300.000.

Como este es un país inauditable, los expertos aseguran que, como todo en esta era socialista, estas cifras no corresponden con la realidad. Sin embargo, en algún momento se conocerá la verdad. Por ejemplo, en los hospitales, cuando se anuncia la entrega de insumos, una caja de pastillas de 20 grageas no es tal sino 20 medicamentos por la cantidad de cajas que se entregan, algo así como el resultado del referéndum consultivo, en el que votaron oficialmente 2 millones de personas, cifra catalogada como manipulada considerándose mucho menor, pero la matemática chavista la multiplicó por 5 para impactar momentáneamente al venezolano.

Ofrecer 50% de estas viviendas a la juventud es una ofensa, cruel e inhumana. Son precisamente las nuevas generaciones las que huyen del hambre y la miseria, que es lo único que les garantiza el Estado. Viendo las escuelas, liceos y universidades en total abandono, salarios de hambre y ningún plan de desarrollo que les garantice el bienestar presente y futuro, simplemente no tienen interés en permanecer en esta tierra arrasada y estéril, donde lo único seguro es la muerte frente a un Estado fallido y depredador. Por eso el interés general de toda la población de cambiar radicalmente la situación que se vive.

Finalmente, el señor Maduro invitó a los venezolanos a que nos veamos las caras en diciembre del año que viene, cuando se cumpla esta meta. Creo que será para determinar el incumplimiento de la misma y para despedirlo finalmente de su estadía en Miraflores.