El Ejecutivo peruano está considerando la intervención de las Fuerzas Armadas en la provincia de Pataz, La Libertad, tras el ataque perpetrado por un grupo de criminales, presuntos mineros ilegales y miembros de la organización del Tren de Aragua, contra la minera Poderosa. Esta tragedia ocasionó la muerte de siete miembros de seguridad y dos obreros. Así lo informó el ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien indicó que la decisión se comunicará durante la sesión del Consejo de Ministros de este lunes.
Chávez anunció que la seguridad en la zona se fortalecerá con la llegada de al menos 60 agentes policiales. “Quisiera expresar nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas. Se han desplazado cerca de 60 efectivos al lugar, eso lo ha llevado a cabo el Ministerio del Interior con nuestra policía. El día de hoy tendremos una reunión dispuesta por la presidenta y el premier para determinar cuál será el actuar de las Fuerzas del Orden”, afirmó.
El ministro añadió que tiene conocimiento de tres bandas criminales que operan en la zona, las tres extranjeras y vinculadas al Tren de Aragua. “Estamos evaluando las medidas que debemos tomar. Después de coordinar con el Consejo de Ministros el día de mañana, se implementarán acciones rápidas. Hoy estamos llevando a cabo reuniones, estoy seguro de que se acordarán de manera consensuada las medidas para alcanzar una solución definitiva”, dijo.
Previamente, el gobernador César Acuña solicitó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, la intervención de las Fuerzas Armadas. “Los heridos están siendo atendidos en la Clínica San Pablo. Como autoridades, estamos cumpliendo con nuestro deber, pero mucho dependerá de la actuación del gobierno y la policía. He solicitado al Premier la presencia del Ejército”, indicó. La provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia.
Destacó que se trata de un enfrentamiento entre sectores formales e informales, con intereses económicos en juego. “Si no interviene la policía, el Ejército, y todos los involucrados, esto se convertirá en un caos”, advirtió.
El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariño, declaró a la prensa que percibe un desinterés del gobierno central en esa zona norte del país. “Es algo sumamente doloroso y preocupante. Lo ocurrido en el distrito de Pataz es un acto terrorista. Verdaderamente esto evidencia la falta de gobernabilidad, muestra que no contamos con un presidente de la República ni con un ministro del Interior. La situación ha llegado a un punto crítico, se ha salido de control”, afirmó la autoridad regional.
El alcalde aseguró que en su jurisdicción los policías carecen del equipamiento para llevar a cabo sus labores. “En toda la provincia, que abarca 13 distritos, contamos con apenas cuatro comisarías. ¿Cómo pueden los efectivos policiales hacer su trabajo si no disponen de vehículos, ya sea camionetas o motos, para movilizarse? ¿Cómo puede la policía hacer frente a este flagelo?”, señaló.
Los siete miembros de seguridad fallecidos pertenecen a la empresa contratista privada Huayna. Además, son siete los detenidos por el Ministerio del Interior, quienes serían los presuntos responsables.
El domingo en la tarde, el gerente regional de Salud, Anibal Morillo, había informado que la cifra de fallecidos subió a 10, indicando que uno de los heridos no había podido superar una operación. No obstante, horas después pidió disculpas por esa información. Con ello, el número de víctimas mortales se mantuvo en nueve.
Rechazo al ataque
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) expresó su rechazo al ataque que sufrió la mina de la compañía minera Poderosa. “Se emplearon armas de fuego y explosivos; además, también se dejó a trabajadores heridos, quienes vienen recibiendo atención médica en diferentes centros hospitalarios”, comunicó.
La entidad denunció que este hecho no es aislado, pues desde el año pasado el campamento de la minera Poderosa ha sufrido una serie de atentados que ocasionaron la muerte de siete colaboradores y graves daños materiales. “Los mineros ilegales, en alianza con peligrosas organizaciones criminales, se han convertido en un factor de inseguridad ciudadana, al haberse posicionado como la primera actividad ilegal en el Perú, superando al narcotráfico. No solo invaden concesiones y operaciones mineras, también ponen en riesgo la vida de los peruanos”, afirmó.
La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perú Cámaras) solicitó a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial coordinar acciones concretas y efectivas. “No son solo grandes o medianas empresas las que son víctimas diarias de la delincuencia. Lo son también las micro y pequeñas empresas, e incluso emprendedores individuales que son obligados a pagar cupos bajo la amenaza de ser asesinados”, manifestó el presidente de Perú Cámaras, Oscar Zapata.
En entrevista con El Comercio, Alfonso Medrano Samamé, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, lamentó lo ocurrido. “Algunos trabajadores de Poderosa son miembros de nuestro directorio y nos sentimos apenados por lo que están pasando. Pero también lamentamos la lentitud de las autoridades para prestarle atención a este problema”, manifestó.
Aseguró que desde hace dos meses, mediante una reunión, le pidió a la presidenta Dina Boluarte que apoye a la policía brindando mayor armamento y logística; sin embargo, esto no llegó a realizarse. “Tenía que destinar recursos al gobierno regional, pero hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. Queremos manifestar nuestra indignación, ya que parece que las autoridades no tienen un objetivo claro ni estrategias para combatir la delincuencia”, señaló.
El Ministerio de Interior indicó que se dispuso el traslado a la zona del personal de Homicidios de la Dirincri, con la finalidad de que realicen las primeras indagaciones y la captura de los responsables.
La Gerencia Regional de Salud de La Libertad dio a conocer el estado de las 15 personas que resultaron heridas. La entidad señaló que 10 de los lesionados fueron llevados a Trujillo, mientras que los otros 5, que aún no han sido identificados, serían trasladados en las próximas horas.
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comexperú) señaló que el gobierno debe cumplir con sus obligaciones en la defensa del Estado contra las mafias que buscan socavar la estabilidad en el país. “Este es un atentado contra la inversión privada y el Estado de derecho. Es tarea de las autoridades asegurar las condiciones de seguridad para la población, así como para las empresas que operan a nivel nacional. Se necesita fortalecer la unidad de inteligencia, y el trabajo articulado con instituciones como el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas”, manifestó el gremio.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) instó al Ejecutivo a tomar medidas inmediatas y abordar el problema. “En este acto violento participaron mineros informales con respaldo de organizaciones delictivas. Armados y con explosivos, ingresaron a la mina de oro. Sabemos muy bien el daño que la violencia causa, no solo a nivel humano, sino también a la estabilidad política y económica del país. Por ello es crucial no permitir que estos actos se repitan en nuestro territorio”, expresó.
La Asociación IPAE dijo que el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Policía Nacional deben enfocarse en actuar lo más pronto posible y, en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, asumir todas las medidas pertinentes para garantizar el bienestar de la ciudadanía.
La Asociación de Exportadores (ADEX) exigió una exhaustiva investigación y todo el peso de la ley para los responsables de este atentado.
La minera
Poderosa emitió un comunicado en el que expresó su pesar por la pérdida de sus colaboradores, advirtiendo que no es la primera vez que afrontan una tragedia similar. Anteriormente, ataques de bandas criminales resultaron en la muerte de siete trabajadores. “Instamos al Estado peruano, a través del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público, y otras autoridades involucradas, a que se esfuercen para combatir la criminalidad”, señaló.
Los comisionados de la Defensoría del Pueblo intervinieron de inmediato para constatar la atención médica de los heridos, y permanecen en la clínica realizando coordinaciones y apoyando a los familiares.
La mina está en el distrito y provincia de Pataz, a casi 320 kilómetros de la ciudad de Trujillo, a una altura de entre 1.200 y 3.000 m.s.n.m. en la región La Libertad, Perú. Está integrada por más de 3.500 personas entre contratistas y personal de planilla. La compañía minera se fundó el 5 de mayo de 1980.
De acuerdo con el último boletín del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Compañía Minera Poderosa S.A. es la segunda productora de oro aescala nacional, con participación de 8,3%.
Análisis
Fuentes de El Comercio informaron que los cuerpos de los fallecidos eran trasladados a la ciudad de Trujillo. Aseguraron que los responsables formaban parte de organizaciones criminales que se dedicaban a la extorsión en Trujillo, pero ahora se dedican a prestar seguridad a los mineros ilegales en Pataz, aunque luego terminan apropiándose de sus tierras.
Fuentes de la policía dijeron a El Comercio que habría habido una “actuación desprolija” por parte de los miembros de la seguridad privada Huayna, empresa a cargo de estas labores en la minera Poderosa. Esto, señalaron agentes de criminalística, habría ocasionado el intercambio de disparos y las explosiones, derivando en la muerte de las nueve personas.
Rubén Vargas, experto en crimen organizado y política, señaló que en los últimos años organizaciones transnacionales se dirigen a zonas donde se desarrolla la minería ilegal. “En el caso de Pataz, la situación de inseguridad se da debido a la falta de autoridad en la zona. Sin embargo, se ha complicado aún más con la llegada del Tren de Aragua”, expresó.
El experto indicó que el Tren de Aragua ha ampliado su influencia y control territorial debido a la ausencia de autoridad estatal. Afirmó que los criminales operan con total impunidad, pues el gobierno habría abandonado la empresa minera Poderosa, sin ofrecer respuesta a pesar de conocer la situación. Subrayó la necesidad de implementar una estrategia integral para abordar el problema, y abogó por un mayor esfuerzo de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Sunat para prevenir el lavado de dinero en la cadena de proveedores.
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