El Ejecutivo peruano ratificó que está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, al comentar la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que puede convertirse en una restitución del indulto al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
En un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que el juez constitucional de ejecución deberá «expedir la disposición que corresponda, en el marco de su autonomía jurisdiccional».
El presidente del TC, Francisco Morales, afirmó el miércoles que las autoridades «deben proceder a la excarcelación inmediata» de Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó el año pasado que no se ejecute otra sentencia que decidió la restitución del indulto otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Morales dijo que la decisión ya se remitió al juez de ejecución del hábeas corpus en Ica y defendió su cumplimiento por encima de la resolución de la CorteIDH con el argumento de que esta «es una cuestión que va más en el ámbito de la política internacional».
El abogado del exmandatario, Elio Riera, dijo a los periodistas que Fujimori «está esperando con mucha paciencia la ejecución del mandato del Tribunal Constitucional».
El letrado añadió que Fujimori, de 85 años de edad, tiene enfermedades que se agravan con el tiempo y que confían en que «pueda pasar sus últimos días (en libertad) con su familia».
Insistió en que correspondería la ejecución de la decisión del TC de inmediato y, por ese motivo, esperan la orden de un juzgado de la ciudad sureña de Ica, donde presentaron un recurso de hábeas corpus a favor del expresidente y sobre el que se pronunció el TC.
No obstante, otro magistrado del Constitucional, Manuel Monteagudo, consideró «un imposible jurídico» que se afirme que la resolución que dictó esa instancia ordena la excarcelación de Fujimori porque fue considerada «inconvencional».
Agregó que emitió un voto singular sobre la resolución del TC porque considera que la situación jurídica de Fujimori debió ser resuelta directamente por el Constitucional y no remitirla al magistrado que evalúa un hábeas corpus presentado a favor de la liberación del exgobernante en la ciudad sureña de Ica.
A su vez, el abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue condenado Fujimori, adelantó a EFE que volverá a acudir a la Corte Interamericana si se ordena la liberación del exmandatario.
«Vamos a ver si el día de hoy (miércoles) hay algún tipo de decisión en el juzgado de investigación preparatoria de Ica. Obviamente el camino que automáticamente tomaremos es solicitar a la Corte Interamericana un nuevo proceso de supervisión de cumplimiento», dijo.
El indulto, otorgado el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
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