El referéndum no tiene influencia, efectos ni consecuencias en la resolución del diferendo sobre el Esequibo. El escenario donde “se bate el cobre” en referencia al tema es la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Es allí donde el régimen debería concentrar sus esfuerzos a partir del 8 de abril para: demostrar la invalidez del Laudo Arbitral de 1899 que sancionó fraudulentamente el despojo a Venezuela del territorio en reclamación; luego, procurar con realismo y pragmatismo una negociación con Guyana para preservar los intereses estratégicos de Venezuela.
La ciudadanía no tiene la información necesaria para discernir sobre algunos de los asuntos que se le preguntan en la consulta y que tienen un marcado componente técnico-jurídico. La mayoría del cuerpo electoral no tiene idea de, por ejemplo, ¿qué es la CIJ? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Si conviene o no a Venezuela litigar en esa instancia? En ese sentido, el régimen ha actuado, por decir lo menos, con poca responsabilidad y respeto hacia los convocados a votar. El evento ha debido ser precedido por una intensa campaña informativa que permitiera superar el déficit ciudadano en el tema.
“La soberanía no se consulta, se ejerce”, como bien apostilló María Corina porque es un mandato constitucional y una de las bases doctrinarias y fácticas que fundamentan la existencia y vigencia del Estado. Por lo tanto, es redundante e inoficiosa la consulta al respecto.
Estamos en presencia de una operación política en clave interna con varios objetivos. Tratar de recuperar el apoyo social perdido apelando de manera sectaria al nacionalismo, expediente de uso común de dictaduras y gobiernos autoritarios para tratar de superar horas bajas: acudir al enemigo externo. Enmendar y hacer olvidar los costosos errores cometidos por los gobiernos chavistas, que con su posicionamiento sobre el tema del Esequibo ha habilitado a Guyana a ejercer soberanía, avanzar en la explotación de los recursos presentes en el territorio continental y áreas del océano Atlántico sujetos a la reclamación venezolana. Desviar la atención sobre la crisis político-económica y social en progreso. Hacer control de daños luego de los acontecimientos del 22 de octubre. Galvanizar el apoyo de la FAN al régimen usando un tema sensible en esa institución.
En resumen, estamos ante una consulta inoficiosa e inútil con relación a la justa reivindicación venezolana. Para la cual no se le ha proporcionado a la ciudadanía la información necesaria para discernir con conocimiento de causa sobre los temas de la misma. Tampoco se trata de una rectificación del chavismo en referencia a su perjudicial actitud en el pasado sobre el diferendo con Guyana; rectificación que para ser seria, creíble, efectiva debió ser asumida como una causa nacional con una convocatoria real al país nacional y en particular a los expertos en la materia –que los hay, y muy calificados– para asesorar y hacerle seguimiento al proceso. Prefirieron la convocatoria apresurada de un referéndum con las características mencionadas. Por lo antes argumentado, es que calificamos de fraude esa operación política del chavismo.
Los venezolanos debemos reflexionar sobre la conveniencia nacional de acompañar al régimen en esta jugada. La manipulación sectaria del nacionalismo nunca ha llevado a desenlaces positivos. La Historia está plagada de ejemplos al respecto.
¿Qué viene después del referéndum? Es la interrogante pertinente. Es seguro que la operación política de marras tiene más recorrido. Ojalá, por el bien del país, el desespero del régimen no los lleve a intentar acciones fuera del campo diplomático que a la postre terminen lesionando, aún más, los intereses nacionales; tampoco a perturbar el proceso electoral del 2024.
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