El juez peruano Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso este jueves que se levante el secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), actualmente bajo prisión preventiva, durante un período que abarca todo su gobierno con el fin de avanzar en la investigación de un supuesto caso de corrupción.
«El Poder Judicial dispuso levantar el secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo y sus exministros (de Transportes) Juan Silva y (Vivienda) Geiner Alvarado, quienes son investigados por organización criminal, colusión y tráfico de influencias», publicó en la red social X (antes Twitter) ese poder del Estado.
El caso es denominado Gabinete en la sombra que investiga la Fiscalía, en referencia a una supuesta red de corrupción dedicada al redireccionamiento de obras.
Al respecto, el Poder Judicial detalló que Checkley declaró fundado, en parte, el requerimiento de la Fiscalía de levantar el secreto de las comunicaciones de Castillo para conocer en detalle los mensajes.
«Las empresas de telefonía deben informar las llamadas y mensajes de texto generados del 12 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2022», agregó.
Pedro Castillo accedió a la Presidencia el 28 de julio de 2021 y ocupó el cargo hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras su fallido autogolpe de Estado.
La diligencia «será ejecutada en un plazo de 30 días» y son «tres operadoras del servicio de telecomunicaciones a las que se solicitará la información, y que además reportarán las líneas telefónicas registradas a nombre de Pedro Castillo, Geiner Alvarado y Juan Silva».
Desde el 7 de diciembre pasado, pesa sobre Castillo una orden de prisión preventiva de 18 meses, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración.
El 31 de marzo, la Corte Suprema de Perú ratificó su decisión de imponer otra medida de 36 meses de prisión preventiva a Castillo, por este caso denominado inicialmente por la prensa como «gabinete en la sombra».
También impuso 36 meses de prisión a Alvarado, que se encuentra recluido, y Silva, quien está prófugo de la justicia.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
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