El país ha recibido con alivio y alborozo la liberación del capitán de navío venezolano-peruano Luis Humberto de la Sotta, recluido cinco años en lúgubres mazmorras de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DCM) en Caracas, Venezuela.
Sobrevivió un largo tiempo de oprobio y maldad sin límites desde el 18 de mayo del 2018, fecha que lo detuvieron en la base naval de Turiambo, Estado Aragua, acusándolo de conspirar con la lideresa María Corina Machado para boicotear las elecciones presidenciales del 2018.
Un grupo de rufianes con uniforme militar lo trasladó encapuchado a una celda oscura y pestilente. Reducido y en soledad, los verdugos chavistas introdujeron su cabeza en una bolsa de plástico para sofocarlo y lo golpearon con palos acolchados para no dejar marcas. Le colocaron marrocas tan apretadas que le rompieron la piel de las muñecas, luego aplicaron descargas eléctricas en el cuerpo y lo apalearon sin piedad, amarrado a una silla.
Después de presentarlo ante el Tribunal Militar torturado lo trasladaron a ‘La Casa de los Locos”, siniestro lugar tan oscuro que los internos no pueden verse las manos: y lo mantuvieron así durante 32 días. De vez en cuando los celadores entraban para golpearlo.
Su caso fue denunciado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y ante ello la respuesta de los guardianes de la dictadura fue encerrarlo durante 12 horas, esposado en el ‘ataúd’ o ‘caja de muñecas’, espacio de 2 metros de alto por 60 centímetros de ancho y fondo, donde es imposible agacharse o realizar algún movimiento.
De la Sotta, empero, resistió sin doblegarse, pero enfermó de Covid. A ese problema se sumó hipertensión severa, complicaciones hepáticas y hernia hiatal. Además, la función renal quedó comprometida y sufrió de infección urinaria.
Una verdadera tragedia que lo conducía inexorablemente hacia la muerte, porque sus captores se negaban a trasladarlo a un hospital, a pesar de que contaba con una medida cautelar de la OEA y otra de la Misión de la ONU para desapariciones forzadas.
Frente a esta dramática situación su hermana Molly, mujer admirable, treja, talentosa, pidió auxilio a los gobiernos de Vizcarra, Sagasti y Castillo, pero la respuesta fue un ominoso silencio. Los cancilleres César Landa y Óscar Maúrtua ni siquiera respondieron a las súplicas de la anciana madre del oficial de la Armada solicitando que nuestra embajada o consulado en Caracas gestione trasladarlo a un hospital.
Los diarios protestaron, al igual que la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y numerosos ciudadanos que suscribieron comunicados públicos. Esta historia de terror, de sadismo propio de regímenes totalitarios, ha terminado con su liberación, en gran medida porque la excanciller Ana Cecilia Gervasi intervino con vigor.
Sin duda, la diplomática Gervasi pertenece a la Casa de Torre Tagle y sus antecesores a la Casa de Sarratea, donde «truequearon» principios por embajadas políticas bien remuneradas.
Con la liberación de De la Sotta, empero, solo se ha ganado un episodio en la larga lucha que debemos afrontar para que Venezuela pueda deshacerse de un gobierno corrupto y genocida, batalla que debe seguir con la inmediata liberación de 260 prisioneros políticos.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú
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