Masonería y represión en Venezuela: El impacto del Caso Óscar Pérez en la convocatoria de la CPI

William Jiménez junto al abogado David Cáceres y el hermano de Óscar Pérez, Luis Armando Pérez, en la convocatoria de la CPI

En un desarrollo significativo, diversos grupos de ciudadanos venezolanos estuvieron presentes en las audiencias convocadas por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional que se celebraron los días 7 y 8 de noviembre. Hasta el momento de escribir este artículo se ha informado que la Fiscalía de la CPI rechazó los argumentos presentados por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Además, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional concluyó que Venezuela no está llevando a cabo investigaciones adecuadas sobre actos criminales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Estos eventos se consideran señales alentadoras de un avance positivo en el sistema de justicia internacional, que busca responsabilizar a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad.

Entre los asistentes a esta crucial audiencia se encontraba el destacado abogado William Jiménez, quien representó al grupo denominado la Comisión Masónica Internacional de Derechos Humanos. La verdad es que siento una gran satisfacción al verlo en ese lugar, ya que tiene un significado de logros que se han alcanzado por la perseverancia. Junto a él se puede ver en la imagen a Luis Armando Pérez (hermano de Oscar Pérez), el abogado David Cáceres y otros miembros destacados de la comunidad venezolana. La presencia de estos compatriotas en un evento de tal relevancia subraya la importancia de su apoyo y participación en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas.

El caso de la conexión de Oscar Pérez con la masonería es un tema en el que hemos proporcionado suficiente evidencia para contribuir a la búsqueda de la verdad y la justicia. Hemos presentado testimonios de testigos ante la Fiscalía de la CPI, hemos publicado sus historias y personalmente he compartido lo que sé y he presenciado. Todo ha sido expresado, debidamente documentado y enviado a quienes deben recibirlo. De hecho, el informe más reciente se envió la semana pasada al fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya, Karim Khan. Personalmente, toda esta situación ha sido una experiencia transformadora para mí.

En mi publicación anterior sobre este tema, que titulé ”Atención al fiscal de la CPI: Cómo la masonería se vio implicada en el Caso de Oscar Pérez por Fernando Delgado”, expliqué cómo la masonería en Venezuela quedó involucrada en el caso de Óscar Pérez después de una supuesta declaración realizada por Fernando Delgado durante su comparecencia ante un tribunal militar. Fue él quien, al presentarse ante ese tribunal, enfocó su relación con Óscar Pérez en la masonería. Posteriormente, se le imputaron cargos militares de rebelión, ultraje a la bandera y a la Fuerza Armada Nacional, entre otros delitos, todos orquestados por el régimen de Maduro.

Si se lee detenidamente esa acta del tribunal, se puede concluir que lo relevante es que la imputación de Delgado se hizo en términos militares, sin mencionar la actividad masónica como un delito. Sin embargo, la respuesta de las autoridades implicó una serie de acciones correlativas, como citaciones, allanamientos, arrestos, torturas y, posteriormente, desapariciones, culminando con un presunto atentado. Todo esto le ocurrió a masones vinculados con Óscar Pérez, en lo que parece ser una forma estructurada y sistemática de terror generada por el régimen de Maduro.

El régimen ha estado encubriendo la persecución de masones a través de alteraciones legales, inventando delitos para evitar que se aplique la Convención de Ginebra en su contra. Según el Estatuto de Roma, un “crimen de lesa humanidad” abarca actos específicos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque. Uno de estos actos es la “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional”.

El régimen ha sido cauteloso al no calificar a la masonería como un delito, pero ha enmarcado sus acusaciones y decisiones judiciales de tal manera que, en lugar de condenar o perseguir a alguien por ser miembro de una logia donde estuvo presente Óscar Pérez, le imputan cargos de delitos militares arbitrarios. Sin embargo, en la realidad, estas acciones se toman debido a su afiliación a la logia o su asociación con Pérez. Por ejemplo, el caso de Yonny Calderón, quien no tenía relación personal con Óscar Pérez pero ejercía como el segundo vigilante en la misma logia. Fue arrestado y sometido a torturas por la inteligencia militar de Maduro, con acusaciones fabricadas para detenerlo. Ningún documento menciona que esto se hizo debido a su condición masónica o su membresía en la misma logia que Óscar Pérez.

Pero el régimen ha sido hábil en su estrategia, ya que mientras perseguía a masones, también ha utilizado a otros masones dentro de las logias que son partidarios o funcionarios del régimen para que colaboren y ayuden a borrar evidencias de su presencia y a negar la existencia de estas persecuciones. Estos masones colaboradores del régimen han desempeñado un papel fundamental en todas estas fases de desmantelamiento de nuestras posiciones, han trabajado en todos los frentes, desde contactar a testigos y víctimas, hacer presencia, vigilancia, amenazas; nada de esto nos ha detenido.

Qué dice el informe entregado en la CPI

Es esencial destacar que desde la Comisión Masónica Internacional de Derechos Humanos (Grupo Ad Hoc) hemos proporcionado información detallada a la Corte Penal Internacional sobre varios aspectos relacionados con la persecución de los masones en Venezuela. Entre los elementos que hemos comunicado y compartido con las autoridades se encuentran:

• Los nombres de los presuntos detectives del Cicpc, que fueron proporcionados por víctimas de los procedimientos relacionados con citaciones y procesos de interrogatorios selectivos en el marco de la lista de contactos de Óscar Pérez. Estos procedimientos se llevaron a cabo en los meses de julio y agosto de 2017. Hemos hecho énfasis en que se llame a declarar al inspector (Nombre bajo reserva), de quien se sospecha estuvo a cargo específico del manejo de este operativo. Además, se ha mencionado que presuntamente se extorsionó a los que aparecieron en dicha lista de contactos de Óscar Pérez y las fotografías en las que aparecían con él, un aspecto adicional que cobra relevancia. Se presume que algunas personas que figuraban en esa lista eran contactadas por el Cicpc y extorsionadas para sacarlas del caso y de las investigaciones. Se sospecha que estas personas pagaron dinero a los policías involucrados en estas actividades, lo que generó ingresos significativos para los extorsionadores.

• Hemos solicitado a la CPI que se investigue a un general miembro del PSUV y actual diputado a la Asamblea Nacional (Nombre bajo reserva), por presuntamente obstaculizar las investigaciones realizadas por el Cicpc en relación con la desaparición del teniente coronel Juan Hurtado, quien fuera un masón denunciado desaparecido por un investigador de la Gran Logia.
• Hemos solicitado una investigación sobre el acta de archivo relacionado con la declaración que dio Fernando Delgado el 16 de julio de 2017 ante el tribunal militar en Caracas  206° y 157°, escrito consignado por los ciudadanos: primer teniente Elber Montero Mendoza y primer teniente Keyla Ríos Lara, fiscales militares tercero titular y auxiliar con competencia nacional ante el juez mayor Claudia Carolina Pérez de Mogollón. Estamos a la espera de que la CPI llame a declarar a todos los mencionados.
• Hemos hecho mención que se destaca la presencia en dicha acta antes mencionada del comisario jefe Ronny González Montesinos, quien ha sido señalado de ser el responsable de la estrategia de persecución de disidentes y opositores en Venezuela, a quien presuntamente se le ha visto visitando la Gran Logia de Venezuela, se sospecha que su oficina mantiene en la actualidad la vigilancia sobre los masones en Venezuela.
• Hemos solicitado sean llamados a declarar los testigos y víctimas, en particular los masones que fueron interrogados entre los meses junio y agosto de 2017, los arrestados y torturados entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, así como de los masones que se vieron obligados a exiliarse y que estuvieron vinculados con la Logia Santiago Mariño N° 208.
• Hemos proporcionado algunas actas de los procedimientos administrativos policiales y judiciales para que se tome nota y se evalúe el comportamiento de los fiscales y jueces involucrados.
• Hemos reiterado a la Fiscalía de la CPI nuestra solicitud de que se investiguen los crímenes contra los masones Óscar Pérez y José Pimentel como crímenes de lesa humanidad, ambos miembros de nuestra Logia Santiago Mariño N° 208. Esta solicitud ha sido respaldada con la entrega del anexo del informe forense elaborado por la fiscal Luisa Ortega Díaz y del abogado William Jiménez de su Informe Senamecf.
• Hemos instado a la Fiscalía a iniciar una investigación sobre las desapariciones forzosas de los masones Wilmer Muñoz y Juan Hurtado. Cabe destacar que Juan Hurtado ha sido oficialmente reportado como desaparecido en el informe de la ONU de Bachelet.
• Hemos enviado a la CPI los archivos de dos grupos de WhatsApp para su evaluación. Estos chats se utilizaron presuntamente como evidencia en la persecución de los masones de la Logia Santiago Mariño N° 208. El chat en cuestión no proporciona información sustancial por sí solo, aparte del hecho de que se recibió un mensaje del acto de rebeldía desde el teléfono de Óscar Pérez. Es posible que, a partir de esta comunicación, el régimen haya tejido diversas conjeturas para implicar aún más a la logia en el asunto. En mi caso, como miembro de ese chat fui añadido por Jameson Jiménez. Es importante destacar que el segundo chat documenta las experiencias individuales de los miembros de la logia y narra momentos de tensión que se vivieron durante los allanamientos y persecución de masones en enero del 2018, y sirve como un registro de los eventos y situaciones relacionadas.

• Hemos denunciado el presunto atentado sufrido por uno de los miembros de la masonería en el exilio, supuestamente perpetrado por agentes de Maduro. Se trata de Qh Endry Méndez y solicitada protección para su persona.
• Hemos proporcionado a la CPI un conjunto de archivos de correos electrónicos que evidencian las solicitudes que recibieron los miembros de la orden para participar en la actualización de datos personales a la Secretaría de la Gran Logia precisamente cuando se estaban gestando los allanamientos y persecución de miembros.
• Hemos informado a la CPI sobre los nombres de la cadena de mando presente durante las irregularidades en la autopsia de Óscar Pérez, una denuncia que hizo el masón William Jiménez, hoy protegido por el reino de Holanda.
• Hemos denunciado la presencia de agentes del Sebin en las logias masónicas y le hemos proporcionado la identificación de la persona encargada de las presuntas actividades dentro de las logias. También hemos denunciado la presencia y membresía de miembros de los colectivos en las logias.
• Hemos compartido con la CPI todos los archivos del tribunal relacionados con el coronel Ubaldo Jiménez Silva, quien fuera Gran Maestro de la Gran Logia a quien hemos denunciado como presunto colaborador con el régimen de Maduro, y hemos solicitado investigar a otros masones de alto perfil relacionados con el régimen de Maduro es el caso de Freddy Bernal y Tarek William Saab.
• Hemos compartido los nombres de los masones que hoy son presos políticos por el régimen de Maduro.

Estos elementos proporcionados a la CPI son suficientes para considerar el caso de la masonería en Venezuela como un asunto de extrema gravedad en lo que respecta a las violaciones de derechos humanos cometidas por Maduro.

Lo que pudimos haber hecho, pero nunca hicimos

Es probable que muchos de los crímenes cometidos contra masones desde que comenzaron las acciones de Óscar Pérez podrían haberse evitado si se hubieran denunciado las irregularidades y los perpetradores a tiempo. El silencio y la falta de testimonios han contribuido a la perpetuación de nuevos crímenes contra masones. Incluso en la actualidad, tenemos masones arrestados como presos políticos.

Es importante recordar que las leyes en todos los países democráticos abordan el silencio de testigos de crímenes de manera específica. En el caso de España, la ley establece la obligación de denunciar en dos situaciones:

Cuando se ha presenciado personalmente la comisión de un delito público, es decir, aquellos delitos cuya investigación puede iniciarse de oficio por las autoridades judiciales.

Cuando, sin presenciar directamente el delito, se tiene conocimiento o noticia de la comisión de un delito público debido al cargo, profesión u oficio desempeñado.

Lo cierto es que el régimen de Maduro no ha cesado en su persecución de masones, y de hecho se han reportado la presencia de funcionarios de la Dgcim en las logias para vigilarlas. En una reciente conversación se me fue informado que mi logia Santiago Mariño N 208, tuvo que verse obligada a iniciar a un agente de la Dgcim.

Toda esta terrible pesadilla con Maduro dentro de la masonería pienso que podría haberse evitado si se hubieran seguido los procedimientos legales adecuados y por sobre todo se hubieran denunciado los crímenes de forma institucional por parte de la Gran Logia de Venezuela.

Para cerrar, quiero responder a esta inquietud, si me encontrara en una situación similar como Gran Maestro en ese momento de la rebelión de Óscar Pérez, qué pasos habría seguido:

1. Acatar los Landmarks: En primer lugar, habría respetado los principios fundamentales de la masonería y sus Landmarks.
2. Aclarar la situación del hermano: Habría aclarado públicamente que la acción del hermano Óscar Pérez se realizó por su propia voluntad y no representa a la institución. Pero habría subrayado que esta decisión no sería motivo de su expulsión, ya que se trata de un acto de conciencia, por lo tanto, él seguía siendo un miembro más de la orden.
3. Contratar un abogado y proteger a los masones: Para garantizar el seguimiento adecuado de la situación y actuar en defensa de cualquier masón que fuera objeto de represalias debido a su afiliación a la logia o condición masónica, habría contratado los servicios de un abogado. En particular, en el contexto de la presentación del tribunal del señor Fernando Delgado, la presencia legal de la masonería hubiera sido necesaria para estar enterado de las causas en las que se involucre a masones en esta situación política.
4. Conferencia de prensa: Para aclarar públicamente la situación, habría destacado que la acción del hermano Óscar Pérez fue realizada por su propia voluntad y no representa a la institución. Además, habría subrayado que esta decisión no sería motivo de expulsión, ya que se trata de un acto de conciencia. Por lo tanto, el hermano Pérez sigue siendo un miembro más de la orden.
5. Informar a las Grandes Logias hermanas: Habría mantenido a las Grandes Logias hermanas informadas sobre los acontecimientos y habría buscado apoyo y solidaridad.
6. Reafirmar el derecho a la libertad de reunión: Si se presentaran amenazas de intervención en la Gran Logia, enfatizaría y reafirmaría públicamente el derecho a la libertad de reunión y solicitaría protección a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
7. Protección de archivos: En caso de amenaza, trasladaría los archivos de los miembros a una Gran Logia en otro país para su custodia y protección.
8. Cierre temporal de actividades: En caso de que nuestra institución se vea amenazada y la seguridad de nuestros miembros esté en riesgo, declararía temporalmente el cierre de nuestras actividades hasta que se restablezca la seguridad.
9. Denuncia de abusos: Sin duda, habría denunciado enérgicamente cualquier acto de abuso contra cualquiera de los miembros de nuestra institución.

Estos pasos habrían sido tomados con el objetivo de proteger la integridad de la institución masónica y garantizar la seguridad y los derechos de sus miembros, es una verdadera lástima que nada de esto se haya aplicado, ahora solo confiar en el largo brazo de la justicia, cierro este capítulo conforme con lo que se ha hecho y espero retornar con un interesante ciclo de historias.

Nos seguimos leyendo en una próxima ocasión en El Nacional @estebanoria

Algunos anexos de interés a compartir

Acta TSJ 2: Juan Ubaldo Jimenez Silva

Informe Senamecf – William Jimenez

Tribunal Militar caso Fernando Delgado

Informe ONU – Juan Hurtado