El Octavo Diálogo del Grupo IDEA

Tras ocho años de compromiso indeclinable con la libertad y la experiencia de la democracia, una parte de las tres decenas de exjefes de Estado y de Gobierno formantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), dentro de sus expresiones plurales volverán a un nuevo diálogo de ideas en sede académica; en esa en la que se forja la recta razón y se la blinda de voluntarismos estériles y la fugacidad característicos del actual Occidente y el ecosistema digital dominante. Junto a los expresidentes, que son los anfitriones, y contando con los respaldos del Miami Dade College, de Diario Las Américas y del Instituto Atlántico de Gobierno de Madrid, se encontrará como testigo e invitado especial don Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, durante los días 6 y 7 de noviembre.

Un breve foro sobre “La presencia del narcoterrorismo en las esferas política y del Estado” servirá de antesala al VIII Diálogo Presidencial en el Wolfson Campus, repitiéndose la metodología de nuestro primer diálogo inaugural –se dice fácil en tiempos de liquidez cultural y de realidades– y acicateados, a la vez, por la cuestión agonal y de momento, a saber, como tema paraguas, “La marginación del Estado de Derecho y la criminalización de la política en la Era digital”. Venezuela es el ejemplo protuberante. Mas media una cuestión de la que se escurren los análisis durante el curso del siglo que corre y ya frisa casi 5 lustros, a saber, la de la cooptación por el crimen del narcotráfico y, de suyo, por el lavado de los dineros de sangre y los provenientes de la corrupción, de las estructuras de gobierno en América Latina. Hay honrosas excepciones.

Cada vez más, por ende, se advierten crecientes dificultades para que el Estado Constitucional y de Derecho le ponga freno a eso que el expresidente Osvaldo Hurtado bien califica como dictaduras del siglo XXI. Ciertos académicos las morigeran y titulan como autoritarismos electivos o iliberales, con lo que el debate se desplaza, de manera mendaz, hacia al terreno formal de la legalidad o la ilegalidad; o se le opone en el camino, asimismo, el argumento de la voluntad popular, esta vez contenida, distorsionada y hasta falseada a través de los costosos aparatajes de la gobernanza digital. Los votos, salvo en las experiencias manuales que sobreviven, como la alemana, hoy quedan secuestrados por las aristocracias de los algoritmos.

El asunto es que, a diferencia de la vieja criminalidad, la de las mafias –donde los mafiosos, v.gr. la Cosa Nostra o la Camorra, se imponen a sí mismos códigos de honor– en el narcoterrorismo ocurre lo que a la par sucede en el ecosistema digital, donde todo es relativo y las verdades se rematan en pública almoneda, las reglas no existen, menos las morales.

Cuando en 1990 y 1991 se constituye el Foro de Sao Paulo, sus integrantes acusan para excusarse. Refieren que serán perseguidos atribuyéndoseles vínculos con el narcotráfico. Pasados 30 años, el Grupo de Puebla matiza la cuestión. Y señala –otra vez acusando para excusarse– que sus adversarios políticos, los que se dicen defensores de la democracia y las libertades, apelan LawFare a fin de criminalizar a sus líderes, llámense Correa, Evo, Kirchner o Lula. Nada dicen de los presos políticos venezolanos.

El giro del LawFare, o el uso del sistema legal e institucional para destruir a los oponentes, como cabe observarlo, lo copian los poblanos del núcleo de abogados que así se constituye e intitula en Estados Unidos, para hacerle seguimiento a las actuaciones de Donald Trump y denunciarlas sistemáticamente ante los tribunales federales como instrumento de lucha.

El crimen del narcotráfico –no generalizo, y lo reitero– ha estado cooptando las estructuras de gobierno y partidarias en la región y éstas, a quienes intentan desbancar y sustituir democráticamente a los titulares de aquellas comprometidos, les oponen –oh, paradoja– el valor de la ley y la justicia; eso sí, trastocan y corrompen las palabras de la ley y del sentido de la justicia a fin de que los jueces ganados para este fenómeno de degeneración institucional, dicten sentencias en el marco de una “legalidad adulterada, de una ilegalidad legalizada”. En esa estamos y es el problema que demanda una solución preferente.

Distintas sanciones en contra de estos narcorregímenes, enhorabuena, han sido aplicadas desde instancias europeas y americanas. Sin embargo, para peor se fijan o se levantan a discreción, según que medie o no algún interés de orden económico o geopolítico. Tal aporía, de consiguiente, hace difícil resolver sobre el desafío dada la ejemplaridad negativa que procura ese sistema del doble estándar; ese que, al cabo y en igual orden, explica el doble estándar que construyen a sus medidas los causahabientes del derrumbe soviético en materia de derechos humanos.

Ante los crímenes de lesa humanidad ejecutados por las dictaduras militares latinoamericanas de derecha, se hizo gala de la tesis sobre la invalidez de las leyes de punto final y obediencia debida. Se argumentaba que la impunidad de los crímenes de aquellas castigaba doblemente a las víctimas y sus familiares. Pero llegado el siglo XXI, el socialismo progresista, cada vez que se intenta perseguir judicialmente a un terroristas o narcotraficante vinculado a la esfera política –aquí Colombia es el ejemplo que destacar– se abroquela en la defensa de la necesaria justicia transicional, esgrimiendo a favor de la paz y la democracia la postergación del Estado constitucional y de Derecho.

En suma, sobre las mesas de la diplomacia se vienen purificando violaciones palmarias al Estado de Derecho, se olvidan crímenes que afectan el sentido de humanidad, y hasta son llevados al paredón de la opinión pública de redes a las víctimas que osan reclamar su derecho a la seguridad.

El debate está abierto, toca a la quinta essencia diría un presocrático, o a la propia esencia del bien para separarle de la maldad, argumentaría Platón.

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