El tema de las sanciones, nuevamente, se pone en la palestra del debate político venezolano. En concreto, cual casino, uno de los comentarios más recurrentes en distintos corros estriba sobre la posibilidad de que el gobierno estadounidense proceda a retirar las licencias que, recientemente, habían sido concedidas como una forma de “flexibilización” de las sanciones en Venezuela.
El argumento es conocido. Después de celebradas las primarias, el gobierno venezolano ha desarrollado una serie de conductas que para nada son consistentes con el espíritu de apertura y democracia al que, teóricamente, estaban (o están) sujetas las licencias que flexibilizaban varias de las sanciones a las que estaba sujeta parte del Estado venezolano, especialmente en el ámbito petrolero, gasífero, minero y financiero.
En lo personal, como lo he planteado en redes sociales, el entorno de las sanciones debe evaluarse bajo dos posibles hipótesis:
En la primera, se parte de la premisa de que a Estados Unidos le importa un bledo el tema de la democracia en Venezuela, pero necesitaba una excusa más o menos creíble para flexibilizar sanciones. Después de todo, fueron muchos los ríos de tinta y logística invertidos en promover a través de distintos métodos una transición hacia la democracia en Venezuela. Igualmente, son muchos los stakeholders que, tanto fuera como dentro del país, tienen el tema de Venezuela como parte de su agenda. De allí que Estados Unidos habría condicionado nuevas licencias a acuerdos y gestos medianamente potables hacia el fin descrito, pero, en los hechos, en un entorno bélico ascendente (Rusia/Ucrania + Israel/Gaza) el gigante del Norte tiene como prioridad asegurar un proveedor seguro de petróleo en el hemisferio. Se ratifica, de este modo, la consigna de que Estados no tienen amigos sino intereses.
En segunda instancia, la otra hipótesis que pongo en el tablero es que a Estados Unidos le importa la restauración del orden democrático en Venezuela, y como medida de presión, ante los acontecimientos recientes, procederá a reinstaurar sanciones que se habían alivianado en nuevas licencias. En este escenario privaría, si se quiere, una posición principista en la que los valores y el sentido aspiracional de lo que debe tener Venezuela (Estado de Derecho, funcionalidad y gobierno democrático) estaría por encima de la visión más cable a tierra de temas tales como la provisión energética y la oleada migratoria venezolana, entre otros.
¿Cuál de estas hipótesis prevalecerá? Mis ideales me hacen soñar, y me gustaría pensar que es posible que la puerta número 2 sea la que se abra. Sin embargo, los incentivos existentes me hacen pensar que muy probablemente un escenario como el de la primera hipótesis tenga más chances de prevalecer. Un escenario, sin embargo, que no se dará a rajatabla. Es posible que exista un tercer camino, en el que sí, efectivamente, el lift up para el oil & gas se mantenga, pero se mantengan a su vez o reinserten otros mecanismos de presión, dirigidos directamente a las personas responsables de la toma de decisiones del entorno político. Y ello incluso pudiera incluir no solo a gente del gobierno, sino también de la oposición “colaboracionista”, que básicamente es un apéndice del propio gobierno.
El resultado de esto lo veremos en los próximos días. Y como en tantas otras cosas, cabrá esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo cierto del caso es que, contra lo esperado, el último trimestre del año arranca más agitado de lo normal, y pronostica una marea bastante movida de cara al año 2024.
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