Ahora que María Corina Machado ha salido victoriosa de las elecciones primarias celebradas el pasado domingo 22 de octubre la pregunta de rigor es si logrará sortear el veto que le ha impuesto el Gobierno. El escritor y filósofo Ernst Jünger usa una expresión en su libro La emboscadura para referirse a la posición privilegiada en la que se encuentra quien detenta el poder de manera autoritaria y abre la rendija electoral así sea para reafirmar su ego. La expresión es cautivadora: Jünger habla de la superioridad de quien hace la pregunta. Esa superioridad es la que ha mostrado la cúpula gobernante cuando pretende desterrar a la abanderada de Vente Venezuela de la contienda presidencial que se celebrará el próximo año. Pero hay razones para pensar que Nicolás Maduro estaría tentado a abrir el juego a cambio del perdón.
¿A cuál perdón nos referimos? Maduro tiene cuentas pendientes en Estados Unidos y en la Corte Penal Internacional (CPI), independientemente de que las acusaciones que pesan sobre él sean ciertas o no. Me refiero a lo fáctico. A lo real. El Departamento de Justicia dictó cargos contra él, y otros altos funcionarios de su gobierno, en marzo de 2020, por haber perpetrado presuntos delitos de narcoterrorismo (asociado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) y por, según la versión de Washington, haber conspirado para “inundar” de cocaína a los Estados Unidos. La pena para estos delitos va desde los diez años hasta la cadena perpetua. Esta investigación sigue en curso. Es una carta con la que cuenta Estados Unidos para presionarlo.
Ya existe un importante precedente que respaldaría lo que podríamos llamar la conjetura del perdón. Joe Biden indultó en octubre de 2022 a los dos sobrinos de Cilia Flores que habían sido condenados en una corte de Nueva York a 18 años de prisión por supuestos delitos de narcotráfico. Fueron detenidos en Haití en 2015. El gobierno venezolano, por su parte, liberó a cinco exgerentes de Citgo y a otros dos ciudadanos norteamericanos. Esta transacción se interpretó como un rutinario canje de prisioneros. Sin embargo, el indulto, que desató la cólera de los adversarios de Biden, también puede llevar implícito un mensaje de mucho más cálculo geopolítico. Estados Unidos hizo entrega de las joyas de la corona para infundir confianza en Maduro y su entorno. Era como decirle: “Mira de lo que somos capaces si colaboras”.
Maduro necesitaba una prueba de fuego -no una ecológica ramita de olivo, ni una retórica engañosa- para entablar negociaciones de hondo calado con Estados Unidos. Y Biden se la dio. Quizás este episodio de los sobrinos, que forman parte del Olimpo afectivo de Cilia Flores, fue uno de los grandes incentivos para que se firmara el Acuerdo de Barbados, cuyo alcance está por verse, y lo iremos viendo en la medida en que discurran los hechos, pero que por lo pronto pone sobre la mesa varios elementos concretos que debemos sopesar con la ecuanimidad que el caso amerita.
Uno: Se celebraron las primarias. El Gobierno ha podido apelar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o al mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) para abortarlas. Eso hizo en octubre de 2016 a escasos seis días de que se iniciara la tercera fase del referendo revocatorio. Lo hizo a pesar de que la oposición ya había recaudado cerca de dos millones de firmas. Esta vez, aunque ha habido acusaciones de fraude, las permitió, aunque ahora el Ministerio Público haya anunciado que adelantará una investigación penal contra los organizadores de la consulta ciudadana. El arma de siempre: la coacción.
El gobierno está habituado a asustar a sus contrincantes. Tampoco se la pondrá tan fácil a sus adversarios. Menos aún después de la participación tan alta de votantes que se registró. El chavismo no solo ve lo cuantitativo. También husmea en lo cualitativo. Los ciudadanos enviaron una señal categórica en el sentido de que están y estarán cohesionados alrededor de la figura de Machado para las presidenciales de 2024. Esta suerte de consenso alrededor de la candidata de Vente, que se oteaba en las encuestas, pero que quedó refrendado el domingo 22 de forma rotunda, le hace suponer al Gobierno que la estrategia de dividir a la oposición y de presentar como candidatos opositores a quienes no lo son, esta vez fracasará. La masa ha hecho su cálculo. Está muy clara en que debe imperar la economía del voto. Esto le complica las cosas al chavismo. Y por eso se defiende. El hecho fáctico es que las primarias se realizaron.
Dos: El gobierno consintió que se hicieran las primarias aún a sabiendas de que María Corina Machado llevaba la delantera y superaba por amplio margen a su contendor inmediato. Esto implica, de manera tácita, que se le levantó parcialmente el veto. El Maduro de 2018 no habría accedido a esto. Habría impedido la consulta de raíz. Habría pateado las mesas electorales. Los colectivos habrían boicoteado la jornada. Maduro ha actuado -no sabemos si después cambia de opinión y se radicaliza- guiado por la luz de la conjetura del perdón. Es que no es para menos: la base social del Gobierno se ha venido a pique. Las arcas están famélicas. Hay claros signos de una ruptura en el ámbito político-social.
La manera más conveniente de encausar ese descontento es a través de una transición ordenada. De no permitirlo, Maduro se verá ante la necesidad de reprimir. La represión solo retroalimentaría las graves acusaciones que ya pesan sobre él. La de mayor envergadura: la que se ventila en la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad. Y ese es un fardo que le conviene quitarse de encima. Es una afilada espada de Damocles que pende sobre él. Hoy puede evadir la justicia porque tiene el mando. Pero mañana, por cualquier circunstancia sobrevenida, podría no tenerlo. Es mejor comprar la póliza de seguro ya. Teniendo el poder, está en mejores condiciones para negociar. Y no solo negociar que se cierren los procesos en su contra, sino también que todo quede tan bien atado que, en el marco de las negociaciones, como suele ocurrir en este tipo de casos tan complejos y con tantos intereses en juego, se les garantice a él y a sus aliados que no serán objeto de persecución ni serán aplastados.
Ese es su gran dilema: si se decanta por la conjetura del perdón, podría librarse de la inquisición que, tarde o temprano, le esperaría. Dar un paso adelante le costaría el poder, pero el beneficio personal, a largo plazo, sería enorme. El razonamiento que vale para el caso de Maduro también es extensible a otros altos jerarcas chavistas que también han sido señalados por Estados Unidos. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, es investigado por la presunta comisión de delitos de narcoterrorismo y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos. El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, fue acusado por supuestamente haber conspirado para distribuir cocaína a través de una aeronave registrada en Estados Unidos.
Al margen de que estas acusaciones tengan un soporte o no, lo cierto es que existen. Washington -tal como advirtió Jorge Castañeda en un artículo publicado en The New York Times en marzo de 2020, luego de que el Departamento de Justicia hiciera públicas sus acusaciones contra Maduro y la plana mayor del chavismo- puede haberlas usado como parte de su ofensiva diplomática y política contra Venezuela. Castañeda recordaba en su nota la doble moral de Estados Unidos, que, decía el intelectual mexicano, sostiene relaciones “cordiales” con Honduras y Afganistán, países de dudosa reputación en cuanto a la contención del narcotráfico.
En vista de que las imputaciones de Estados Unidos son un hecho me permito incluirlas como piezas del complejo tablero de las negociaciones que se adelantan para procurar una salida pacífica a la crisis. Vale recordar que Maduro, Cabello y Padrino (hasta el momento de redactar esta nota) están incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Sus activos están bloqueados. Estas piezas, como resulta obvio, se manejan en la trastienda de la diplomacia, dada la naturaleza de los supuestos delitos que están de por medio. Así como a Biden le debe haber costado tomar la decisión de indultar a los sobrinos de Flores, igualmente puede ocurrir que, en otros ámbitos menos políticos, como el de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, haya reticencia a refrendar la conjetura del perdón. Son temas altamente sensibles.
Sin embargo, hay una referencia que puede ser útil para imaginar cómo se podría conducir este tema. Es la de Colombia. La CPI abrió un examen preliminar a este país en 2004 por la presunta comisión de graves crímenes contra los Derechos Humanos. La lupa estaba puesta en distintos actores: desde miembros de las fuerzas armadas colombianas hasta los grupos guerrilleros que hacían parte del conflicto (FARC, Ejército de Liberación Nacional, ELN) y los grupos paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC). El examen preliminar se extendió desde 2004 hasta 2021, cuando el caso fue cerrado.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, concedió una entrevista en octubre de ese mismo año 2021 a la periodista del diario El País de España, Inés Santaeulalia. La primera pregunta que le formuló la reportera fue por qué había decidido cerrar el proceso sobre Colombia. Khan respondió: “Estuvo bajo examen preliminar durante 17 años. Como jurista, uno tiene que cumplir con el Estatuto, y este dispone de forma muy clara que, si un Estado es sincero, está dispuesto y puede procesar los que son considerados crímenes por el Estatuto de Roma, la Corte no debe intervenir en ese proceso. Tras evaluar el admirable trabajo de la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz] con la Fiscalía General de la Nación, consideramos que ha habido un intento genuino por parte de las instituciones de Colombia de cumplir con sus obligaciones internacionales. Lo correcto era seguir apoyando a Colombia, pero no como parte del examen preliminar”.
Más adelante la periodista le preguntó si el caso de Colombia podría reabrirse. El Fiscal respondió: “Por supuesto. Tenemos ejemplos anteriores. El Estatuto de Roma lo deja claro. Mientras se siga la dirección adecuada y estemos aquí para apoyar en lo que podamos, como se prevé en el acuerdo, no intervendremos. Pero si alguna vez determinamos que los procesos son una farsa, que son ficción, que tienen como objetivo ocultar algo o que hay impunidad deliberada, mi oficina no tardará en intervenir y cumplir con sus propias obligaciones estatutarias”.
La entrevista se hizo en Bogotá. Khan tenía previsto hacer su primera visita oficial a Venezuela en lo inmediato. La reportera le preguntó: “¿Qué debería hacer el gobierno de Maduro para evitar la apertura de una investigación?”. El Fiscal hizo un comentario que está en línea con lo que en este escrito hemos llamado la conjetura del perdón: “El Estatuto de Roma es claro en cuanto a lo que se necesita. Si un país da un paso al frente, yo me haré a un lado”.
Khan precisa en la conversación con la periodista que va a Venezuela invitado por Maduro, lo que no es un dato menor. El detalle sugiere que Maduro al menos ha contemplado la posibilidad de hacer uso de esa suerte de garantía que contempla la instancia penal internacional para obtener beneficios a cambio de despejar el camino democrático. Hay que hacer la salvedad de que desconocemos si lo que aplicó para Colombia será válido para Venezuela al extremo de cerrar el caso. Desde que Khan formuló su comentario hasta hoy las investigaciones que adelanta la instancia internacional han avanzado mucho.
Esto es un complejo rompecabezas. Cuentan muchos factores. La Haya es uno. La investigación del Departamento de Justicia es otro. Las sanciones económicas también pesan. La forma en la que la élite chavista -ya no nada más Maduro- vea las cosas es igualmente importante. Y los cubanos. No hemos hablado de los cubanos. Eso sería tema para otra nota. Lo concreto es que el Gobierno ha dado un primer paso: Barbados. Pero esta esperanza de cambio puede desvanecerse por algún imponderable. O porque, aunque Estados Unidos haya extendido el indulto, en un gesto riesgoso, y pese a que pudiera haber alguna fórmula en la CPI que le permita al Gobierno negociar, la desconfianza lleve a Maduro a lanzar la conjetura del perdón al cesto de la basura.
El temor a que la contraparte lo traicione, a que le tiendan una emboscada, a que no honren lo pactado, es un incentivo para que Maduro y sus aliados se arrepientan de acceder a celebrar unas elecciones libres y competitivas. El olfato es capital en una operación como la planteada. Maduro es un sabueso. Por eso es muy importante que la oposición sepa hablar el idioma de la transición, de la moderación, del sosiego, de la inclusión. El tacto que se debe tener en este momento es el mismo que se requiere para desactivar una bomba. Cualquier error se pagará caro.
Desde que en marzo de 2015 el gobierno de Barack Obama declarara a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, el chavismo ha entendido como nunca que su contendor dispone de un arsenal para moverle el piso. Pero, por su parte, el chavismo también sabe que cuenta con factores a su favor, como el de la superioridad del que hace la pregunta. La variable Jünger. Es decir: la superioridad de quien detenta el poder bajo la modalidad autoritaria. A esa supremacía se suma otro factor geopolítico como la guerra de Rusia contra Ucrania, que hizo que Washington volteara otra vez hacia Venezuela como suplidor de petróleo. La trama es engorrosa. Nadie se lo puede llevar todo.
Artículo publicado en La Gran Aldea
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