La Corte Constitucional de Colombia declaró que cinco decretos relacionados con la emergencia económica, social y ecológica declarada el pasado 2 de julio en el departamento de La Guajira (norte) por el gobierno del presidente Gustavo Petro son contrarios a la Constitución, «inexequibles».
El paquete de decretos estaba relacionado con sectores priorizados en la declaratoria, entre ellos asuntos referentes a la salud, educación, energía, acceso al agua y saneamiento básico, entre otros.
El alto tribunal informó este jueves en un comunicado que la Sala Plena «resolvió declarar la inexequibilidad, con efectos retroactivos (es decir desde la fecha de su expedición por parte del Gobierno nacional), del Decreto 1270 de 2023, mediante el cual se adoptaron medidas en materia de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira».
Tampoco pasaron el control constitucional el decreto por el cual se adoptaron medidas para la recuperación de las Salinas Marítimas de Manaure y el que buscaba asignación o modificación de obligaciones de hacer contenidas en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, para el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Igualmente el referente al que pretendía medidas de emergencia para la protección de la riqueza cultural wayúu y el que creaba una institución de educación superior para ese pueblo indígena.
Emergencia en La Guajira
Petro declaró la emergencia en ese departamento con el argumento de que «se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos» anunciaban «una sequía que antes nunca se había visto en La Guajira, que agrava el fenómeno de El Niño y la crisis climática».
El pasado 2 de octubre la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1085 de 2023, mediante el cual el gobierno Petro declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, a propósito de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento.
El objetivo era utilizar el mecanismo en esa región desértica ante las condiciones que allá se viven, especialmente la falta de acceso al agua y los más altos índices de pobreza del país, así como el mayor número de muertes de niños por desnutrición.
Esta herramienta le permite aprobar decretos que, usualmente, deberían pasar antes por el Congreso.
La Guajira es el departamento con las cifras más altas de desnutrición infantil, con un total de 1.954 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años el año pasado, en una región habitada mayoritariamente por comunidades indígenas wayúu que viven en condiciones muy precarias, con dificultades de acceso al agua, alimentación y otros servicios básicos.
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