El PSOE y Sumar, por medio de sus respectivos líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, acaban de firmar un Acuerdo de legislatura que incluye 230 medidas. Para entender el contenido del acuerdo hay que recordar lo básico: no hay investidura posible para Pedro Sánchez sin los 31 diputados de Sumar. Por lo tanto, Sánchez, fiel a su estilo, está dispuesto a dar lo que sea que se le pida.
Es lo mismo que ocurrió en la legislatura pasada, pero aumentado. Igual que un niño que pide regalos y los consigue, cada vez hace pedidos mayores, lo mismo sucede con Yolanda Díaz. Y el punto central es que la señora Díaz es comunista. Por eso, la política económica de la pasada legislatura fue esencialmente comunista (tómese el programa de Podemos de las elecciones de 2019 y se encontrarán hasta 15 propuestas que fueron puestas en marcha por Pedro Sánchez).
¿Qué significa que Yolanda Díaz sea comunista? Que es una persona a la que le parece bien lo que ocurre en Venezuela. Por lo tanto, todas sus propuestas e ideas nos conducen en esa dirección. Podrá pensar el lector que exagero, pero lamentablemente no es así. Ni los argentinos en los años sesenta imaginaron cómo estaría su país 20 años después (y 30, y 40, etc.), ni los venezolanos en 1999 se imaginaron la decadencia que les aguardaba en el futuro próximo. Cualquier pronóstico en ese sentido habría sido descalificado por «catastrofista».
El proceso de decadencia en España ya ha comenzado. Muy lentamente, pero ha comenzado. Una forma de verlo es comparar el PIB por habitante de todos los países del mundo (medido en dólares constantes de un mismo poder adquisitivo). En 2018, España ocupaba el puesto número 32. En 2022 ocupaba el 37º lugar. En cada uno de esos cinco años se perdió una posición, período en el que fuimos superados por Chipre, Eslovenia, República Checa, Israel y Aruba.
El acuerdo firmado por Sánchez y Díaz, por tanto, profundiza en la ruta cuyo destino es Venezuela. Y lo hace con las mismas herramientas: desconocimiento del derecho de propiedad, invasión de contratos privados, mayor confiscación de patrimonios privados, mayor progresividad tributaria y mayor intervencionismo. Medidas cuya inspiración última es el mismo Manifiesto Comunista de 1848. Un texto que proponía medidas para demoler nuestro sistema de mercados libres y propiedad privada. Tal el objetivo último de Yolanda Díaz y los comunistas a quienes el PSOE abrió las puertas del poder.
Erróneamente, se enfoca este Acuerdo como algo que «pagarán las empresas». Eso es parcialmente cierto, porque lo pagará, de llegar a aplicarse, la sociedad entera. Porque si se obliga a pagar el mismo salario por menos trabajo, se aumenta continuamente el salario mínimo sin tener en cuenta la productividad, se amenaza con una «participación más eficaz» de los asalariados en sus empresas, se dificulta la adaptación de las plantillas a cambios en el contexto económico, se mantienen impuestos «con nombre y apellido» (bancos y eléctricas) y se extiende la idea de que cualquier capricho puede convertirse en regulación económica (como la intensión de prohibir los vuelos interiores de menos dos horas y media), entre muchas otras cosas, el resultado solo puede ser uno: la reducción de la inversión empresarial. Si las empresas invierten menos, cae la creación de empleo y es más difícil salir del paro. Por eso, de una forma u otra, todos pagaremos el peaje de la ruta hacia Caracas.
Muchos se preguntan cómo es posible lo de Argentina, donde el ministro de Economía, en un país con una inflación de 150%, es candidato y gana la primera vuelta de las elecciones. Es posible porque, en nombre de la «justicia social», se reparten una miríada de subsidios que suponen una enorme y creciente bolsa de votos cautivos. Eso mismo es otro de los objetivos del Acuerdo PSOE-Sumar, que incluye la ampliación de todo tipo de subsidios, con la misma meta que el kirchnerismo: votantes condicionados para perpetuarse en el poder.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & Asociados | @diebarcelo
Artículo publicado en el diario El Debate de España
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