El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha propuesto a sus homólogos europeos la revisión de las sanciones de la UE a Venezuela a la luz de los avances registrados en el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
Albares ha formulado esta propuesta durante el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado en Luxemburgo, planteando que los Veintisiete estudien «la revisión de las sanciones de la Unión Europea a Venezuela en línea con las recientes decisiones de Estados Unidos en ese sentido y vista la evolución positiva del diálogo entre venezolanos».
El ministro se refería con ello al acuerdo alcanzado la semana pasada en Barbados por el gobierno y la Plataforma Unitaria que aglutina a los principales partidos opositores para la celebración de elecciones presidenciales en la segunda mitad de 2024, el cual recoge entre otras cosas «el derecho de todo partido político a elegir a su candidato para las elecciones presidenciales de forma libre y conforme a sus mecanismos internos».
El acuerdo y las sanciones
A raíz de ese acuerdo, Estados Unidos anunció el levantamiento temporal de algunas sanciones impuestas al sector petrolero venezolano, tras lo cual Caracas procedió a la liberación de cinco prisioneros políticos, entre ellos el exdiputado Juan Requesens y el periodista Roland Carreño.
Según ha dicho Albares, el alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, «ha estado de acuerdo» con su solicitud y ha anunciado que llevará «ese estudio de revisión» a un próximo Consejo de Asuntos Exteriores.
En julio, durante la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), Borrell ya había hecho saber que la UE estaría dispuesta a aliviar las sanciones siempre y cuando se produjeran avances hacia la celebración de comicios «inclusivos» y «democráticos».
La UE mantiene un embargo de armas y de todo material que pueda emplearse para la represión interna en Venezuela, así como la prohibición de viaje y la congelación de bienes a 55 responsables venezolanos de abusos de los derechos humanos y de haber lastrado la democracia y el Estado de derecho en el país.
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