En mayo de 2023 se oficializó por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el fin de la pandemia del covid-19. No obstante, el Ministerio de Educación, a pesar de que se ha comenzando el año escolar 2023–2024, el cual pareciera que sólo presenta enormes debilidades en términos de la praxis pedagógica y con una destrucción de la carrera docente sin precedentes en el país, ni siquiera nos muestra cifras oficiales del quiebre educativo que significó la pandemia en Venezuela.
En tal sentido, pareciera que Yelitze Santaella y sus “colaboradores” ignoran que la operacionalización de las variables de una investigación cualitativa asociada con una crisis sanitaria que impactó en forma de (pos)pandemia a la sociedad, forzando el cierre de instituciones educativas, y restringiendo la mayoría de actividades laborales, y prácticamente anulando por completo las relaciones sociales, y marcando en sus inicios temor en la población por sus efectos demoledores por sus síntomas y eventual muerte en quienes tuvieron que padecerla, así como su rápido contagio sobre los seres humanos, convirtió este evento en un constante encierro en sus hogares de cada familia.
Ante ello, en relación con esta realidad, conviene recordarle a las autoridades educativas que todos los objetivos de la investigación, desde el general hasta los específicos que estén marcados con lo sucedido con lo que fue el covid-19 deberían estar interrelacionados en los dos contextos situacionales de su praxis: pedagógico y derechos humanos, porque para alcanzar el primero, eran necesarios los segundos, es decir, no se podría hablar de éxito o logros de una “educación a distancia”, e incluso en términos de normalidad pedagógica, si derechos fundamentales como la alimentación o la salud no son debidamente cubiertos por las familias, y menos si éstos quedan vinculados por la magnitud de las acciones que deriven del Estado, porque si éste resulta ineficiente en las políticas públicas, también será ineficiente el resultado en los términos de la educación como generadora de conocimiento, bienestar y desarrollo social.
Así tenemos que los principios esenciales de la vida, ante una investigación de estas características, dadas sus condiciones inéditas, tendría que buscar como fuente principal la libertad del pensar; razón por la cual es oportuno valorar las palabras del doctor Blanco (1988) sobre investigaciones en general: “Los profesores de metodología, a quienes se nos ha impedido dar el salto hacia la verdadera investigación, nos convertimos entonces en altavoces de las fórmulas. Explicamos y volvemos sobre los complejos pasos de la investigación social. Diga qué es la investigación. Enuncie un problema. Teorice no toque la realidad. De aquí a la metodología y la falsedad y la mentira no hay ninguna distancia. Cátedras de metodología: se hacen esquemas, fichas y apuntes metodológicos y “técnicos”. Ventas de escalas y procedimientos. Se prohíbe pensar. Todo pensamiento es ideológico, político, comprometido, subjetivo y esto simplemente negaría la ciencia, el saber puro. La “falsa ciencia”, la religión incontaminada continúa su proyección. El mal metodológico en educación inferior y superior es el mismo. El primer aniquilamiento metodológico, castración, negación del pensamiento y la creatividad se hace a nivel de niño, de la escuela. Se trata de formar mente desde entonces dóciles y serviles. Una vez que esto ocurre el mandado estaré hecho”. (p. 104).
Por consiguiente, integrar con libertad del pensamiento el oxigonio: estudiantes, padres o representantes, y educadores, ante una visión restrictiva de la educación que se originó como efecto del covid-19, tomando como base esencial el derecho a la vida, no se puede decir que por el hecho de preservar la vida biológica se “vive”, cuando las escalas de alimentarse, vestirse, curarse ante una enfermedad, estar con una familia y en una vivienda en condiciones dignas no sean realmente cubiertas por quienes están “viviendo”. Eso sería un contrasentido, en este caso para cualquier Estado que diga que “garantizó derechos humanos”, por el siempre hecho de haber suspendido las clases presenciales durante un tiempo determinado, mientras la ciencia apresuraba su paso con la aparición de las vacunas que pudieran “contrarrestar la pandemia”.
Los estadios del coronavirus, si bien luego de los procesos de vacunación a escala mundial se han reducido en su número de muertes y contagios, y ello ha permitido que las clases presenciales se encuentren en un proceso de gradualidad hacia la “normalidad absoluta” que para autoridades como el ministro de educación de Chile señala que pudiera tomar una década, nos obliga a los investigadores a comprender el fenómeno situacional desde todos sus espacios de complejidad social, porque en lo sucesivo no puede descartarse que en el futuro se viva otra condición sanitaria similar, incluso con mayor gravedad. Lo importante en la generación del conocimiento está en la libertad de pensar, y en el cómo acceder a ese conocimiento.
Es necesario estudiar, investigar y determinar el impacto causado del covid-19 en nuestras escuelas y liceos, que a primeras luces ha sido demoledor, aunque nuestras “autoridades” ni siquiera lo mencionan, cuando la realidad es que tenemos planteles postrados no sólo en sus infraestructuras, sino también en los números de asistencias de estudiantes y docentes.
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@_CarmenSulay
*Magister en Administración Educativa (UNA)
Tesis de Maestría sobre el impacto del covid-19 en Pampatar, Nueva Esparta
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