Era enero de 2012 y el equipo campeón del baloncesto profesional de Venezuela, Marinos de Oriente, se disponía a presentar a sus nuevos directivos. La franquicia tenía un nuevo dueño: Carlos Alberto Silva Caraballo, un exlanzador que completó nueve temporadas en las Grandes Ligas del beisbol de Estados Unidos.
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Entre los rostros que quedaron ese día retratados en la prensa como asistentes al evento, despuntaron los de dos abogados y amigos cuya influencia mancomunada pronto iba a superar el ámbito deportivo y que, en pocos años, lograrían controlar buena parte del poder judicial venezolano: uno era el de Tarek William Saab, entonces gobernador del estado Anzoátegui -sede del equipo, sobre la costa nororiental del país-, quien lucía una camisa polo amarilla, cruzada por rayas blancas, con unos grandes lentes oscuros; y el otro era el nuevo presidente de la organización, Gustavo Ernesto Mendiri Borges, quien apareció con una camisa manga larga de tela azul marino.
Hoy los dos amigos representan dos caras distintas, pero complementarias, de un sistema de justicia sobre el que pesa la acusación de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos. Saab es el todopoderoso fiscal general de la República, designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente de 2017, mientras Mendiri es un conocido cabildero, una especie de consigliere, con capacidad para inclinar la balanza del máximo tribunal del país a dónde le sea más conveniente a sus amigos o al mejor postor.
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