El abogado Juan Berríos, coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), señaló que las intervenciones policiales en las cárceles venezolanas revelan la ausencia de control efectivo, así como una crisis de hacinamiento profunda.
En entrevista con Radio Fe y Alegría, Berríos recordó que la respuesta ante la crisis en las cárceles son las intervenciones e incluso la promesa de crear nuevos centros. «Pero mientras el servicio judicial no funcione de manera efectiva y las partes policiales no hagan parte de ese esquema, es difícil tener una solución a corto plazo”, dijo.
“La mayoría de las personas se encuentran allí sin juicio y sometidas a una investigación judicial desde hace muchos años, sin que haya avance en sus casos. Por lo cual hay una crisis penitenciaria y judicial bastante compleja”, señaló.
Sin embargo, no solo los reclusos padecen. El coordinador de Codhez explicó que también los trabajadores del sistema también enfrentan dificultades. Entre otras, bajos salarios, condiciones de trabajo inadecuadas, falta de capacitación y deserción de funcionarios más antiguos.
Frente a tal panorama, no existe un diagnóstico para conocer cómo se encuentra el sistema penitenciario venezolano. Son escasas las cifras que determinen el número de reos o su calificación de acuerdo con sus competencias.
“Los servicios de justicia no sirven a su propósito fundamental, que es resolver conflictos, y que, además haya confianza de la gente en que sus conflictos puedan ser resueltos a través de este servicio”, dijo el también docente universitario.
Las prisiones venezolanas y sus problemas estructurales
En 2021 se instaló la Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial. Tal organismo del Parlamento tenía el propósito de reformar leyes y agilizar la libertad de los presos (de acuerdo con su sentencia).
En Codhez señalan que la situación en las cárceles tiene que ver con un problema de orden estructural que va de la mano con un compromiso por respetar la independencia judicial. Es decir, no solo en los tribunales sino también en otras ramas como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo.
“Evidentemente hay un anuncio. Pero observamos que hay los mismos problemas”, señaló Berríos con respecto a la participación del Estado.
Hizo hincapié en la necesidad de educación judicial para fiscales del Ministerio Público y demás funcionarios que se dedican a esta profesión. “No hay estructuras de formación apropiadas y no hay ingresos por concurso a la carrera: eso no juega nada a favor de una justicia independiente”, dijo.
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