Han pasado meses desde que el gobierno de Venezuela inició un operativo especial para combatir la galopante corrupción que se incrustó en instituciones públicas y que hasta el momento ha arrojado como resultado detenciones de funcionarios de alto nivel, militares, jueces y empresarios.
Con las investigaciones que se han llevado a cabo y las confesiones de los detenidos que han delatado a más miembros del grupo que acumuló aproximadamente 18.000 millones de dólares, la justicia venezolana ha hecho allanamientos a lo largo y ancho del país para tomar “en resguardo” bienes provenientes de actos de corrupción.
Pero esto no termina aquí. Cada día aparecen más indicios de hechos que se presume que estarían conectados con los operadores financieros de Pdvsa y las empresas básicas de Guayana.
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Mafias de la chatarra
Pedro Maldonado, expresidente de la CVG, aportó datos importantes para descubrir el tramado de corrupción que se había incrustado en las empresas básicas de Guayana, resaltando en esta oportunidad las mafias de la chatarra.
Quienes comercializan con material estratégico o chatarra han acumulado grandes fortunas en los últimos cuatro años y a pesar de que el Estado venezolano quiso regular esas operaciones, las mafias lograron esquivar los controles y compraron a funcionarios públicos encargados de emitir los permisos para comercializar y exportar chatarra, al punto de convertir los puertos venezolanos en depósitos gigantescos de chatarra para ser exportada a Turquía a través de empresas constituidas en Venezuela y en República Dominicana.
Las investigaciones recaen sobre el desmantelamiento de empresas como Sidor, Venalum, Alcasa y Bauxilum, las cuales han sido víctimas de un proceso de saqueo de sus instalaciones y reducidas a toneladas de chatarra no solo con material que se creía no operativo sino con maquinaria que aún se mantenía en funcionamiento y fue desarmada para exportar y vender como chatarra en el extranjero con el fin de acumular fortunas que nunca llegaron a las arcas de la nación.
Los datos obtenidos apuntan a los puertos de Guanta en el estado Anzoátegui y de Puerto Cabello en Carabobo, donde a diario llegan gandolas provenientes del sur de Venezuela con material estratégico de las empresas básicas con permisos firmados por militares de alto rango puestos para complacer la corrupción de las mafias que operan con ese rubro.
A mediados de marzo, Diosdado Cabello dejó saber en su programa Con el mazo dando que se adelantaban investigaciones contra quienes comercializaban con el material estratégico, a los que denominó “las mafias de la chatarra”, e inmediatamente se encendieron las alarmas y empezaron a señalarse unos con otros para apostar quienes caían primero.
Pegasus Group, la fachada de Bismark Carretero y sus socios
Entre las empresas investigadas por estar estrechamente ligadas a las mafias de la chatarra se encuentra Pegasus Group, la cual fue registrada en República Dominicana (donde fue detenido Daniel Prieto, testaferro de Hugbel Roa) bajo el número 560455, del 28 de agosto de 2019 (fecha que coincide con el inicio de la operación para desmantelar las empresas básicas), que estaría bajo la dirección de Bismark Francisco Carretero Reyes, ciudadano venezolano vinculado al mundo de la aviación con cédula de identidad 18.852.025, y que ahora sería uno de los responsables directos del desmantelamiento de Venalum y Sidor para comercializar el material estratégico obtenido.
Bismark Carretero es uno de los operarios que se encarga además de sobornar con sustanciosas sumas de dinero en efectivo a militares y funcionarios en las rutas por donde transportan la chatarra hasta los puertos. Se le conoce además por poseer lujosos apartamentos y quintas en las zonas más privilegiadas de Caracas, así como una colección de vehículos de alta gama, es dueño de concesionarios, equipos de fútbol, centros profesionales de pádel y, por si fuese poco, su pasión por el mundo de la aviación lo ha llevado a adquirir media docena de aeronaves en las cuales se traslada por el territorio nacional transportando dólares en efectivos para sobornar a los funcionarios y para atender los caprichos de otros enchufados con los que se relaciona.
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