La agudización del conflicto educativo 

Por Equipo Editorial 

Se inicia un año escolar, el anterior 2022-2023 nunca llegó a serlo. Y es simple. No puedes ser «año escolar» cuando de un período de 200 días hábiles, máximo si se cumple un tercio de ese tiempo. Y ahora, para el 2023-2024 la realidad no promete ser distinta, que la ministra de educación comienza prometiendo algo que sabe es imposible de acometer, y para ello, pues, que mejor que proferir amenazas sobre el gremio docente, diciendo que «instalará» sistemas de verificación «QR» -valga el anglicismo en su palabra- cuando los planteles ni siquiera tienen agua para los sanitarios de sus espacios «educativos».

Y ante ello, el régimen de Nicolás Maduro no tuvo mejor idea que llenar las destruidas infraestructuras de los planteles que de policías y militares, buscando intimidar a docentes y representantes, que por alguna razón, hubiesen hecho del 2 de octubre, un día de protesta nacional en materia de educación.

O sea, que ante falta de sistemas que resultan fantasiosos para controlar la asistencia de docentes y estudiantes en las escuelas y liceos, los policías y militares que deberían estar atendiendo la criminalidad y la geografía del país en sus líneas más recónditas, terminaron siendo agentes del chantaje y amedrentamiento sobre el magisterio, lo cual no solo viola la Constitución y la Ley Orgánica de Educación, sino que también se contrapone a la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, y pasa por encima de la I Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde Venezuela es Estado-Parte.

Ante esta realidad, el panorama es más complejo, porque tales declaraciones las emite la «ministra» luego de afirmar que no habrá aumento salarial para los educadores, sugiriendo que tengan  «fe» para que los 10 dólares al mes que paga en promedio el ministerio de educación a cada docente, sean multiplicados como los panes y peces que logró Jesucristo, solo que ente caso, ella lo sugiere que lo hagamos en la compra de alimentos para nuestros hijos y familias.

Semejantes declaraciones de Yelitze Santaella, además de que merecen nuestro repudio, y condena, por el envilecimiento con el cual las pronuncia, deja en evidencia el odio, desprecio y propósito por la destrucción tanto de los educadores, así como de todo el contexto de la educación en nuestro país.

De hecho, que la «ministra», quien siendo gobernadora de Monagas emplazó en algún momento a los docentes para que ante el reclamo de estos por los nulos salarios se fueran a «vender cambures», incluso enfiló su lengua contaminada de bazofia política, asegurando que las maestras y profesores que no fueran a trabajar de «lunes a viernes» serían de «extrema derecha», y por ende, aplicado los «procedimientos correspondientes» de destitución, cuando la realidad es que existen no menos de 3 mil educadores que desde 2016, fuimos echados de la nómina, sin ni siquiera cartas de despido.

Por supuesto, ante miserable conducta de la ministra, no podía faltar que el seudosindicalista Orlando Pérez definiera a los docentes que protestan por mejoras salariales como «tarifados», lo que coloca a tal individuo como una escoria de la educación, y quien solo demuestra su apego a las prácticas neototalitaristas y neoesclavizantes de quienes controlan el poder político en Venezuela.

La situación educativa en Venezuela vive oscuros momentos. La crisis generada por el madurismo ha destrozado todo el tejido social y la educación ha sido su principal víctima social.

Por lo pronto, los educadores seguiremos levantando las banderas de la dignidad, la lucha y el respeto por los derechos humanos que individuos como Yelitze Santaella y Orlando Pérez pretenden pisotear como si los docentes fuéramos los reductos de sus violaciones constitucionales y jurídicas.

¡No vamos a rendirnos! El magisterio venezolano estará en las calles luchando por mejores salarios y una educación digna para nuestros niños y adolescentes.