Un tribunal de Irán condenó a dos periodistas a tres años de cárcel, con cerca de un mes de presidio efectivo y la mayor parte de la pena de prisión en suspenso, por cargos de «conspiración» y «colusión», informaron este domingo los medios locales.
Elnaz Mohamadi, del diario reformista Ham Mihan, y Negin Bagheri, que trabaja en el medio Haft-e Sobh, fueron condenadas a purgar un 1/40 de su pena con presidio efectivo, lo que equivale a cerca de un mes, informó su abogado, Amir Raisian, al diario de una de las procesadas.
«El resto de la condena quedará en suspenso», agregó. Durante un periodo de cinco años las reporteras condenadas deberán seguir cursos de «ética profesional» y tendrán prohibido salir del país.
Elnaz Mohamadi fue detenida durante una semana en febrero y no se conocen los motivos. Es hermana de Elahe Mohamadi, que también trabaja para Ham Mihan y que está detenida desde septiembre de 2022. Esto, por haber informado sobre el funeral de Mahsa Amini.
La muerte de Amini, una joven kurda que falleció en detención tras ser arrestada, generó una ola de manifestaciones en Irán. La policía la detuvo por supuestamente haber infringido el estricto código de vestimenta que rige en la República Islámica.
Cientos de personas, incluyendo decenas de agentes de seguridad, murieron durante esta movilización.
Ley del velo
El gobierno de Irán busca aprobar de urgencia y a puerta cerrada la nueva ley del velo, que endurecería las penas por la falta de uso de la prenda islámica, en una pequeña comisión y no en sesión plenaria del Parlamento para “evitar un movimiento contra el hiyab”.
El Parlamento iraní aprobó 13 de agosto referir el «Proyecto de Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hiyab» a una comisión judicial y cultural con 175 votos a favor, 49 en contra y 5 abstenciones del total de 238 diputados presentes, informó la web del hemiciclo Icana.
Así, el Ejecutivo evita presentar la ley ante los 290 parlamentarios y el debate público que ello conlleva. Además de revisar las numerosas enmiendas que se han presentado, a meses de las elecciones parlamentarias de marzo.
El proyecto lo estudiarán y votará una comisión judicial y cultural a puerta cerrada. Esta tiene capacidad para aprobar el proyecto “a modo de prueba” durante un periodo de tiempo de entre tres y cinco años. Es algo que permite la Constitución del país en su artículo 85.
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