«La violencia política por parte de grupos armados progobierno en Venezuela se ha intensificado a medida que avanza la campaña preelectoral para las elecciones presidenciales del 2024, revalidando una estrategia que ha servido al oficialismo en elecciones pasadas», así comienza un reporte publicado por el portal especializado en criminalidad InSight Crime a propósito de los ataques que se han suscitado en actos de campaña de los opositores postulados a las elecciones primarias.
El portal señaló que en lo que va de año ha contabilizado al menos 13 ataques contra líderes opositores en el contexto de las campañas para las primarias que se celebrarán el 22 de octubre. En estos comicios se elegirá al candidato unitario que enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.
Capriles y Machado
El portal mencionó los hechos del 16 de agosto, cuando presuntos colectivos y grupos armados oficialistas atacaron eventos de campaña de Henrique Capriles en el estado Apure, donde 39 personas terminaron heridas.
InSight Crime también detalló los recurrentes ataques contra María Corina Machado, la precandidata con mayor opción de ganar las primarias.
«En julio, grupos armados bloquearon la vía al estado Guárico, ubicado en el centro del país, para impedir su visita a la región», indicó.
Y señaló que se han dado otras acciones intimidatorias contra precandidatos presidenciales.
«Sedes del partido político opositor Vente Venezuela en Táchira y Guárico fueron blanco de grafitis en los que presuntamente grupos criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene presencia en Colombia y Venezuela, y el Tren del Llano amenazaron a Machado, aunque el ELN negó la autoría de los grafitis», precisó el portal.
A continuación se incluye íntegro un análisis de InSight Crime.
Análisis sobre la actuación de grupos armados
«La violencia electoral por parte de grupos armados ha sido una estrategia recurrente del gobierno de Maduro para salir victorioso en procesos electorales ante la falta de apoyo popular y legitimidad.
El gobierno venezolano mantiene desde hace tiempo conexiones con grupos criminales, como detalló InSight Crime en una reciente investigación. Estos grupos armados híbridos, como los colectivos, desempeñan un papel clave a la hora de garantizar la victoria del partido gobernante, aprovechando el control territorial y coaccionando a la población. Las encuestas indican que más del 85% de los venezolanos valoran negativamente la administración de Maduro, frente a un índice de desaprobación de 70% durante las últimas elecciones presidenciales de 2015.
En elecciones pasadas, InSight Crime ha visto cómo estos actores criminales promueven las campañas de los candidatos del gobierno y afirman el control en sus territorios para empujar a la gente a votar por el partido gobernante de Maduro. En los días de elecciones, amenazan a los trabajadores electorales, a veces incluso tomando los centros de votación en las zonas rurales.
Políticos locales del municipio de Seboruco, en Táchira, que pidieron permanecer en el anonimato, contaron a InSight Crime cómo durante las elecciones regionales de 2021, el ELN cerró centros de votación y ordenó a la gente que votara por el candidato del gobierno. Otros políticos y periodistas denunciaron injerencias similares del ELN en Táchira.
A cambio, estos grupos se benefician económicamente de las campañas y luego de resultar electos, los funcionarios los han premiado con recursos y ayudas, como ocurrió en el barrio 23 de Enero en Caracas, donde la alcaldesa Carmen Meléndez premió a colectivos que hicieron campaña a su favor en 2021 con recursos para sus comunidades como instalaciones deportivas y un centro productivo.
Muchos de los casos de injerencia y violencia electoral denunciados este año se han atribuido a personas conocidas por ser progobierno, pero su pertenencia a un grupo armado concreto no se ha podido confirmar.
Sin embargo, la investigación de InSight Crime sobre la violencia electoral en Venezuela ha demostrado que los grupos armados híbridos emplearon un enfoque similar en las elecciones regionales y locales de 2021. Los colectivos utilizaron la intimidación, la represión, el sabotaje y las amenazas contra los opositores para minimizar y disuadir su participación en las elecciones.
Estos grupos también han agredido físicamente a líderes de la oposición y a sus simpatizantes, como sucedió en 2021 en el estado de Zulia, donde murió una persona, y en 2017 en Táchira, donde murieron dos.
«En tiempos electorales y de protestas, incrementa el flujo de dinero a colectivos. Es predecible que de aquí al 2024 se rearmen los colectivos por lógica de supervivencia», dijo un politólogo consultado por InSight Crime que pidió mantener su identidad en anonimato. De aquí a las elecciones de 2024, añadió, es probable que se incremente la actividad de los colectivos en busca de esos fondos».
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