Por diversas razones, América Central se ha convertido en un verdadero y enorme agujero negro. La calidad de su democracia ha sido puesta en cuestión en prácticamente toda la región y sus instituciones por lo general distan mucho de cumplir los propósitos para las que fueron creadas.
En la mayor parte de los países centroamericanos los pesos y contrapesos han saltado por los aires en beneficio de presidentes capaces de concentrar en torno a su figura un poder casi omnímodo, incluso dictatorial. ¡Cómo serán las cosas qué hasta Costa Rica, otrora modelo democrático, ha cedido al empuje del populismo!
En América Central, incluso de manera más evidente que en otras regiones, tanto de dentro como de fuera del hemisferio, el populismo atraviesa visiblemente todo el espectro político – ideológico y no es patrimonio exclusivo de ninguna facción partidaria.
En esta categoría podríamos incluir, por un lado, al matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo (Nicaragua) junto a Xiomara Castro (Honduras), mientras que por el otro tenemos a Nayib Bukele (El Salvador). Incluso no se debe olvidar a Rodrigo Chaves (Costa Rica) más indefinido políticamente, pero igualmente peligroso por sus ataques a los pilares de la representación política y sus tendencias claramente caudillistas.
Con independencia de su adscripción política es notable como los gobernantes centroamericanos se protegen entre sí, emulan aquellas medidas jurídicas más adecuadas para mantenerse en el poder o replican políticas represivas.
Buena prueba de ello es el generalizado ataque a la libertad de expresión o la persecución contra los periodistas. De alguna manera, aunque con un propósito diferente, se puede decir que la integración centroamericana funciona, aunque más no sea para avanzar en la internacionalización del crimen organizado o en la regionalización de la corrupción.
Quizá sea la llamada “lista Engel”, la relación elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para perseguir a los “actores corruptos y antidemocráticos”, uno de los más claros ejemplos de cuán generalizadas están ciertas conductas en toda América Central. Inicialmente esta medida se pensó para los tres países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), pero luego se extendió a Nicaragua, una vez que se hizo evidente la magnitud de la deriva antidemocrática de la dictadura neosomocista allí imperante.
La sola existencia de esta lista, que impide a los implicados su entrada en Estados Unidos (o su expulsión inmediata), fue motivo de polémica. Las autoridades de los países afectados la entienden como un instrumento injerencista y “motivado políticamente”.
Al mismo tiempo, ciertas instancias “progresistas” estiman que es una muestra más del imperialismo yanqui, que de forma sistemática viola la soberanía de los países latinoamericanos e impone sanciones a todo aquel que no comulga con sus puntos de vista, sin preguntarse en qué medida los allí mencionados vulneran los derechos individuales y las libertades ciudadanas.
Más allá de estas críticas habría qué preguntarse quiénes son los 161 personajes incluidos en esta relación (48 de Guatemala, 46 de Honduras, 31 de El Salvador y 36 de Nicaragua). La lista Engel surge a partir de la Ley de Compromiso Reforzado con el Triángulo Norte, y comprende autoridades públicas (incluyendo expresidentes), políticos, empresarios y dirigentes de cualquier sector.
Resulta interesante apuntar que entre los guatemaltecos presentes en este grupo destacado están Rafael Curruchiche, a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juez Fredy Orellana, el mismo que envió a juicio al fundador de el Periódico, José Rubén Zamora, y la fiscal general Consuelo Porras. Todos ellos son impulsores y responsables de la persecución judicial contra el Partido Semilla y su candidato Bernardo Arévalo, que el 20 de agosto debe disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra la ex primera dama Sandra Torres.
No por casualidad en Guatemala se habla de un “pacto de corruptos”, una especie de conjura en la cual están involucrados narcotraficantes, magistrados y fiscales, políticos y autoridades de diverso pelaje, con el respaldo evidente de ciertos sectores de las elites poco dispuestas a perder el poder.
De ahí la ofensiva en su día contra la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), que funcionaba bajo el paraguas de la ONU, también contra aquellos candidatos que en sucesivas elecciones podían inquietar al establishment o más recientemente contra Arévalo, que de forma sorpresiva está en condiciones de disputar el balotaje.
Si esta situación se mantiene en buena parte de América Central, e incluso en algunos países del Caribe como Haití, es debido a la complicidad de las elites económicas y políticas, bien en abierta colusión con los criminales o bien haciendo la vista gorda ante hechos claramente ilícitos. Todo con tal de que no se toquen sus intereses. Lo preocupante en este caso es su total falta de preocupación por la consolidación de la democracia en sus sociedades.
Si la cleptocracia de Ortega – Murillo pudo consolidarse en el poder fue gracias a la complicidad de los principales empresarios del país y de un sector importante de la iglesia católica. Sin embargo, Nicaragua no es un caso aislado. Probablemente sea con El Salvador el más claro ejemplo del infierno en que se puede convertir un régimen represivo para sus propios ciudadanos.
Artículo publicado en el diario Clarín de Argentina
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