Tarek William Saab, fiscal general de la República, ratificó este jueves que a los activistas y sindicalistas condenados a 16 años de cárcel los procesaron por presuntamente conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro y no por pedir mejoras salariales.
“Estos sujetos no fueron procesados por solicitar mejoras salariales, sino que estaban siendo juzgados por realizar actos conspirativos contra del Estado. Quien transgrede la ley y como psicópata rompe las reglas, se investiga y finalmente se le condena”, dijo Saab en rueda de prensa.
A Alcides José Bracho, Emilio Antonio Negrín, Gabriel José Blanco, Reinaldo Cortéz, Alonzo Valentín Meléndez y Néstor Astudillo los condenaron por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Grupo “subversivo y conspirativo”
Según la versión de Saab, los seis hombres pertenecían a una supuesta organización subversiva y conspirativa llamada Unidad de Resistencia Popular. Aseguró que obtuvieron “evidencia concluyente” de que planificaron acciones contra el Estado.
Entre ellas, señaló, asaltar un conscripto de alistamiento militar del estado Mérida para robar su parque de armas, que constaba de 120 fusiles FAL. Con ese material, añadió Saab, los ciudadanos “planificaban sabotear” las actividades del 5 de julio del año pasado, en las que estarían presentes Nicolás Maduro y el alto mando militar.
“Los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, La Guaira, Falcón y el Distrito Capital. Al momento de la aprehensión, realizada entre el 4 y el 9 de julio de 2022, a los seis se les incautaron evidencias de interés criminalístico que los vinculan a este grupo subversivo”, expresó.
Con “apoyo desde Colombia”
El fiscal dijo que presuntamente recibieron apoyo desde Colombia.
Saab señaló a Alcides Bracho como el jefe de la organización y afirmó que trabajaba bajo instrucciones y financiamiento de Ángelo Heredia, militar que desertó de la Guardia Nacional Bolivariana. A este trabajador, indicó el fiscal, se le incautó en su residencia un arma de fuego que tenía en su poder sin la permisología correspondiente.
“Es de aclarar que ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de algún sindicato. En el juicio se evacuaron 15 pruebas que sustentaban la acusación, que llevaron al juzgado a dictar la sentencia condenatoria contra los acusados”, manifestó el funcionario.
Aseguró que presentó este caso durante una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que sus delegados “quedaron satisfechos” con la información aportada por las autoridades venezolanas.
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