Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela), expresó que desde el primero de agosto todos los líderes sindicales quedaron expuestos a ser condenados por trabajar y defender los derechos humanos.
“er dirigente sindical no es un delito. A partir del primero de agosto todos los líderes sindicales, según la justicia injusta quedamos expuestos a ser procesados y condenados por ejercer la libertad sindical, por el solo hecho de ser trabajadores y defensores de los derechos humanos de los trabajadores”, manifestó León.
Añadió que resultan “criminalizados en pleno ejercicio de la libertad sindical a través de la errónea aplicación e interpretación de una jueza, que sin darse los elementos jurídicos, y sin existir durante el proceso medios de prueba, para tipificar un delito, previsto en la Ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, condenó la libertad sindical y el ejercicio de la libertad sindical”.
Afirmó que eso significa una confirmación de la criminalización de sus labores como sindicalistas y de que en Venezuela trabajar como dirigente sindical resulta un sinónimo de delincuencia organizada, lo cual calificó de aberración jurídica.
La opinión de la presidenta de ASI Venezuela responde a la condena a 16 años de presidio de los dirigentes sindicales Gabriel Blanco (Central ASI), Reynaldo Cortés (CTV), Emilio Negrín (Codesa) y tres luchadores sociales por los supuestos delitos de conspiración y asociación para delinquir.
León informó que la que la defensa de los dirigentes demostró que las pruebas evacuadas en la fase de juicio quedaron desestimadas.
ASI Venezuela asegura que no existen pruebas de hechos punibles
“No hay ni una prueba que haya demostrado la Fiscalía que los imputados hayan estado incursos en hecho punible alguno. La Jueza no individualizó las presuntas conductas. Al no tener pruebas no pudo demostrar ningún grado de participación de los dirigentes en hechos punibles”, señaló.
Añadió que no hubo elementos probatorios que establecieran indicio alguno de culpabilidad de los dirigentes sindicales. Informó que “los abogados apelarán la decisión una vez que se publique, pidiendo la nulidad de la sentencia».
Allí cabe la pregunta, en qué se basó la jueza para condenar injustamente a los dirigentes sindicales a 16 años de presidio”, indicó.
Considera que la sentencia dictada el primero de agosto amenaza el derecho a huelga, a ejercer la actividad sindical y a reclamar derechos, así como una vulneración del Poder Judicial, un derecho previsto en el Convenio No 87 sobre Libertad Sindical y en la Constitución.
“Estos ataques a los derechos civiles en el ejercicio de la libertad sindical son una degradación de los principios democráticos. Estamos condenados a vivir con el peor salario del mundo, sin contratos colectivos dignos, protección social y derecho a ejercer la libertad sindical”, expresó.
León hizo un llamado a la Confederación Sindical Internacional (CSI), a la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y a la Organización Internacional del Trabajo, “ante la alerta que generó en Venezuela la sentencia emitida, en virtud de que la sentencia es un golpe al Foro de Diálogo Social, es una forma de intentar levantar el diálogo social, al condenar líderes sindicales de las centrales sindicales que están buscando soluciones en el diálogo social y no en la confrontación. Finalmente, pedimos que se anule esta indigna sentencia que marca un hito negativo en los derechos humanos en Venezuela”.
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