La Fiscalía de Guatemala realizó este jueves 20 de julio un sorpresivo allanamiento en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para llevarse documentos. Otra acción polémica a un mes del balotaje presidencial.
«Fue simple y sencillamente un allanamiento y secuestro del expediente laboral de la subdirectora del Registro de Ciudadanos (padrón electoral)», Eleonora Castillo, dijo a la AFP Alexander Velásquez, secretario general del TSE.
Guatemala vive en vilo tras sucesivos fallos judiciales y acciones de la Fiscalía que han puesto en jaque al sistema democrático. Además, el balotaje del 20 de agosto entre los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo.
Velásquez afirmó que los fiscales no explicaron la razón del allanamiento, pues solamente muestran la orden y realizan la diligencia.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) indicó en un comunicado que el allanamiento en la Dirección de Recursos Humanos del TSE se ordenó para secuestrar documentación.
Además, afirmó que el juez Fredy Orellana giró una orden de aprehensión en contra de Castillo por obstrucción de justicia, en virtud de que se ha negado a cumplir con la orden del juez para suspender al partido político Semilla, de Arévalo.
Castillo, quien goza de inmunidad, según el TSE, funge como jefa interina del padrón electoral por las vacaciones de su titular, Ramiro Muñoz.
Allanamientos por parte de la Fiscalía
Hace una semana, la Fiscalía allanó las oficinas del Registro de Ciudadanos.
Diversos recursos judiciales de partidos derechistas que perdieron la primera vuelta presidencial el 25 de junio, y la polémica inhabilitación de Semilla (anulada un día después) han enturbiado la campaña al balotaje. También una orden de arresto a una aliada de Arévalo.
La suspensión de Semilla fue solicitada por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, quien señala irregularidades en la inscripción de afiliados del partido creado en 2017.
En el allanamiento participó la fiscal Cinthia Monterroso, quien en el pasado persiguió a periodistas críticos del gobierno actual y exfiscales que combatieron la impunidad.
El miércoles, tanto Orellana como Monterroso los incluyeron, por Estados Unidos, en la llamada lista Engel de centroamericanos involucrados en actos corruptos y antidemocráticos. A las personas de la lista Engel se les prohíbe ingresar a esa nación.
Anteriormente fueron incluidos en la misma lista Curruchiche y la fiscal general, Consuelo Porras.
El abuso de los recursos judiciales para obstaculizar el balotaje ha provocado preocupación de la comunidad internacional. Cientos de guatemaltecos han protestado frente a la sede la Fiscalía para exigir la renuncia de Porras y Curruchiche.
«Somos ciudadanos guatemaltecos que estamos presenciando actualmente un intento de golpe judicial», comentó el abogado Víctor Castro, quien participó en una protesta durante el allanamiento.
«Nos produce repugnancia la forma en la que están torciendo la ley», agregó el hombre de 40 años.
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