Estados Unidos actualizó este miércoles su lista de corruptos con 39 funcionarios o ex altos cargos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Entre ellos destacan dos expresidentes salvadoreños y el juez que inhabilitó el partido de un actual candidato presidencial guatemalteco.
Desde 2021 Washington elabora anualmente y presenta al Congreso la llamada Lista Engel con los nombres de personalidades del Triángulo Norte acusadas de actos corruptos y antidemocráticos, a quienes prohíbe entrar en el país.
Lista de corruptos de Centroamérica
«Son individuos que han participado con conocimiento de causa en actos que socavan los procesos o instituciones democráticos, en corrupción significativa o en obstrucción de investigaciones», informa este miércoles el Departamento de Estado en un comunicado.
Este año ha añadido 39 nombres, 21 menos que en 2022. Se trata de 10 guatemaltecos, otros tantos hondureños, 13 nicaragüenses y 6 salvadoreños.
El gobierno de Joe Biden considera que la corrupción provoca inestabilidad y favorece la migración, uno de los principales dolores de cabeza para demócratas y republicanos por las olas de migrantes que llegan a la frontera con México.
La estrategia migratoria de la Casa Blanca para Centroamérica, supervisada por la vicepresidenta Kamala Harris, da prioridad a la lucha contra la corrupción y al apoyo al Estado de derecho, recuerda el Departamento de Estado.
Por parte de Guatemala, Estados Unidos añadió este año al juez Fredy Raúl Orellana.
Juez que inhabilitó al partido Semilla
Este magistrado sacudió las elecciones hace unos días al inhabilitar a pedido de la Fiscalía al partido Semilla, del candidato socialdemócrata Bernardo Arévalo, quien finalmente participará en el balotaje de agosto.
Pero Washington no le acusa por este fallo judicial, sino por autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas.
También figura otro juez, un exmagistrado, la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso, el líder del sindicato STEG, Joviel Acevedo Ayala, acusado de aceptar sobornos, el exministro Gendri Rocael Reyes Mazariegos y el presidente del Instituto Nacional de Electrificación, Melvin Quijivix Vega.
En un comunicado, el gobierno de Guatemala condenó lo que llamó «la subjetividad» de esta lista que considera «una clara violación a los derechos fundamentales de las personas señaladas y una herramienta política en contra de operadores de justicia».
Dos expresidentes
La lista de El Salvador incluye a tres exdirectivos del Banco Hipotecario y dos expresidentes, Salvador Sánchez Cerén y Carlos Mauricio Funes Cartagena, ambos del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Destaca asimismo una persona de confianza de Funes, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como Mecafé.
Por parte de Honduras figuran exfuncionarios y dos exministros que participaron en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, juzgado en Estados Unidos por narcotráfico.
Entre los altos cargos hondureños en ejercicio se nombra al alcalde de El Progreso, Alexander López Orellana, al diputado Samuel García Salgado y al presidente del Partido Liberal y excandidato presidencial Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo.
En cuanto a Nicaragua, un país bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas antigubernamentales de 2018, Washington ha añadido a 13 altos cargos del gobierno de Daniel Ortega.
Se trata de cuatro diputados (Arling Patricia Alonso Gómez, Gladis de los Ángeles Báez, Loria Raquel Dixon Brautigam y Alejandro Mejía Ferreti), dos juezas (Rosa Argentina Solís Dávila y Ángela Dávila Navarrete) y otros funcionarios de alto perfil.
El Departamento de Estado advierte que seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para que los actores corruptos y aquellos que socavan la gobernabilidad democrática de la región rindan cuentas.
La Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como Lista Engel, fue promovida en 2019 por el exparlamentario demócrata Eliot Engel y aprobada al año siguiente.
Es una de las muchas listas elaboradas por el gobierno estadounidense por conductas ilícitas en el mundo.
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