La política de «tolerancia cero» de Donald Trump para los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos ya puso a más de 10.000 chicos bajo custodia del gobierno federal; esto pobló los refugios a disposición de las autoridades y forzó a contemplar la posibilidad de albergarlos en bases militares.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, la agencia que tiene a su cargo la custodia de los menores luego de que son separados de sus padres en la frontera o son detenidos al intentar ingresar solos, reportó que tenía albergados a 10.773 niños migrantes, según reveló The Washington Post. Casi 2000 más que a fines de abril.
El salto en la cantidad de chicos bajo custodia federal responde, en parte, a la política que comenzó a aplicar el gobierno de separarlos de sus padres cuando son detenidos por los agentes fronterizos, aun cuando llegan en busca de asilo porque huyen de la violencia que azota a los países de América Central, donde comienza su viaje.
«Los albergues se están llenando. Es una situación que se creó a través de la separación sistemática de familias. Están creando chicos no acompañados», indicó a La Nación Megan McKenna, de KIND, una organización dedicada al resguardo de menores migrantes.
«La separación familiar era la excepción, y ahora es la regla, y eso no tiene precedentes. Literalmente sacan a los chicos de los brazos de sus padres y los ponen en diferentes instalaciones y la mayoría de las veces uno no sabe lo que le sucede al otro», describió.
No es la primera vez que las autoridades se ven agobiadas al tener que albergar a niños migrantes. Cuatro años atrás, el gobierno de Barack Obama debió habilitar camas de emergencia para poder acomodar a la oleada de chicos no acompañados que llegó desde el sur del país. El gobierno llegó a hospedar a 57.000 niños entre enero de 2014 y abril de 2015. Pero a los motivos que desatan la migración se suma la política oficial de separar familias para aplicar un «fuerte disuasorio», en la visión de la Casa Blanca, para desalentar la llegada de extranjeros desde América Central.
Activistas, organizaciones civiles y de derechos humanos han advertido que la nueva política oficial de partir familias puede llegar a ser considerada tortura, y viola leyes internacionales al socavar el sistema de protección legal montado para los migrantes que piden asilo político, incluidos los niños.
Además, un reciente informe de la Unión Americana de Libertades Civiles denunció maltratos de agentes fronterizos a menores durante la presidencia de Obama. Y las autoridades a veces pierden el rastro de los migrantes luego de que son entregados a «padrinos» -familiares o amigos que se hacen cargo de su tutela-, como ocurrió hace poco con casi 1500 chicos que habían sido detenidos a fines del año anterior.
«Estos chicos no están perdidos, simplemente sus padrinos no respondieron o no pudieron ser ubicados cuando se los llamó», explicó recientemente el subsecretario de Salud, Eric Hargan.
Hargan dijo que uno de los motivos por los que los chicos no pueden ser ubicados es porque, en muchos casos, sus «padrinos» también son inmigrantes indocumentados que buscan evitar a las autoridades. De hecho, el gobierno de Trump ha comenzado a apuntar a los «padrinos», denunció McKenna. El Departamento de Seguridad Interior firmó un convenio con el Departamento de Salud para compartir la información sobre esas familias. Históricamente, esos datos han estado protegidos para preservar la seguridad de los niños y las familias.
«Va a tener un efecto escalofriante en las familias que apadrinan a los chicos porque ahora cualquiera en ese hogar puede ser un blanco de las autoridades», dijo McKenna.
La Casa Blanca ha buscado volcar la responsabilidad por el aumento en la cantidad de chicos bajo custodia federal en los demócratas, al afirmar que las leyes migratorias actuales «han creado un incentivo perverso y peligroso para el contrabando de chicos».
«Nunca fue pensado como un sistema de orfanatos con más de 10.000 niños bajo custodia a un costo inmediato para el contribuyente de más de mil millones de dólares por año», se quejó Steven Wagner, funcionario del área de niños y familias del Departamento de Salud que se encarga de albergar a los menores.
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