El deplorable veto a la candidatura presidencial de la lideresa venezolana María Corina Machado constituye una nueva demostración de la política represiva del dictador Nicolás Maduro. Para llevarlo a cabo, ha utilizado la Contraloría General de la República, convertida en una despreciable dependencia del régimen, al mismo nivel que el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Bolivariana.
Recordemos que el político chavista carga con una pesada mochila de asesinatos, torturas y encarcelamiento de opositores, delitos denunciados por la OEA, Naciones Unidas y ahora confirmados por fiscales de la Corte Penal Internacional, que califican estos hechos como crímenes de lesa humanidad.
Aturdido y temeroso ante la popularidad de la señora Machado, quien tendría más de 60% de intención de voto, Maduro ha recurrido al veto. Sin embargo, en esta ocasión han protestado los presidentes de Uruguay, Colombia, Paraguay y Chile. También 27 países de la Unión Europea, Canadá, el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Secretaría General de la OEA, el secretario de Estado norteamericano y el parlamento alemán.
El Perú, sin embargo, mantiene un absoluto silencio. La presidenta y su canciller no dicen una palabra sobre ese zarpazo antidemocrático. Pero tampoco lo hacen frente a la creciente represión en Cuba o a los actos de barbarie del sátrapa nicaragüense Daniel Ortega, quien saquea iglesias, confisca monasterios, clausura medios de prensa, encarcela sacerdotes y no responde por 370 asesinatos. Igualmente, hay mutismo ante las tropelías del régimen boliviano de Luis Arce, quien en complicidad con Evo Morales mantiene ilegalmente en prisión a la exmandataria Jeanine Añez y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
En un Estado constitucional de derecho, la diplomacia debe defender los intereses permanentes, así como los principios y valores democráticos, especialmente en temas vinculados a la libertad y los derechos humanos. Callar es señal de debilidad, temor o indiferencia, una laxitud que sirve para que un gobierno sanguinario y corrupto como el venezolano avance en la destrucción de su patria e incremente la pasmosa cifra de 7,1 millones de personas que han emigrado del infierno.
Torre Tagle debe pasar de la pasividad diplomática al activismo, a fijar posiciones en el contexto internacional, siguiendo el ejemplo de varios mandatarios del hemisferio. A diferencia de la complicidad demostrada por Pedro Castillo con el Foro de Sao Paulo y los miembros del socialismo del siglo XXI, que lo defienden sectariamente, la señora Dina Boluarte debe levantar su voz de protesta ante el atropello chavista contra una demócrata admirable como María Corina Machado.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú
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