La explotación de rodio en estado Bolívar es obvia y evidente. Cientos de camiones cargados de escombros, tierra, arenilla, piedras y hasta barro se desplazan al otro lado de la frontera con Colombia o trasvasan la carga a chalanas que se remontan Meta arriba. Otros, descargan en barcos en Matanza que zarpan rumbo al Atlántico. Rodio crudo, no refinado. Combinado con cobre, platino, níquel, paladio o tierras raras en proporciones variadas. Sin condiciones para que no sea registrado en la contabilidad del Ministerio de Finanzas ni en los ingresos del Seniat, tampoco se les ha guardado espacio en las bóvedas del BCV.
Materia prima en movimiento. El rodio no presenta guías en las alcabalas como los transportistas de hortalizas, pollos y reses, pero es una actividad rigurosamente controlada, gramo por gramo. Opera una combinación de formas legales, semilegales y otras, totalmente fuera de cualquier control estatal. Siendo un subproducto de poco volumen, tiene un altísimo valor en el mercado. Puede costar diez veces más que el oro.
Sus usos son muy limitados, y en muy pequeñas cantidades, pero es muy escaso y su manejo presenta muchas dificultades. Es inflamable, explota si el polvo se mezcla con agua, es altamente tóxico y carcinógeno. Su extracción, como cualquier otra minería, causa graves daños al ambiente, sobre todo al agua y al suelo, además de destruir los bosques y la biodiversidad.
Se usa en joyería en los proceso de acabado, en la electricidad en contactos, en la fabricación de vidrio y de espejos, como cobertura anticorrosiva en vuelos espaciales, para producir ácido nítrico, colorear cerámica, como aditivo de la fibra de vidrio, como resistencia en hornos eléctricos, pero sobre todo en el catalizador de los vehículos con motor de explosión interna, sean de gasolina o gasoil. El convertidor catalítico que posee platino, rodio o paladio es hasta ahora la única solución viable para el control de los óxidos nitrosos (NOx) que emiten los motores de explosión interna.
Excelente conductor eléctrico, se utiliza en los contactos de las baterías de litio de los automóviles eléctricos y en la industria espacial y la misilística hipersónica, también en la industria farmacéutica como un poderoso catalizador y hasta en la manufactura de mentolados.
Luis Benítez suelda un nuevo convertidor catalítico en una Chevrolet Silverado en Johnny Franklin’s Muffler el 11 de julio de 2022 en San Rafael, California. Foto: Justin Sullivan/ Getty Images/ AFP
- El rodio es un metal estratégico, no un secreto de Estado
- Maduro aseguró que hay más de 10.000 mineros ilegales en Amazonas
- Minería ecológica, fantasmas, testaferros y los hermanos Morón
- Denuncian reclutamiento de indígenas venezolanos para la minería ilegal y el narcotráfico
El rodio quedó fuera del plan minero vigente
En el Plan Minero 2019-2025, uno de los 15 motores del régimen para la generación de divisas, prioriza oro, diamantes, hierro, carbón, níquel, coltán (columbita-tantalita), fosfato, feldespato, bauxita, mármol, granito y caliza. No menciona al rodio, puesto que para la fecha de su elaboración todavía su descubrimiento se mantenía en secreto.
Sustentado en que Estados Unidos había declarado a Venezuela una “amenaza para sus intereses nacionales y sancionó a varios funcionarios por actos de corrupción y violación de los derechos humanos”, Maduro le pidió a la Asamblea Nacional en marzo de 2015 que lo envistiera de una ley habilitante para “moverse mejor en el complejo escenario que se ha abierto para Venezuela”.
Nada distinto a las cíclicas bajas de los precios del petróleo, pero ahora en circunstancias empeoradas por la destrucción de Pdvsa y de las otras industrias básicas, y una fuerte dependencia en el petróleo de la Faja del Orinoco mejorado por las transnacionales. Pero sobre todo una fuerte tentación, también extractiva: los altos precios del oro.
Mucho antes, en 2011, Hugo Chávez había manifestado planes de explotación intensiva de las riquezas minerales de la zona sur del Orinoco. Con ese objetivo, nacionalizó la industria aurífera del país, a través del decreto ley 8.413 y declaró “zonas de seguridad” las áreas sujetas al desarrollo de la actividad de exploración y explotación del oro y se le asignó su control a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Fue como una primera “bulla”, mineros artesanales y aventureros hicieron una primera gran aproximación a las minas que habían sido nacionalizadas. Invadieron las infraestructuras de las empresas, saquearon herramientas y maquinarias, y sacaron material aurífero a discreción, pero los militares y sus asociados lograron poner un poco de “orden”.
En 2016, Nicolás Maduro, mediante el Decreto 248, estableció la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, un área de 111.843,70 kilómetros cuadrados. La expectativa era extraer y comercializar oro, diamantes, hierro, bauxita, coltán, cobre, caolín, dolomita y otros minerales.
El decreto fue cuestionado por académicos y ambientalistas. La ONG Provea, la Universidad de los Andes y el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas lo tacharon de “proyecto extractivista de megaminería a gran escala, en una zona de alta fragilidad ecológica, que viola las leyes nacionales y los principios internacionales del derecho ambiental”.
Alertaban que la explotación de minas de cielo abierto es el sistema con el peor impacto ambiental y que muchos países lo han prohibido. Además, no se realizaron los estudios ambientales y sociocultural, ni las consultas que ordena la Constitución los pobladores originarios de la zona
La primera consecuencia del decreto fue una situación de violencia con sangre en la que se involucran no solo las fuerzas de seguridad y policiales del Estado (FANB, Dgcim, Sebin, PNB, Cicpc), sino los llamados sindicatos de los pranes, comandos de la guerrilla del ELN colombiano, disidencias de las FARC y hasta el grupo Wagner de mercenarios rusos. Son fundamentales para garantizar la marcha de las actividades mineras.
Las siete líneas de trabajo del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico
Indígenas, otra vez los grandes perdedores
La Constitución de 1999, garantiza a los indígenas el derecho a la demarcación de su territorio y la propiedad colectiva de sus tierras, pero no lo deja en manos de ellos, que por ser los pisatarios originarios y por su estrecha relación con el entorno físico y natural, son los principales conocedores de su historia, su cultura y sus prioridades de desarrollo. No, será asunto del Estado.
Asimismo, la Constitución establece que se consultará e informará a los indígenas todo lo referente al aprovechamiento de los recursos del territorio que habita, pero nunca se ha respetado ese precepto. Tampoco su derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo que afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual.
Desde que comenzó el mandato de Hugo Chávez en 1999 hasta hoy, pese a la propaganda oficial y las promesas, se han impuesto en los hábitats indígenas formas de desarrollo ajenas a las etnias aborígenes y en contra de su voluntad.
Prefería el agua al oro, pero resultó lo contrario
Durante la campaña electoral de 1998, el candidato Chávez respaldó a las organizaciones ambientalistas y a las comunidades indígenas que se oponían al tendido eléctrico en la Gran Sabana; sin embargo, el 17 de marzo de 2000, siendo presidente se presentó con toda la parafernalia del poder al municipio Sifontes para que los pueblos indígenas consignaran un documento aceptando el tendido eléctrico.
Se retiró con las manos vacías. Y como siempre ocurre cuando no se complace al presidente, se nombró una comisión. Esta vez a cargo del vicepresidente Isaías Rodríguez. Luego de varias semanas de negociaciones con dirigentes indígenas presentó los “puntos de entendimiento” para proseguir el tendido eléctrico. Al mes siguiente se reunieron los capitanes y miembros de las comunidades indígenas y por mayoría apoyan los puntos de entendimiento. No hay unanimidad ni consenso. Tres comunidades asentaron su inconformidad. Mantienen su rechazo rotundo al tendido eléctrico.
En el “entendimiento” abundan los compromisos del Ejecutivo. Desde iniciar el proceso de demarcación y titulación de los hábitat indígenas en concordancia con la Constitución –que hubo un amago de hacerlo y no se hizo– hasta la recurrente declaración que Isaías Rodríguez sabía que no se cumpliría: “Se procederá al saneamiento de los hábitat de los pueblos indígenas afectados por las explotaciones mineras, forestales, turísticas y los que hayan sido objeto de invasión por particulares, en el entendido que el Ejecutivo Nacional garantizará que no se desarrollarán proyectos industriales públicos o privados en dichos hábitat indígenas”.
Como si la promesa fuese pequeña, también se comprometió a apoyar económicamente en la conformación de un Fondo Permanente de Desarrollo Integral Sustentable de los Pueblos Indígenas para financiar proyectos socioeconómicos y de fortalecimiento de las capacidades organizativas de las comunidades afectadas por el proyecto eléctrico.
Ninguno de los puntos reivindicativos que estampaban allí eran una novedad. Todos ya eran letra muerta en la Constitución. En mayo, viajaron a Caracas sesenta representantes del pueblo Pemón de las comunidades de Vista Alegre, Warpata, Kumarakapay, San Juan de Kamoirán, San Rafael de Kamoirán y Santa Cruz de Mapaurí, se dirigieron al Instituto Nacional de Parques, a la Defensoría del Pueblo y a la Cancillería General de la República a reafirmar su posición de rechazo al tendido eléctrico. En cada uno enunciaron las razones:
- Impide la vida cotidiana del pueblo pemón que se desenvuelve a todo lo largo de la Gran Sabana.
- Limita nuestro libre desplazamiento y la visibilidad de los hermosos paisajes de nuestro territorio.
- Viola lugares sagrados tradicionalmente respetados y custodiados por nuestro pueblo.
- Viola nuestros derechos como pueblos originarios que habitamos ancestralmente este territorio mucho antes de llamarse Venezuela.
- Para nadie es un secreto que una corriente de alta tensión por encima de nuestras comunidades tendrá un efecto negativo en la salud y bienestar de la familia pemón. Este sistema de transmisión eléctrica afecta del paisaje no solo por la presencia de grandes torres que no son parte de la naturaleza. La deforestación, erosión y sedimentación de los ríos implican la pérdida del hábitat de animales y plantas y de los bosques de la Gran Sabana.
- Un cableado de alta tensión por encima de los bosques, será una amenaza para el crecimiento de los árboles, para el libre vuelo de las aves y el paso de mamíferos.
El pueblo pemón insistió ante el Tribunal Supremo de Justicia con un recurso de amparo constitucional, alegando que el tendido eléctrico respondía a un concepto de desarrollo ajeno a su cultura. Fue descartado.
Perseverante, el pueblo pemón le envía una carta al presidente en la que le dicen no al tendido eléctrico: “No nos han convencido ni nos convencerán”. Mientras, en cadena nacional, Chávez, decía: “El gobierno debe garantizar la culminación del tendido eléctrico entre Venezuela y Brasil a pesar de las posiciones de algunos indígenas radicales, anárquicos, que no son la mayoría y que pueden estar siendo instigados por personas extrañas. A estas alturas, el gobierno no puede permitir que se tumbe otra torre y quienes lo hagan ‘tendrán que enfrentar la ley porque este país tiene gobierno y se respeta’”.
Constitución en mano, los indígenas les recordaron a los distintos emisarios que el artículo 129 ordena que las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañados de estudios de impacto ambiental y sociocultural. No los hubo para el tendido eléctrico ni lo hubo para legalizar la actividad minera en la Reserva Forestal Imataca ni para entregar concesiones carboníferas en los territorios de los pueblos yukpa y barí.
El discurso ambiental del Estado venezolano es un oxímoron. Las acciones desmienten lo que dice de boca, lo que estampan en el papel y lo que se transmite en los medios y plataformas de comunicación.
El V objetivo del plan de la patria es salvar la vida del planeta, pero ni siquiera se han propuesto salvar las selvas de Guayana del extractivismo de los mineros artesanales, de la codicia infame de molineros, de los dueños de plantas de cianuración, de las mafias militares, sindicatos de delincuentes y demás integrantes de las alianzas estratégicas con entes del Estado.
El negocio extractivo borró el activismo ecológico, liquidó los congresos de diversidad biológica y de ambientalistas. En Venezuela ya no se celebra ni el Día del Árbol. El ecosocialismo es una patraña. Se evidencia cuando se convierte en urbanismos o solares industriales los parques invadidos. El ecosocialismo es el ecocidio más grande de América del Sur.
Unos peatones caminan junto a grafitis que dicen «Todos somos pemones (etnia indígena que se opone al presidente Nicolás Maduro)» y «Maduro fuera» durante un corte de energía en Caracas el 26 de marzo de 2019. Foto: Yuri CORTEZ / AFP
¿Minas ecológicas y sostenibles?
En agosto de 1997, el país rechazó el decreto 1.850 que facilitaba la explotación industrial de los yacimientos de oro de la Reserva Forestal de Imataca y estaba vinculado al convenio suscrito con Brasil para suministrar energía eléctrica a la ciudad de Boa Vista. El tendido eléctrico incluía una estación en La Claritas, en la porción sur de la sierra de Imataca. El propósito era suministrar energía eléctrica para incrementar la explotación industrial de los yacimientos auríferos e impulsar la actividad maderera. Precisamente, la fuente de agua de la represa del Guri que generaba la electricidad que se pretendía exportar.
Chávez se encontraba en campaña electoral y para potenciar en votos la confianza que le tenían académicos, investigadores, grupos ambientalistas y comunidades indígenas como defensor del ambiente y de los derechos territoriales indígenas, prometió derogar el decreto presidencial 1.850, si alcanzaba la Presidencia. Le bastó una frase: “La explotación de los recursos naturales no puede atentar contra la vida futura. Si para sacar el oro hay que acabar con el bosque, entonces me quedo con el bosque”.
Días antes de las elecciones de 1998, reiteró el mensaje ante más de 600 ecologistas, académicos, investigadores y activistas en el Caracas Hilton: “Entre el oro de Guayana y un vaso de agua, prefiero el agua”. Lo repitió en el año 2000 en boca de la ministra del Ambiente: “La biodiversidad y las fuentes de agua son más importantes que el oro y los diamantes”.
No obstante, ese mismo Chávez aprobó en septiembre de 2004 el decreto 3.110, que ampliaba las concesiones que otorgaba el decreto 1.850, que nunca derogó. La nueva normativa “que no atenta contra la vida futura” destina 451.000 hectáreas de su superficie a la actividad mixta minera y forestal, y 2,25 millones de hectáreas adicionales a la explotación maderera. Por supuesto, omitió las salvaguardas para que las actividades sean menos destructivas.
En cuanto a los derechos indígenas, el decreto 3.110 es particularmente vergonzoso. Omite la delimitación de los territorios indígenas y pretende atender los derechos territoriales de las etnias warao, arawako, kariña, akawaio y pemón designando áreas para la explotación de oro y maderas “por comunidades indígenas”.
Atención, aquí viene la burla: “Los pueblos indígenas podrán subcontratar la explotación minera y maderera con terceros”. Dos tercios de la superficie dedicada a la minería en Imataca corresponde a las zonas de manejo por comunidades indígenas. Se deja abierta la posibilidad de que los pobladores indígenas puedan arrendar sus tierras, a pesar de que el artículo 119 de la Constitución establece el carácter inalienable e intransferible de dichos territorios. Y en un pueblo sometido a la penuria, el intercambio de oro por espejitos siempre se impone.
El preámbulo del Arco Minero
Las empresas internacionales de minería, que además de la maquinaria y el capital tienen el conocimiento y técnica para extraer los metales con menor impacto ambiental, deben contratar a su personal apegados a las leyes, no acudieron a la convocatoria. Aunque una vez, el pronosticador Giordani dijo que Venezuela se iba a quitar de encima los inversionistas a sombrerazos. Por supuesto, que hay oro y mucho, pero mucho más inseguridad jurídica y personal.
El ejemplo bandera lo representa la empresa canadiense Crystallex, que obtuvo los derechos para explotar los yacimiento de oro de la mina Las Cristinas en la Reserva Forestal de Imataca mediante un contrato celebrado en 2002 con la CVG.
Después de fuertes inversiones y de búsqueda de los miles de permisos para comenzar las operaciones, la empresa recibió una carta del Ministerio del Medio Ambiente que le garantizaba entregarle el permiso medioambiental una vez que depositara una fianza. Inocente, Crystallex depositó la fianza, pero en abril de 2008 el Ministerio del Medio Ambiente denegó la autorización “por preocupaciones sobre el impacto del proyecto en el medio ambiente y los pueblos indígenas”. Nunca antes las había manifestado.
En 2011 fue rescindido el contrato firmado con la CVG y Crystallex acudió al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que falló a favor de Crystallex y le ordenó a Venezuela pagar la suma de 1.386 millones de dólares por daños y perjuicios debido al trato injusto e inequitativo y la expropiación ilegal del proyecto minero Las Cristinas en 2008.
Ese año el precio del oro se había septuplicado y superaba los 2.000 dólares por onza. Sin necesidad de estudio ambiental y sin presentar proyecto de explotación alguno, el gobierno entregó la concesión de Crystallex a dos empresas rusas.
Muy pronto las empresas rusas demandaron a Venezuela por cambiar las condiciones del contrato, que otorgaba libertad de exportación, con el único límite de vender 15% de la producción anual en el mercado interno privado.
En 2009, una resolución del BCV alteró el régimen jurídico. Desde entonces, cada productor de oro debe vender 60% de su producción trimestral al Banco Central de Venezuela, y no puede exportar más de 30% de su producción.
Ese mismo año, impusieron restricciones adicionales a las entidades mineras de oro extranjeras y relajaron las restricciones a las nacionales. Lo peor, el BCV pagaba el oro en moneda local y a la tasa de cambio oficial, consistentemente más baja que la tasa de mercado. El BCV debía aprobar las exportaciones, pero no las aprobaba en tiempos comerciales.
Al año siguiente, dio un paso más. Prohibió el uso del cambio de moneda secundario, el mercado de Swap, y puso todas las transacciones de divisas bajo la jurisdicción del BCV. Poco tiempo después, Venezuela anunció que Rusoro estaría obligada a vender 50% de su producción de oro y 50% de sus ingresos en moneda extranjera al Banco Central.
El 11 de agosto de 2011 Chávez declaró la “nacionalización inmediata” del sector minero aurífero venezolano y asumió todos los derechos y propiedades de las empresas de oro, incluida Rusoro, que también acudió al Ciadi. Como era de esperar y el Estado venezolano fue condenado a pagar 966,5 millones de dólares de compensación.
Sin recibir nada a cambio, Venezuela perdió más de 2.200 millones de dólares y quedó paralizada la producción legal de oro. Los ilegales y los aventureros privatizaron el oro y más de 90% salía de contrabando.
Desde entonces, ninguna empresa informada sobre lo que ocurría en la vida real de Venezuela podía estar dispuesta a aventurarse en la extracción de oro. Las medidas regulatorias en la comercialización del metal, no las protectoras del medioambiente, habían causado un efecto paralizador entre los inversionistas y de estampida entre los mineros artesanales y los intermediarios.
Imagen distribuida por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a Hugo Chávez con lingotes de oro durante un programa de televisión, el 23 de agosto de 2011. Foto: Prensa Presidencial/ AFP
Sin agua y sin oro
En Imataca se encuentran los yacimientos probados de oro más grandes de América Latina: 11 millones de onzas, en Las Cristinas, y otros 10 millones en Las Brisas, en adicionales. Las Cristinas incluye yacimientos de cobre estimados en 900.000 toneladas, importantes depósitos de diamantes, granito y otros minerales metálicos y no metálicos. El valor de la madera potencialmente explotable en las zonas delimitadas para tal fin supera los 12.000 millones de dólares, en forma de rolas sin procesar, y asumiendo que solo 70% de dicha superficie sea efectivamente explotado en los próximos 30 años.
El ecosocialismo se ha fundamentado en tres palabras que paradójicamente son las menos ecológicas y menos sustentables: petróleo, minería y carbón. Presentan como el gran objetivo transformar a Venezuela en una megapotencia energética. No se han enterado del cambio climático ni de la escasez mundial de agua. Destruida la industria petrolera sin haberla podido transformar en una empresa energética sustentable, ni haber podido convertir el petróleo en sabrosas proteínas comestibles, al modo de la ruta de la empanada, la decisión fue echar mano a las riquezas minerales de Guayana. “Tenemos las reservas de oro más grandes del mundo”, proclamó con su peculiar petulancia.
En ese sentido, el inventario es escalofriante, por la contraparte: las mayores reservas mundiales de petróleo, y no hay gasolina; las reservas más grandes de gas natural, y hay que importarlo o cocinar con leña; extraordinarias reservas de hierro y una moderna planta siderúrgica que de vaina produce cabillas; inmensas reservas de bauxita, y la planta de aluminio está apagada o casi. La mayor refinería de América del Sur lleva años paralizada. Hasta la única industria precolombina que se mantenía activa hasta principios del siglo XXI, las salinas, también están arruinadas.
El hombre que nos dará sed
El Orinoco es la gran fuente de agua que le queda a Venezuela. Está acorralado entre la faja petrolífera y el Arco Minero. Ambos «emprendimientos» generan impactos ambientales. Ninguna extracción es amigable, y todas producen daños irreversibles de variadas magnitudes. Sea por petróleo, mercurio o cianuro, el agua contaminada es una pérdida criminal. No es compatible con la vida.
En un plan desarrollista-agropecuario, los venezolanos secaron la cuenca hidrográfica del lago de Maracaibo. No solo contaminaron sus aguas con la explotación petrolera, sino que desforestaron todo el sur del lago, rico en maderas, y las faldas occidentales de los Andes, y muchos ríos desaparecieron.
En el centro del país, también con ánimos pecuarios y de codicia se acabó con la reserva forestal en los llanos altos occidentales. Ahora le toca a la hoya hidrográfica del Orinoco.
La minería a cielo abierto de oro requiere de 450 a 1.060 litros de agua por gramo obtenido; en el caso del petróleo extrapesado, se requiere entre 3 y 4 barriles de agua por cada barril de crudo extraído. Mientras allá abajo se contamina y se desperdicia el agua, en la zona norte del país donde vive más de dos tercios de la población el racionamiento es más severo y perverso. No solo por la falta de mantenimiento del sistema de acueductos y la pésima operación de la plantas de tratamiento, sino porque cada vez hay menos fuentes de agua, menos lluvias, más tala y más quema.
La depredación ambiental de Imataca, del parque nacional Canaima, del Aguaro-Guariquito, del Caura tienen impacto en el resto del país. Su destrucción es un grave obstáculo para la subsistencia. Aguas contaminadas de mercurio, de metano, de cianuro y de todos los elementos tóxicos que se utilizan en la minería.
Sin solución de continuidad se sacrifica la cuenca del Caroní, que equivale a quedarse a oscuras y muerto de sed. Un gran reservorio de diversidad donde están las represas del Guri, Macagua I, Macagua II y Macagua III. 70% de la electricidad verde que consume el país, y además, no contaminante. Si se fomenta la minería, se destruyen las cuencas, el agua, el gran elemento estratégico que asegura la existencia.
Fotografía divulgada por la presidencia de Venezuela que muestra una vista aérea de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, también conocida como Represa Guri, tomada durante una visita de inspección el 16 de marzo de 2019. Foto: Presidencia de Venezuela / AFP
Mineros sin minas y mucho oro
Si alguien tiene el dinero y poder puede escoger el lugar que considere más prospectivo en oro o cualquier otro metal. Hecha la delimitación, deforesta y con bombas hidráulicas trae agua del río. Con mangueras que la disparan a fuerte presión va abriendo zanjas y sacando material. En la chupadora muelen y separan el oro con mercurio. El sobrante se lo entregan a los molineros para un segundo repaso y la arenilla final a las plantas de cianuración. A cambio, reciben 10% del oro reducido. Nada más. Los subproductos son del cianurador.
Las plantas de cianuración son operadas por «las alianzas estratégicas», un monopolio del Estado con empresas amigas. La retorcida estrategia le garantiza el control absoluto del negocio del oro. Prohibido el mercurio, todo el material aurífero obtenido por los pequeños mineros debe entregarse en los centros de acopio de las plantas de cianuración. Todo. Los molineros, que antes lo separaban con mercurio, solo pueden triturar las rocas.
El discurso oficial presenta el cianuro como la alternativa al mercurio, pero no por razones ecológicas sino de negocios. El cianuro es tan peligroso y contaminante como el mercurio, pero ha establecido un modelo de negocio sencillo y rápido. No necesitas minas ni inversiones en exploración y explotación, con todos los peligros que envuelve. Todo que se extraiga llegará, y se entregará a la planta de cianuración, que devolverá al minero un porcentaje del oro reducido. El material sobrante es suyo.
Impactante esta investigación que revela nuevos alcances de la destrucción al sur de nuestro país/ El rol de las plantas de cianuración en el negocio del oro del Arco Minero del Orinoco – SOS Orinoco https://t.co/SN20Zh57n3
— Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) May 5, 2022
No habría que decirlo, pero insistimos en que ninguna de las plantas de cianuración cumplió los estudios de impacto ambiental que exige la ley para la actividad. No solo se trata de una operación de alta toxicidad por el cianuro, sino de todos los otros elementos químicos y sustancias reactivas, ácidas y alcalinas, que causan severos daños al ambiente y a la salud. Además, es una industria que requiere deforestar, demanda energía y agua, además de vías de comunicación y otros servicios esenciales para su adecuado funcionamiento.
La intención y el negocio con las plantas de cianuración, a mediano y largo plazo, es aprovechar el material residual acumulado durante décadas y del que aprovechaba entre 30% y 75% del oro. La realidad es que hay mucha arena con 4 gramos de oro por tonelada, sin gastos de exploración y explotación. Un gran negocio.
Se calcula que las nuevas plantas procesan 4.020 toneladas diarias, tanto como 3,6 toneladas de oro al año, 10,7% de la producción nacional.
Delcy Rodríguez visitó el 29 de julio de 2019 el Complejo Industrial Minero Domingo Sifontes , ubicado en el sector Nacupay del municipio El Callao. Foto: Minci
Tan ecológico como el desarrollo extractivista
Si bien el cianuro es menos persistente en el ambiente, requiere un cuidadoso manejo para evitar accidentes catastróficos a través de medidas dirigidas a la protección de las personas que lo manejan y para que no se disperse en el ambiente. La toxicidad del cianuro es tan aguda que puede causar muertes casi instantáneas. Una dosis de 50 mg de cianuro inhalados o absorbido por la piel es mortal para una persona adulta.
En el entusiasta y festivo fomento del uso de cianuro no se han incluido controles y procedimientos, ni una simple guía de buenas prácticas para evitar accidentes con resultados imprevisibles en las personas y en el entorno. La contaminación del agua con cianuro, por ejemplo, tiene consecuencias a 2.000 kilómetros de distancia. Todo se confía a la suerte.
Las plantas de cianuración tienen factor limitante. Necesitan energía eléctrica constante y en grandes cantidades. Trabajan 24 horas continuas con la rotación de 3 grupos de trabajo y estar cerca de la red de suministro eléctrico. Otra limitante la necesidad de vías de comunicación: buenas carreteras para el tráfico pesado constante, más deforestación. Pero todo lo que hacen va en contra de la naturaleza, de las fuentes de agua y de la electricidad. Es una inversión de corto plazo, hay que sacar los minerales antes de que Guri no tenga agua para producir electricidad.
Tráfico de metales preciosos semiprocesados
No fue una buena noticia para los reductores de rodio en Venezuela que se conociera su descubrimiento y «en cantidades importantes». Su precio es muy volátil y cualquier rumor lo pone a guardar cama. Y ocurrió, bajaron los precios. Si bien su demanda en creciente, no se requiere grandes volúmenes. Un sistema catalítico de un automóvil no tiene más de 5 gramos en total de rodio, platino y paladio. Igual los misiles o el abrillantamiento de las pulseras de la primera dama.
Sin embargo, ahora hay una tendencia en las grandes fortunas: asegurar el capital en rodio. La hace el Estado ruso desde la invasión de Ucrania y se conoce de empresas que lo procesan con esos fines. Es una manera de protegerse de la inflación y los dudosos manejos con las criptomonedas.
Las empresas más activas la venta de rodio con fines de inversión son African Rainbow Minerals, American Elements, Anglo American, Atlatsa Resources, Glencore, Impala Platinum, J and J Materials, Johnson Matthey, North American Palladium, Parekh Industries, Russian Platinum, Sibanye-Stillwater, pero hay otras que se mueven en las redes oscuras y en cantidades más pequeñas, pero no por ello despreciables en valor.
Cuando no se tienen las técnicas, el personal capacitado ni la maquinaria, la salida es vender la materia prima. La arenilla reprocesada del material sobrante, que podría considerarse material crudo, no se vendería por la mínima cantidad de oro, sino por los «subproductos» contenidos en el relave: casiterita, tierras raras, rodio. Van en buques y chalanas hacia el Atlántico y en camiones hacia Colombia, Brasil y Guyana.
Tranca #27Sep en El Palmar (Bolívar) de 30+ gandolas con material aurífero crudo (1680 toneladas aprox) yendo a plantas de cianuración. Todo eso solo producirá aprox. 35kg de #orodesangre como mucho, para bolsillos de jerarcas del régimen @NicolasMaduro @DRodriguez_en #ArcoMinero pic.twitter.com/b93fttBg4G
— SOS Orinoco (@SOSOrinoco) September 30, 2020
¿Desfalco o saqueo?
Jorge Giordani, que más nunca publicó sus galimatías económicas ni volvió a llorar en un consejo de ministros transmitido por televisión, calculaba que en 10 años de control de cambio desparecieron (se robaron) 300.000 millones de dólares. Los escándalos que recurrentemente rompen de la opacidad indican que los desfalcos de los dineros públicos son consustanciales con la revolución bolivariana, sin importar quién la encabeza. El «honrado» Tareck el Aissami, que defendió su buen hacer con un aviso a página completa en The New York Times, sabe que las cantidades en juego en esta apropiación de bienes públicos son tan voluminosas en ceros que dan error hasta en una calculadora de quinta generación cuando todavía faltan dígitos por ingresar.
Al lado de toda esa renta desfalcada está la apropiación y destrucción de los recursos de la naturaleza, que es irreversible e irrecuperable. Minerales, bosques, ecosistemas, biodiversidad, fuentes de agua han sido tranzados como mercancía en remate. Desde desvíos de ríos para satisfacer intereses particulares de algún mayor general y hasta convertir las selvas de Guayana en un lodazal contaminado de mosquitos transmisores de paludismo, como si la vida estuviera en otra parte.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional