Cuatro congresistas de Estados Unidos —Darren Soto (D), Debbie Wasserman (D), María Elvira Salazar (R) y Frederica Wilson (D)— han propuesto retomar un proyecto de ley que proporcionaría residencia permanente a los migrantes venezolanos.
Se le conoce como Ley de Ajuste Venezolano, que buscaría dar permisos de residencia a emigrantes que hayan entrado a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2021 y que hayan permanecido al menos un año consecutivo.
La pregunta que más se hacen hoy los venezolanos es: ¿este proyecto de ley tiene posibilidades de ser aprobado por el Congreso y el Senado?
Sería maravilloso, porque una gran comunidad se beneficiaría, pero los venezolanos deben tener clara la dificultad para que prospere en un futuro cercano. ¿Por qué?
La migración se ha convertido en un punto de división y bandera política de cada uno de los lados del Congreso y el Senado. ¿Qué pasa si tenemos un Congreso totalmente dividido? El Partido Republicano tiene una mayoría simple, y tradicionalmente no está a favor de este tipo de beneficios migratorios. Además, tenemos un Senado igualmente dividido. Entonces, para que salga adelante la ley, tendrá que haber consenso. Y ahora mismo no lo hay.
No hay que olvidar la experiencia al respecto. Ya existe una Ley de Ajuste Cubano desde hace mucho tiempo, pero cada vez con más reticencias y rechazos. Incluso, una administración demócrata eliminó el proceso llamada “pies secos, pies mojados”, que daba parole y futura residencia a los cubanos que lograban tocar tierra.
Entonces, desafortunadamente, no creo que los venezolanos puedan contar, en el corto o mediano plazo, con un beneficio de esa naturaleza. Ahora mismo, lo más parecido es el Estatus de Protección Temporal (TPS), que rehabilita el estatus jurídico y se convierte en el eslabón que falta para obtener la residencia a través de varios caminos.
Entre ellos, la visa de interés nacional, las habilidades extraordinarias, la certificación laboral o los matrimonios con residentes. El TPS es una suerte de alivio migratorio para aquellos que habían perdido su estatus jurídico. Y estará vigente hasta el 10 de marzo de 2024. Lo más probable es que tengamos una extensión adicional.
Mi consejo es que los venezolanos utilicen el TPS como mecanismo para llegar a la residencia legal permanente. Es lo único seguro en este momento.
* Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami. Su firma de abogados Benme Legal se dedica a la práctica exclusiva de la Ley de Inmigración en el trámite de visas para inversionistas, profesionales, deportistas, artistas, entre otros; así como a procesos de naturalización y defensivos ante los Tribunales de Inmigración de Estados Unidos, entre los que destaca el Asilo Defensivo y la Cancelación de la Remoción.
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